Para cualquier actividad que realiza el ser humano deben existir Leyes, normas y reglamentos que otorguen un marco legal confiable e institucional que involucre a todos aquellos involucrados en la actividad sugerida.

Desde tiempos inmemoriales el hombre basa su actuación en la aplicación de Leyes y reglamentos que faciliten la vida en sociedad y que marquen reglas legales aceptadas por todos los habitantes e impuestas por los Gobiernos en turno a partir del consenso de la mayoría de la población.

La educación por ser una actividad preferentemente social, no puede escapar a la observancia de la Ley y por ello en todos los países se han establecido marcos legales que regulan las actividades y las relaciones que ocurren en este entorno.

Para el caso específico de México, existe un marco legal establecido desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero, pero con Reglamentos, Acuerdos y Decretos que permiten operar de manera eficiente el Sistema Educativo Nacional.

Desde Preescolar hasta el nivel superior, pasando por la primaria, secundaria y Bachillerato, existe toda una reglamentación que permite normar la actuación de todos quienes se involucran en el proceso enseñanza-aprendizaje. De este modo se regula la participación de los profesores, alumnos, autoridades, directivos y padres de familia en este importante proceso. De igual modo se puede regular la forma en cómo se financia la educación pública y como los particulares pueden otorgar el servicio educativo en todos sus niveles.

Asimismo se encuentra normada la forma en cómo se expiden títulos y como se otorgan los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios para aquellas instituciones que otorguen estudios de nivel superior, todo ello con el propósito de validar de manera oficial todo el proceso educativo en beneficio y con certeza jurídica para toda la población.

Los datos muestran que a nivel federal en México existe una grave desproporción en la inver-sión social y económica para el desarrollo de capacidades de investigación y de capacidadesde emprendimiento. El costo de esta desproporción es pagado por las regiones más rezagadasen su desarrollo económico y, a pesar de las tendencias observadas hacia la reducción de laconcentración, esta situación dista mucho de ser satisfactoria.Es importante reconocer que, aun cuando no tiene sentido hablar de que todas las institucionesdeben alcanzar niveles de excelencia en capacidades de investigación, tampoco puede aceptarseque sólo un porcentaje tan peque˜no esté en proceso de desarrollarlas; social y económicamentees insostenible que el nivel de desarrollo institucional se concentre en un número tan reducido deinstituciones.Para el caso de las capacidades emprendedoras, el mismo argumento puede plantearse y, si cabe,con más fuerza, dada la diversidad de trayectorias y capacidades distintas que las institucionespueden emplear para transferir conocimiento valioso a las comunidades que las sostienen; noes posible considerar que sea aceptable el hecho de que sólo unas cuantas de ellas realmentedesarrollen capacidades para hacerlo. Se puede entender que algunas universidades desarrollentecnologías y patentes para licenciarlas a los agentes económicos, pero en el entendido que todasdeben encontrar y definir formas y procesos adecuados para generar y transferir conocimiento devalor social y económico a las comunidades que las sostienen.El problema no es sólo de concentración excesiva a nivel federal, toda vez que cada institucióntiene el compromiso de contribuir activamente al desarrollo científico, social y económico de laregión en la que opera. Mantener una concentración excesiva en las capacidades de investigacióny de transferencia de conocimiento entre las instituciones de un país es condenar a las regioneseconómicamente más retrasadas a permanecer siempre así.

n la última década del siglo veinte, el debate sobre el futuro de la educación

superior ha estado presente en todo el mundo. Entre los temas abordados

destaca el del carácter de los sistemas educativos y la necesidad de revisarlos y

transformarlos para enfrentar demandas de una nueva naturaleza asociadas a

un mundo globalizado en el que se encuentran insertas las sociedades

nacionales.

Voces autorizadas en todos los países coinciden en señalar la importancia

estratégica de la educación como medio fundamental para generar el desarrollo

sostenible de las sociedades. Los debates y resultados de las múltiples

reuniones internacionales, regionales y nacionales que en estos años han

reunido a expertos, investigadores, académicos y directivos de las instituciones

educativas y de los gobiernos, nos permiten advertir una preocupación por

realizar las reformas educativas que requieren nuestras sociedades y superar

oposiciones al cambio sustentadas en inercias y tradiciones.

Las comunidades académicas de las instituciones de educación superior, las

asociaciones de universidades de carácter nacional e internacional, los

ministerios de educación y los organismos internacionales han analizado y

generado una amplísima información sobre las tendencias de los sistemas de

educación terciaria y de las instituciones que los conforman; han identificado

con mayor precisión sus problemas; han señalado lineamientos estratégicos

para su desarrollo futuro y, de manera muy importante, han abierto sus

reflexiones al ámbito de la sociedad, rompiendo con la visión parcial y limitada

del acontecer escolar y académico.

En el mes de octubre de 1998 se celebró la Conferencia Mundial sobre

Educación Superior organizada, por la UNESCO. En ella confluyeron los análisis

regionales que se desarrollaron a lo largo de los últimos cinco años. Los

documentos Declaración mundial sobre la educación superior en el Siglo XXI:

Visión y Acción, y Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la

educación superior, señalan los desafíos que se le presentan a la educación

superior en el mundo y proponen acciones para poner en marcha un proceso de

profunda reforma de este nivel educativo.

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Actualmente, es común asociar la idea de desarrollo social a aquella sociedad que goza del acceso a bienes y servicios diversos, que es democrática y participativa, igualitaria y equitativa. Una sociedad en la que sus habitantes tienen iguales oportunidades y donde existe cierta homogeneidad en sus condiciones de vida. A partir de ello, se entiende que las desigualdades se generan como resultado de las diferencias individuales en cuanto a capacidades y méritos. Sin embargo, el desarrollo no siempre se ha entendido así, y todavía se sigue concibiendo de muy distintas maneras; es decir, no hay una definición unívoca al respecto. Una mirada muy distinta a la anterior centra su atención en el comportamiento de indicadores que reflejan el crecimiento económico.

México tiene una larga tradición e historia en ES, la universidad fue una de

las primeras instituciones que se creo después de la conquista. Fundada en 1551,

la Real y Pontificia Universidad de México, se convertiría en la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM). Como en la mayoría de los países de

la región en la segunda mitad del Siglo XX se experimentó un crecimiento sin

precedentes en el ámbito de la ES, tanto en el tipo de instituciones, como en el

número de estudiantes, profesores y áreas de investigación. En la actualidad, la

ES se concibe como un instrumento vital para la modernización de México.

La interdisciplinariedad implica puntos de contacto entre las disciplinas en la que cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación. La transdisciplinariedad, sin embargo, es lo que simultáneamente le es inherente a las disciplinas y donde se termina por adoptar el mismo método de investigación.

Abordando la problemática presentada en universidad azteca y buscando una solución viable a la misma .