La propuesta de gravar a las empresas que sustituyan trabajo humano por inteligencia artificial ha abierto un debate que va más allá de la coyuntura política y se sitúa en el centro del futuro del trabajo y la democracia. La cuestión clave, según el invitado, es técnica y tributaria: cómo diseñar un impuesto que compense la pérdida de cotizaciones e ingresos fiscales cuando un algoritmo reemplaza a un trabajador.

El desafío radica en definir el hecho imponible —la sustitución efectiva de empleo— y encajarlo en el marco jurídico vigente, ya sea a través del Impuesto sobre Sociedades o de las cotizaciones empresariales. Probar la relación entre inversión en IA y destrucción de empleo plantea importantes dificultades legales.

En el ámbito internacional, la Unión Europea ha impulsado impuestos digitales, evidenciando tanto la preocupación por la erosión fiscal como los límites de la acción estatal frente a grandes tecnológicas. En última instancia, el debate pone en juego la soberanía fiscal y el equilibrio democrático.

La propuesta de gravar a las empresas que sustituyan trabajo humano por inteligencia artificial ha abierto un debate que va más allá de la coyuntura política y se sitúa en el centro del futuro del trabajo y la democracia. La cuestión clave, según el invitado, es técnica y tributaria: cómo diseñar un impuesto que compense la pérdida de cotizaciones e ingresos fiscales cuando un algoritmo reemplaza a un trabajador.

El desafío radica en definir el hecho imponible —la sustitución efectiva de empleo— y encajarlo en el marco jurídico vigente, ya sea a través del Impuesto sobre Sociedades o de las cotizaciones empresariales. Probar la relación entre inversión en IA y destrucción de empleo plantea importantes dificultades legales.

En el ámbito internacional, la Unión Europea ha impulsado impuestos digitales, evidenciando tanto la preocupación por la erosión fiscal como los límites de la acción estatal frente a grandes tecnológicas. En última instancia, el debate pone en juego la soberanía fiscal y el equilibrio democrático.

Las recientes elecciones en Portugal han vuelto a situar al país en el centro del debate estratégico europeo. En un contexto de fragmentación política y desgaste institucional, Lisboa enfrenta un dilema que trasciende lo doméstico: cómo posicionarse en una Unión Europea tensionada por la guerra en su vecindad, la presión migratoria y la competencia entre potencias. El giro electoral refleja una ciudadanía preocupada por el coste de la vida y la estabilidad, pero también por el papel internacional del país, históricamente volcado al Atlántico y hoy obligado a mirar con mayor atención al sur.

La coincidencia con los comicios en Japón subraya un fenómeno más amplio: democracias avanzadas que reevalúan su inserción en un orden global incierto. Para Lisboa, miembro comprometido de la Unión Europea y de la OTAN, la cuestión energética y las rutas marítimas son ya prioridades estratégicas.

Ese debate conecta con la creciente centralidad del Mar Mediterráneo como espacio de conflicto estructural. Del antiguo mar colonial se ha pasado a un mar securitizado, donde confluyen disputas por el gas, control de fronteras y rivalidades navales. Las tensiones entre Grecia y Turquía por delimitaciones marítimas, el activismo de Estados Unidos para contener la influencia de China y Ankara, y la presión migratoria desde el Sahel configuran un tablero volátil.

Europa observa cómo el llamado “sur global” llama a su puerta mientras se redefine la seguridad energética y alimentaria. ¿Sigue siendo el Mediterráneo el “mare nostrum” de alguien? Más que un lago propio, hoy es un cruce de intereses donde potencias regionales y globales ensayan su pulso. Para Portugal, aunque geográficamente atlántico, la estabilidad de ese espacio resulta inseparable de su propio futuro político y económico.

La competencia entre China y Estados Unidos ya no se limita al comercio o la tecnología: se libra en la órbita lunar y en las minas africanas. Dos escenarios distintos, una misma disputa por la primacía estratégica del siglo XXI.

En el espacio, Pekín ha confirmado su objetivo de lograr un alunizaje tripulado antes de 2030, un hito que lo situaría a la altura del programa Artemis estadounidense. El éxito de misiones como Chang’e 4 y Chang’e 6 demuestra que el programa lunar chino avanza con constancia técnica y ambición geopolítica. La Luna ya no es solo símbolo científico: es plataforma para recursos estratégicos —como el helio-3 o minerales raros— y para la proyección de poder tecnológico. Washington, por su parte, impulsa el programa Artemis con la promesa de establecer una presencia sostenible y liderar un marco normativo internacional.

En paralelo, la rivalidad se traslada a África. Estados Unidos ha comenzado a utilizar acuerdos de compra a largo plazo y financiación respaldada por el Estado para asegurar minerales críticos en Zambia, Guinea y la República Democrática del Congo, claves para el cobre y el cobalto. El objetivo es redirigir cadenas de suministro hacia socios alineados con Washington sin desplegar una presencia industrial directa.

El contraste con China es notable. Pekín combina inversión pública, empresas estatales y construcción de infraestructuras, integrando extracción y procesamiento bajo su influencia. Mientras Estados Unidos apuesta por la arquitectura financiera y alianzas selectivas, China consolida presencia física y control operativo.

De la superficie lunar a las minas africanas, la disputa revela una transición histórica: la geopolítica del siglo XXI se decide tanto en el espacio exterior como en las cadenas de suministro terrestres.

La ciberseguridad ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en un frente estratégico de primer orden. Estados, grupos criminales y actores híbridos libran una guerra silenciosa a través de ataques a infraestructuras críticas, campañas de desinformación y espionaje industrial. Sin embargo, a diferencia de las armas nucleares o químicas, el ciberespacio carece de un sistema sólido de convenciones internacionales que delimite responsabilidades y establezca líneas rojas claras. La atribución de los ataques sigue siendo compleja y, en un entorno cada vez menos multilateral, las grandes potencias priorizan la ventaja tecnológica sobre la construcción de consensos.

Este debate ha marcado la agenda de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el principal foro global sobre defensa. El encuentro, celebrado en la ciudad alemana, recibe este fin de semana al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en medio de la mayor crisis en décadas de la alianza transatlántica. Las tensiones entre Europa y Washington, agudizadas por el giro exterior del presidente Donald Trump, planean sobre un foro que históricamente simbolizó la solidez del vínculo atlántico.

El fantasma de los Acuerdos de Múnich —sinónimo de cesión ante la amenaza— resurge como metáfora de los riesgos de fragmentación estratégica. Hoy, la preocupación no es solo militar, sino digital. Los aliados debaten cómo responder a ciberataques persistentes contra procesos electorales, redes energéticas o sistemas financieros, y cómo coordinarse dentro de la OTAN ante amenazas que no reconocen fronteras.

Europa reclama mayor autonomía estratégica mientras Estados Unidos exige más compromiso presupuestario y operativo. Pero sin reglas globales para la ciberguerra y con la desconfianza erosionando el multilateralismo, la cooperación se vuelve más frágil. En Múnich, la pregunta no es solo cómo defenderse en el ciberespacio, sino si las democracias occidentales podrán sostener una arquitectura común de seguridad en un orden internacional cada vez más volátil.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, la relación entre Rusia y China ha evolucionado hacia una asociación estratégica cada vez más visible, aunque no exenta de matices. En plena guerra en Ucrania, Pekín ha evitado condenar explícitamente a Moscú, al tiempo que ha defendido en foros internacionales la necesidad de respetar la soberanía territorial. Este equilibrio calculado refleja una convergencia de intereses frente a Occidente, pero también el deseo chino de no quedar atrapado en las sanciones ni en el aislamiento diplomático que pesan sobre el Kremlin.

El vínculo entre Vladimir Putin y Xi Jinping se ha reforzado mediante acuerdos energéticos, cooperación tecnológica y ejercicios militares conjuntos. Para Moscú, el mercado chino se ha convertido en un salvavidas económico ante las restricciones europeas. Para Pekín, Rusia representa un socio clave en la disputa geopolítica con Estados Unidos y un proveedor fiable de recursos estratégicos. Sin embargo, la asimetría es creciente: Rusia depende cada vez más de China, mientras que China mantiene abiertas múltiples opciones comerciales y diplomáticas.

En paralelo, Kiev enfrenta un dilema político de enorme calado. El presidente Volodímir Zelenski estudia convocar elecciones presidenciales junto con un referéndum sobre un eventual acuerdo de paz con Moscú. Organizar comicios en un país parcialmente ocupado y bajo ley marcial plantea retos logísticos y de legitimidad. La participación de millones de desplazados y militares en el frente es incierta, y cualquier resultado podría ser cuestionado por la oposición o por Rusia.

Vincular la paz a las urnas añade otra dimensión: convertir una negociación internacional en mandato popular podría fortalecer la posición de Kiev, pero también polarizar a una sociedad exhausta por la guerra.

Japón acude a las urnas este domingo 8 en unas elecciones con fuerte carga geopolítica. Más allá del pulso interno entre oficialismo y oposición, el resultado marcará el rumbo de la tercera economía mundial en un contexto regional cada vez más tenso. La seguridad nacional, la relación con China y el control de recursos estratégicos como las tierras raras se han convertido en ejes centrales del debate.

Tokio enfrenta un entorno complejo: la creciente proyección militar de Pekín, la incertidumbre en torno a Taiwán y la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos presionan a Japón para redefinir su papel. En los últimos años, el país ha dado pasos inéditos, como el aumento del gasto en defensa y la revisión de su estrategia de seguridad. Un eventual respaldo amplio al gobierno consolidaría esa línea y podría acelerar reformas sensibles, incluida una reinterpretación más ambiciosa de sus limitaciones constitucionales en materia militar. Además, la competencia por las tierras raras —insumos críticos para semiconductores, baterías y sistemas de defensa— sitúa a Japón en el centro de la pugna por las cadenas de suministro del futuro.

En paralelo, el debate global sobre armas nucleares y la inteligencia artificial añade una capa adicional de incertidumbre estratégica. La incorporación de IA en sistemas de alerta temprana, análisis de datos y ciberseguridad promete mayor rapidez y precisión en la detección de amenazas. Sin embargo, también introduce riesgos: la automatización excesiva podría reducir el margen para la deliberación humana en momentos críticos y aumentar la vulnerabilidad ante errores de algoritmo o ciberataques.

El desafío reside en encontrar un equilibrio entre eficiencia tecnológica y control humano efectivo. En un escenario internacional marcado por la competencia entre grandes potencias, las decisiones que Japón adopte tras estas elecciones —y la forma en que la comunidad internacional regule la IA en el ámbito nuclear— influirán directamente en la estabilidad estratégica de las próximas décadas.

La expiración en febrero de 2026 del tratado START III marca un punto de inflexión para la arquitectura global de control nuclear. Firmado en 2011 por Estados Unidos y Rusia, el acuerdo obligaba a ambas potencias a reducir en dos tercios sus arsenales nucleares desplegados y establecía un riguroso sistema de inspecciones mutuas. Su prórroga en 2021, por cinco años, fue vista como un último salvavidas para la estabilidad estratégica. Hoy, su final abre un escenario incierto.

Sin el START III, desaparece el principal mecanismo de verificación entre Washington y Moscú, en un contexto de profunda desconfianza y guerra en Ucrania. Entre las opciones sobre la mesa figuran una nueva prórroga, la negociación de un tratado que incluya a China —cuyo arsenal crece con rapidez— o un marco multilateral más amplio que incorpore a otras potencias nucleares como Francia, Reino Unido, India o Pakistán. Sin embargo, el clima geopolítico complica avances rápidos.

En paralelo, las potencias medianas buscan redefinir su papel. En el Foro de Davos, el primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió que el “viejo orden mundial no volverá”, en alusión a la pérdida de previsibilidad de Estados Unidos y al auge de políticas proteccionistas. Países como Canadá, Australia, Corea del Sur o miembros de la Unión Europea exploran alianzas flexibles, acuerdos comerciales alternativos y mayores compromisos en defensa.

El tablero internacional parece dirigirse hacia una estructura más fragmentada y multipolar, donde la cooperación será más selectiva y las potencias medianas actuarán como bisagras entre bloques en competencia.

El avance de un sistema internacional multipolar ha revalorizado el papel de Estados que, sin ser superpotencias, ocupan posiciones estratégicas clave en sus respectivas regiones. Sudáfrica y Belarús ejemplifican esta dinámica: el primero como potencia regional del África austral con proyección global, el segundo como Estado-colchón entre Rusia y Europa en la nueva arquitectura euroasiática.

Sudáfrica se ha consolidado como el principal actor político y económico del África austral, apoyándose en su liderazgo institucional dentro de la SADC, su protagonismo en la Unión Africana y su presencia en foros globales como el G20 y los BRICS. Desde allí, Pretoria impulsa un discurso de mayor autonomía del Sur global y de reforma del orden internacional, buscando equilibrar las asimetrías heredadas del sistema dominado por Occidente. No obstante, su política exterior se caracteriza por una ambigüedad calculada: mantiene vínculos estratégicos con China y Rusia sin romper sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea. Esta flexibilidad le permite preservar márgenes de maniobra, aunque también expone las tensiones entre liderazgo regional, coherencia diplomática y desafíos internos.

En un contexto distinto pero bajo una lógica similar, Belarús ocupa una posición geopolítica crítica en la frontera entre Rusia y la Unión Europea. Su territorio funciona como espacio de amortiguación en una de las líneas de fractura más sensibles del sistema internacional. Aunque estrechamente alineado con Moscú, Minsk ha demostrado en el pasado capacidad para actuar como plataforma de diálogo, como lo evidenciaron los Acuerdos de Minsk. Este antecedente sostiene la idea de Belarús como un posible factor de equilibrio en Eurasia, aun cuando su autonomía se vea limitada por la dependencia económica, militar y política de Rusia.

Tanto Sudáfrica como Belarús ilustran el ascenso de Estados intermedios que, en el nuevo orden multipolar, no buscan imponer hegemonías, sino gestionar equilibrios, reducir tensiones y ampliar espacios de negociación. Su relevancia no radica únicamente en su poder material, sino en su capacidad para operar como nodos estratégicos en regiones donde el equilibrio internacional sigue en disputa.

En la geopolítica actual ya no gana quien se aventura a predecir el futuro, sino quien logra detectar antes las señales, construir opciones y decidir con mayor método y aproximación. En un escenario internacional marcado por la incertidumbre permanente, la anticipación se ha convertido en una forma decisiva de poder.

El mundo dejó atrás las dinámicas simples y los pronósticos lineales. Conflictos híbridos, rivalidades tecnológicas, crisis climáticas, presiones demográficas y disputas económicas interactúan de manera simultánea y no previsible. En este contexto, confiar únicamente en la intuición o en la extrapolación del pasado conduce, casi inevitablemente, a la sorpresa estratégica.

La prospectiva emerge así como una herramienta clave. No se trata de futurología ni de adivinación, sino de un sistema de sistemas que integra análisis de tendencias, identificación de señales tempranas, construcción de escenarios y evaluación de decisiones posibles. Su propósito no es acertar el futuro, sino ampliar el campo de visión para reducir la incertidumbre y gestionar mejor el riesgo.

Detectar antes permite ganar tiempo, y el tiempo es el recurso más escaso en la política internacional. Los actores que anticipan pueden preparar respuestas, diversificar estrategias y decidir con mayor racionalidad. Quienes llegan tarde, en cambio, quedan atrapados en la urgencia y la improvisación.

En la geopolítica del siglo XXI, el poder ya no reside solo en la fuerza militar o en la capacidad económica, sino en la habilidad para leer un entorno complejo y actuar antes de que los escenarios se consoliden. Anticipar no garantiza el éxito, pero no hacerlo asegura la vulnerabilidad.