La Unión Europea avanza hacia una decisión de alto calado político y jurídico: utilizar los beneficios generados por los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania. Bruselas busca garantizar un flujo estable de apoyo económico y militar a Kiev, evitando bloqueos internos y reforzando su compromiso estratégico frente a la agresión rusa. Sin embargo, la medida no está exenta de riesgos. Existen dudas legales sobre la apropiación de esos fondos, temores a represalias financieras y advertencias de que un precedente de este tipo podría afectar a la credibilidad del sistema financiero europeo.
En paralelo, Estados Unidos redefine su política exterior con una Estrategia de Seguridad Nacional que recupera elementos de la Doctrina Monroe. Washington prioriza el control de su entorno regional y la contención de rivales estratégicos, apostando por un enfoque más unilateral. Este giro plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación transatlántica, en un contexto en el que Europa asume mayores responsabilidades mientras el orden internacional entra en una fase de creciente fragmentación.