Hace apenas unos días el Ayuntamiento anunciaba, con grandes titulares, la creación de una Oficina Municipal de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas. Una oficina sufragada con dinero público para “defender” a propietarios, aunque los datos digan claramente que el verdadero problema en Granada no son las ocupaciones, sino los desahucios.
Mientras ponen recursos, abogados y propaganda en proteger a la propiedad, ¿qué hace el Ayuntamiento con las familias vulnerables de Santa Adela?
El mismo Ayuntamiento que presume de defender a Granada frente a la ocupación, es el que está impulsando procesos judiciales para desahuciar a sus propios vecinos, a familias que viven en viviendas sociales, a familias conocidas por los servicios sociales, a familias de cuya situación es plenamente consciente.
Se trata de hogares donde se siguen pagando alquileres, aunque el Ayuntamiento se niega a renovar contratos. Hablamos de familias que, por situaciones de extrema dificultad económica, han acumulado deudas, pero que reclaman una negociación para regularizar su situación.
Hablamos de personas a las que el Ayuntamiento da la espalda, mientras derrocha dinero en una oficina para un problema que ni siquiera es prioritario.
No será porque no lo sepan:
En marzo pedimos una reunión con la alcaldesa.
Lo volvimos a solicitar en mayo.
Y otra vez en junio.
La alcaldesa no ha encontrado tiempo para escuchar a Stop Desahucios.
Pero sí tienen tiempo para hacerse fotos, para recibir a quienes apoyan su proyecto de la capitalidad cultural europea.
¿Cómo se puede hablar de un proyecto colectivo, de ciudad, cuando al mismo tiempo se condena al desahucio a familias vulnerables en Santa Adela?
¿Cómo se puede pedir el apoyo de toda Granada mientras se expulsa a granadinos y granadinas de sus casas?
Aquí hay una contradicción que no podemos aceptar.
Porque no se puede hablar de cultura, de orgullo de ciudad, mientras se permite que haya vecinas y vecinos que pierden el techo bajo el que viven.
Porque no se puede hablar de futuro cuando se sigue repitiendo el mismo modelo que antepone los intereses de los propietarios y la especulación al derecho humano a la vivienda.
Hoy queremos dejarlo claro:
No aceptamos que se destinen recursos a inflar el fantasma de la “ocupación ilegal”, mientras se da la espalda a quienes están perdiendo sus casas con el impulso del propio consistorio.
Granada no puede ser capital de la cultura si antes no es capital del derecho a la vivienda.
Granada no puede presumir de ciudad colectiva mientras deja en la calle a sus vecinas más vulnerables.
Por eso decimos alto y claro:
¡Basta de desahucios! ¡Basta de especulación! La vivienda es un derecho, no un negocio!
Stop Desahucios Granada 15M
