Ximena Ron Erraez, abogada constitucionalista, señaló que Quito tiene  dos alcaldes, Jorge Yunda y Santiago Guarderas, porque hay dos  sentencias válidas, la una del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y  otra de la Corte Provincial.

Indicó que este tipo de paradojas jurídicas si pueden ocurrir porque  el país tiene administraciones de justicia autónomas e independientes,  de ahí que ahora la autoridad competente que puede resolverlo es la  Corte Constitucional con la acción extraordinaria de protección: “Aquí  se analiza si el acto de remoción del alcalde es constitucional o no”.

Remarcó que la salida debe ser jurídica aunque reconoció que no se  puede perder de vista que este tema no se ha analizado exclusivamente de  forma legal sino que también tiene un alto componente político.

Manifestó que efectivamente el juzgamiento mediático sí pesa en este tipo de casos, aunque no debería ser así.