Desde su creación, la gestión de la dependencia ha sido uno de los grandes fracasos de la administración regional. Miles de personas han aguardado durante meses o años una resolución. Las listas de espera crecieron de forma imparable, los expedientes se acumulaban y la discusión pública se centraba con frecuencia en cuestiones bastante pintorescas: cambios metodológicos en el cómputo (al estilo de lo que hace el CIS cuando cocina sus sondeos), reinterpretaciones estadísticas o anuncios grandilocuentes que apenas modificaban la realidad cotidiana de quienes esperaban una prestación.