El plan consiste en un paquete de 50 leyes, además de otras medidas impulsadas desde los ministerios de Economía, Educación y Salud. Con la baja popularidad del Gobierno, y los antecedentes de violencia en la represión de protestas, la cuestión de la protección de los derechos humanos será el punto más cuestionable del plan Boluarte.

"No vemos aquí ni la inteligencia de la Policía, del Ejército, ni ninguna otra forma para ir parando este ciclo de violencia. Tampoco existe un intento de ir buscando que la población tenga una mayor participación, o los gobiernos locales, en la lucha contra el crimen", opina sobre el plan Boluarte el abogado peruano y doctorando en ciencias políticas, Eduardo Gutarra.