El 8 de febrero de 2027. Es la fecha en la que comenzará el juicio por uno de los mayores escándalos ambientales de Canarias: los vertidos al mar del Polígono de Güímar, en Tenerife. Dos alcaldesas y dos exalcaldes de la isla se sentarán en el banquillo de los acusados por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de prevaricación por omisión. La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y trece de inhabilitación para Mari Brito (alcaldesa de Candelaria), José Gumersindo García (exalcalde de Candelaria), Luisa Castro (alcaldesa de Güímar) y José Juan Lemes (exalcalde de Arafo) al entender que entre julio de 2013 y marzo de 2017 permitieron el vertido incontrolado de aguas residuales, sin depurar, tratar ni legalizar.
Según el escrito de acusación, la inacción de los dirigentes provocó un riesgo grave para la salud de las personas en la Playa de la Viuda y El Socorro así como para el equilibrio de los sistemas naturales. El Ministerio Público identifica el peligro a largo plazo en "las propiedades cancerígenas y mutagénicas de los metales pesados". A corto plazo, señala las bacterias fecales que pueden provocar infecciones, irritaciones o gastroenteritis entre los bañistas.
Las aguas se expulsaban "tal cual eran generadas"
En el polígono (en el que confluyen los municipios de Güímar, Candelaria y Arafo) operan más de 200 empresas dedicadas a la industria de la alimentación, la cerveza o la lavandería. También se acoplaron a la red dos urbanizaciones. Inicialmente fue gestionado por la Asociación Mixta de Compensación, que obtuvo la autorización en 1981 durante 30 años para ocupar un espacio de dominio público marítimo terrestre en el que se ubicó un emisario submarino. Además, en 1998 se concedió autorización para verter aguas residuales durante 13 años. Ya en 2013 concluyó el proceso de transmisión de la titularidad de este gran suelo industrial, que quedó en manos de los ayuntamientos. Entre los deberes de sus dirigentes se encontraba tramitar la prórroga de los permisos sobre vertidos y ocupación de terreno.
Según la Fiscalía, los acusados, "de forma consciente y voluntaria", no aprobaron partidas para mantener, conservar y sostener las infraestructuras de evacuación de aguas residuales. Las instalaciones quedaron desde 2013 "en un estado absoluto de abandono" y no se realizó ningún tipo de depuración o tratamiento, "por básico que fuera". Las aguas procedentes de entre 200 y 300 empresas y de las dos urbanizaciones eran canalizadas hasta la cabecera del emisario y "expulsadas tal cual eran generadas".
Muestras, analíticas y dictamen del Instituto Nacional de Toxicología
Fue en 2017 cuando Sí Se Puede denunció la situación del polígono. En la actualidad, el partido ejerce la acusación popular junto a Izquierda Unida. En el mes de mayo de 2017, como consecuencia de una diligencia judicial, se procedió a la recogida de muestras. El Ministerio Público destaca que un estudio del Instituto Nacional de Toxicología concluyó que no se podía deducir que se realizara tratamiento a las aguas residuales y que existía "cierto grado de toxicidad". Vanesa Martín, portavoz de la Coordinadora de Sí Se Puede añade que "distintos informes periciales dejan claro que todos los parámetros del agua están fuera de control en la zona".
Las actuaciones no terminaron ahí. A lo largo de ese año Aqualia también recabó distintas muestras en varios puntos de la red que fueron analizadas por dos laboratorios. Segú
