Radio Club Tenerife

El Gobierno de Canarias desarrolla a lo largo de este mes de marzo una nueva acción formativa contra la corrupción. Se dirige  al personal de sector público "interesado en fortalecer sus competencias en materia de imparcialidad, objetividad y cumplimiento normativo" según la Consejería de Administraciones Públicas. A través de un curso de 40 horas lectivas (con 199 plazas),se busca reforzar la integridad y transparencia en el ámbito institucional para prevenir prácticas irregulares. Pero esta iniciativa no ha gustado en absoluto al Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, que la califica de "alucinante".

Su secretario general, Manuel Domínguez, considera que se da a entender "que hay mucho grado de corrupción" entre los empleados públicos, algo que desmiente tajantemente: "Habrá como en todos sitios puede haber de todo, pero yo siempre presumo de que la mayor parte" de los trabajadores de la Administración "son profesionales y honestos".

En el curso se abordan, además, las posibles consecuencias penales y administrativas derivadas de incumplir estos principios y se estudian "los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídicos para actuar ante situaciones que amenacen el interés general". La Consejería lo defiende como una acción para contribuir a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Sin embargo, desde SEPCA llaman a dirigir estas campañas contra la corrupción "a otros niveles". González recuerda que los profesionales que acceden al empleo público "entre otras cosas tienen que estudiar el estatuto básico" en el que se establece un catálogo de derechos y obligaciones: "Casi todas pasan por evitar delitos y situaciones de corrupción o prevaricación".

Según un estudio del Instituto de Investigación en Economía Aplicada Regional y Pública de la Universidad de Barcelona, Canarias es una de las regiones con más causas de corrupción local (232). El informe analiza el periodo 2000-2020 y detecta en el conjunto de la comunidad autónoma, independientemente de la institución, 272 casos. Sin embargo, en 31 de ellos se dictó la absolución y 72 resultaron archivados. Del total, 62 habían concluido con una condena y el resto se encontraban, en el momento de la investigación, en diferentes fases judiciales.

Ya en septiembre de 2025 y para promover la lucha contra la corrupción, el Consejo de Gobierno aprobó crear una Unidad Administrativa Temporal de Integridad Institucional. El objetivo final es establecer un sistema de integridad institucional en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que "debe crear una cultura organizacional basada en la integridad, la ética, la transparencia y la responsabilidad". 

"Es tener mucha cara que el Partido Popular ponga como ejemplo la migración para decir que el Estado no atiende a Canarias cuando han votado en contra en el Congreso". Precisamente la migración es el ataque por parte de José Manuel Casañas, diputado popular que asegura que las islas siguen esperando el traslado de menores.

A partir de 2024 se abrió la veda a limitar la compra de vivienda a extranjeros, una idea que empezó a tomar forma desde que el Gobierno de Canarias se lo planteó por el crecimiento demográfico y la escasez de vivienda disponible para residentes. Una medida que tras debatirla en el Parlamento de Canarias, se elevó a Bruselas y el Gobierno de España hizo propia la reivindicación canaria de cara a Europa. 

Miles de personas salieron ayer a las calles contra la desigualdad, la violencia machista, la guerra o el fascismo. Son causas legítimas, pero también revelan algo más profundo: hoy la política vive de las emociones. Los asuntos que dominan la agenda pública son hoy los que nos dividen, los que nos enfrentan, los que movilizan a la gente desde el miedo, la ira o el resentimiento. Mientras tanto, problemas que preocupan a casi todos -la corrupción, la vivienda, el empleo o el futuro de las pensiones- quedan a menudo en segundo plano.