para la instalación de plantas fotovoltaicas
Las energías renovables no deben ser el problema, sino la solución a la crisis energética actual.Contribuir mediante la declaración de Utilidad Pública a la implantación descontrolada de fotovoltaicas es del todo reprobable, en su lugar, esta figura debería ser un importante apoyo de la planificación, otorgándose sólo cuando las instalaciones no tienen impacto sobre la agricultura y la biodiversidad, obligando a los promotores a optar únicamente por instalaciones en espacios artificializados.
La Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica tienen que revisar y limitar los criterios de utilidad pública a la hora de la expropiación para evitar que la necesaria implantación de fuentes renovables de energía genere rechazo social en los casos en los que ese interés público no está justificado. Un modelo 100% renovable debe ser justo ambiental, social y territorialmente.
La declaración de Utilidad Pública de un proyecto confiere una serie de prerrogativas destinadas a facilitar su implantación, entendiendo que su desarrollo conlleva un bien público, que en un Estado Social de Derecho, se antepone a intereses privados y se permite, entre otras cuestiones, la expropiación forzosa de los terrenos a ocupar, con el adecuado establecimiento de justiprecio.
Sin embargo, en el caso de la implantación de megaparques fotovoltaicos, como son los que afectan a los olivares jiennenses y otros espacios agrarios andaluces, el justificante de anteponer el bien común es de dudosa justificación ya que supone favorecer al oligopolio energético, que plantea la ubicación de las plantas en los espacios que mejor les viene a su cuenta de resultados, espacios cercanos a la red eléctrica de evacuación, en suelos agrícolas baratos de secano y que ni siquiera tienen que negociar con sus propietarios al conseguir en los despachos, por su actuación de lobby, esa declaración de utilidad pública que tan útil les resulta.
Porque, en buena medida, son fondos de inversión los que están detrás de la mayoría de los megaparques del sur de Europa. Se especula con el sol abundante donde la inversión es más jugosa y se disfraza de progreso y bien social, cuando de lo que hay que hablar es de tierras de sacrificio para garantizar energías renovables para el norte europeo, a través de su conversión en vectores energéticos como el H2 verde, en un intento de mantener un sistema de consumo como el actual, incompatible con un modelo 100% renovable que también sea justo ambiental y territorialmente.Y aún así, el modelo de este negocio ni siquiera compensa el impacto mediante medidas de reparto justo de los beneficios en los territorios.
Los grandes parques solares —avalados casi automáticamente por esas declaraciones de utilidad pública que facilitan la expropiación de olivares y otros suelos agrarios—, impulsados por los mismos cuatro grupos que controlan el mercado eléctrico, se conectan a líneas de alta tensión diseñadas para volcar electricidad al mercado mayorista e incluso exportar los excedentes de las horas punta. Sin una planificación territorial y social estricta, el capital se concentra en la generación —donde la rentabilidad es inmediata— mientras se aplazan las obras en la red de media-baja tensión que realmente alimenta los hogares. El resultado es paradójico: Andalucía puede batir récords de producción renovable y, a la vez, sufrir apagones tanto en los campos que pierden olivar y biodiversidad como en los barrios urbanos empobrecidos.
Prueba de ello son las movilizaciones de “Barrios Hartos”. El problema no es la fotovoltaica en sí, sino un modelo que prioriza maximizar el flujo de kilovatios-hora y, por tanto, la acumulación de capital, en manos de unos pocos, antes que garantizar un suministro justo y seguro para toda la población, ya vivan en barrios acomodados o en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, La Chanca de Almería o Almanjáyar en Granada.
Desde Ecologistas en Acción venimos demandando planificación en el desarrollo de la implantación de renovables, no puede ser que no se hayan desarrollado estos planes, con lo que se ha hurtado la participación pública imprescindible, en buena gobernanza, para justificar cualquier declaración de utilidad pública. La planificación en el desarrollo de la implantación de renovables es una exigencia tanto comunitaria, Directiva de EE RR, como andaluza, Ley de Fomento de las EE RR en Andalucía, y que todas las administraciones rehuyen. Sólo algunos ayuntamientos están empezando a poner orden en sus municipios, priorizando las comunidades energéticas, la moratoria de los grandes parques fotovoltáicos y el uso preferente de espacios artificializados.
Y es que hay muchos espacios de implantación prioritario que andan sin una placa, cientos de Km2 de tejados útiles, infraestructuras de transporte y masas de agua artificiales, donde la implantación de placas no tendrían más impacto que el incremento del coste de instalación, que deben asumir las empresas promotoras y que lo harán si no se les deja otra opción más barata.
Y en el campo, en todo caso, trabajar por una agrivoltaica más que compatible, beneficiosa para el cultivo, que en muchos casos y debido precisamente al cambio climático, puede aprovechar el sombreado que bien diseñado pueden aportar las placas, eso sí, siempre de la mano de las agricultoras , preferentemente de cooperativas que deriven las producciones a comunidades energéticas que garanticen el abastecimiento renovable a la población local.
En ningún caso, desde Ecologistas en Acción apoyamos la utilización partidista que se está haciendo desde la derecha y la ultraderecha de la indignación social provocada precisamente por una falta de objetivos consecuentes con una planificación efectiva. Instamos por tanto, al gobierno actual, a ejercer su deber de Estado de proteger los intereses generales de la ciudadanía frente al oligopolio energético. Con su apoyo al sistema centralizado de macrocentrales renovables está fomentando y alentando precisamente a ese movimiento involucionista mundial, que tiene como objetivo claro derribar gobiernos en los que aún queda alguna esperanza.
Por tanto, contribuir mediante la declaración de Utilidad Pública a la implantación descontrolada de fotovoltaicas es del todo reprobable, en su lugar, esta figura debería ser un importante apoyo de la planificación, otorgándose sólo cuando las instalaciones no tienen impacto sobre la agricultura y la biodiversidad, obligando a los promotores a optar únicamente por instalaciones en los espacios artificializados.
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