Radio 5 Actualidad

En 2019 se crearon 400.000 nuevos empleos. En ejercicios anteriores fueron más de 500.000. La cifra de ocupados roza los 20 millones y la tasa de desempleo está por debajo del 14%. La EPA también refleja que es Madrid la comunidad donde más empleo se creó durante el último trimestre y Extremadura la segunda región donde menos lo hizo. Los extremeños lideran otro ránking: es la comunidad donde más subió el paro entre septiembre y diciembre.

Lo último ha sido la aparición del cuerpo de su abuela materna a orillas del río Ebro. La madre continúa ingresada en un hospital psiquiátrico, tras haber intentado suicidarse. Informa Carmen Urbina.

El Tribunal de Cuentas confirma la fianza de cuatro millones de euros impuesta al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y miembros de su gobierno por el desvío de fondos públicos para organizar el referéndum del 1-O. Finalmente, son 28 los condenados. Informa Teresa Coto.

La privacidad de nuestros datos no tiene que ver solamente con las acciones del día a día en la red. El derecho al olvido o el artículo de la Ley de Protección de Datos Personales que permitía recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos son dos casos prácticos de sobre la vulnerabilidad de nuestra privacidad.  Intervienen Manuela Battaglini, experta en privacidad de datos y machine learning; y Elena Gil, investigadora jurídica experta en privacidad de datos.  Un reportaje de Álvaro Bravo.

El rastreo al que están sometidos nuestro datos tiene consecuncias como que nuestra privacidad se vea amenazada en determinados casos.  Manuela Battaglini, experta en privacidad de datos y machine learning: "Con los datos las empresas confeccionan un perfil con todo el material que subimos como la geolocalización, sexo, edad o incluso orientación sexual. Esos datos se pueden usar para discriminar" Intervienen Manuela Battaglini, experta en privacidad de datos y machine learning; y Elena Gil, investigadora jurídica experta en privacidad de datos. Un reportaje de Álvaro Bravo.

La explotación de grandes datos en masa es uno de los principales negocios en la industria de Internet. El origen de esta situación se remonta a 2006 cuando las empresas pudieron gestionar adecuadamente en la nube tal cantidad de datos.  Sobre las vulnerabilidades de nuestra privacidad y sobre el origen de la situación habla Álvaro Bravo con Elena Gil, investigadora jurídica en privacidad de datos; y Manuela Battaglini, experta en big data, ética de datos, transparencia y machine learning. 

El Gobierno deberá retocar su decreto sobre las medidas del alquiler. El Tribunal Constitucional ha estimado parte del recurso que presentó el Partido Popular en abril contra esta medida pero no toca su núcleo duro: ni la duración del contrato, ni limitar la subida del alquiler al IPC mientras estén vigentes, ni establecer un índice de referencia para establecer los niveles máximos de arrendamiento. Informa Blanca Pascual.

El cadáver localizado esta mañana en Tarifa corresponde a un tripulante del pesquero gaditano Rúa Mar, al que se le perdió la pista hace 6 días. El subdelegado provincial del Gobierno, José Pacheco, ha asegurado que continua el dispositivo de búsqueda de los otros cuatro desaparecidos. Informa desde Algeciras Manuel García.

El Tribunal Constitucional pide a la Fiscalía que investigue si el Presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha inucurrido en un delito de desobediencia al permitir que se tramiten una serie de resoluciones a favor de la autodeterminación y en contra de la monarquía recurridas por el Gobierno central. El Alto Tribunal ha aceptado por unanimidad la petición que hizo el Gobierno de Sánchez el pasado 31 de octubre, justo antes de las elecciones del 10 de noviembre, para que la Fiscalía General del Estado investigue si tanto Torrent como otros dos miembros de la mesa cometieron un posible delito de desobediencia. La Fiscalía ya investiga otras decisiones del Parlament, también por posible desobediencia al Constitucional. Informa Araceli Sánchez.

Difundir o reenviar fotos y vídeos de contenido sexual o violento sin el consentimiento de los afectados es delito y puede acarrear incluso penas de cárcel. Por eso, la Agencia de Protección de Datos, en su nueva campaña, anima a los jóvenes a denunciar este tipo de mensajes a través de su web. En tres meses ha recibido 50 quejas y se han cerrado todas las webs denunciadas.