El directivo de la Asociación de Bomberos Voluntarios y abogado, Hugo Santamarina, arremetió contra la Resolución 267/2024 del Gobierno Nacional, que prohíbe incluir tasas o conceptos ajenos en las facturas de servicios públicos. Según Santamarina, esta medida pone en jaque la operatividad de la institución, que hoy requiere entre 15 y 20 millones de pesos mensuales para su mantenimiento básico.
"No es un impuesto, es una donación"
Santamarina fue tajante al separar la legalidad de la medida nacional de la realidad local. "Meten gato por liebre. Lo que percibimos a través de la factura de Corpico no es ni un impuesto ni una tasa; es una donación aprobada por asamblea extraordinaria de los propios asociados", explicó.
Desde su perspectiva como abogado, el directivo señaló que la resolución nacional habla de cobros "compulsivos", algo que no ocurre en General Pico: "Cualquier vecino puede pedir por WhatsApp dejar de aportar a Bomberos. ¿Saben cuántos de los 30.000 socios lo hicieron en dos años? Cero. Nadie se borró porque la gente entiende el valor del servicio".
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