El crimen organizado ha dejado de ser solo una actividad ilícita para convertirse en un instrumento de poder con implicaciones profundas en la estabilidad política y social de los países. En muchas regiones, estas organizaciones no solo controlan actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando, sino que también ejercen influencia sobre instituciones gubernamentales y actores políticos. Esto les permite consolidar su poder, manipular elecciones y desestabilizar gobiernos, creando un ciclo de corrupción y violencia que resulta difícil de romper. Además, el crimen organizado puede actuar como un actor paralelo, desafiando la autoridad del Estado y en algunos casos, incluso sustituyéndola en ciertas áreas. La infiltración en las instituciones públicas y la cooptación de funcionarios públicos facilitan que estas organizaciones extiendan su control y protejan sus intereses. La relación entre crimen y poder es especialmente peligrosa porque perpetúa la impunidad y dificulta la implementación de políticas efectivas para combatirlas. En definitiva, el crimen organizado no solo representa un problema de seguridad, sino también una amenaza para la democracia y la estabilidad de los Estados, que requiere una respuesta integral y coordinada a nivel internacional.