Radio Club Tenerife

Los trabajadores de la limpieza del Grupo EULEN, que presta servicio en el Corte Inglés de la avenida Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife, se han manifestado para pedir que los usuarios de los centros comerciales recojan las necesidades de sus mascotas. Los empleados alegan que tienen que parar de hacer sus tareas habituales para limpiar los desechos de, principalmente, los perros. Hablamos con Juan Andrés Hernández, portavoz de los trabajadores y representante de Comisiones Obreras.

La CEOE-Tenerife ha recibido a través de su polémico buzón contra el absentismo laboral injustificado y las bajas fraudulentas más de un centenar de denuncias anónimas. Según ha revelado en una entrevista en Hoy Por Hoy Canarias su presidente, Pedro Alfonso, se han cursado 120 comunicaciones en materia de absentismo y otras 20 por economía sumergida. La patronal puso en marcha hace un año este canal para fortalecer "la productividad, la competitividad y la generación" mediante "el adecuado cumplimiento de las normativas", tal y como reza su página web.

El buzón ha sido fuertemente contestado por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que acusan a la patronal de querer "instaurar el chivatazo". También ha sido calificado de "ilegal" e "inhumano" por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La dirigente acusó al líder de la CEOE, Antonio Garamendi, de crear una oficina "para que los trabajadores denuncien a otros trabajadores enfermos" y avisó con llevar el canal ante la Agencia de Protección de Datos.

Quien ya se ha dirigido a este organismo y a la Inspección de Trabajo es Comisiones Obreras. Su secretaria general en las islas, Vanesa Frahija, ha aclarado que han presentado una denuncia porque "es un sistema totalmente ilegal que incumple la Ley de Datos de los trabajadores". Precisamente el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Canarias, Francisco Guindín, aseguró hace unas semanas a este medio que no había recibido ni una sola comunicación derivada de este canal.

Es un extremo que ha desmentido el presidente de los empresarios en Tenerife: "De las 20 (denuncias) de economía sumergida hemos recibido algunas respuestas de la Inspección, del absentismo ninguna". Pedro Alfonso ha respondido a las críticas de la ministra espetándole "que diga lo que quiera, que lo lleve al juzgado". Rechaza retirar el buzón e insiste en que no tienen acceso al contenido de las comunicaciones.

CEOE y Comisiones Obreras han intercambiado impresiones sobre el mercado laboral canario en la antena de la SER. El sindicato ha denunciado una paralización constante de la negociación colectiva y llama a los empresarios a la senda del diálogo social. "Tenemos varios convenios bloqueados", ha señalado Frahija reclamando mejoras sociales y económicas y reconociendo la existencia de líneas rojas como la protección total de los trabajadores: "Negociar, negociar y negociar, buscando un entendimiento entre las partes".

Entre los convenios que tendrán que ponerse sobre la mesa este 2026 se encuentra el de la hostelería en la provincia de Las Palmas. En 2025 ya se alcanzó un acuerdo en la provincia occidental. Los últimos meses han estado marcados por la tensión, además, en sectores como el de la Siderometalúrgia y el comercio en Canarias. Alfonso ha reprochado al sindicato un caso especialmente preocupante: el convenio de Oficinas y Despachos de Santa Cruz de Tenerife. "Está bloqueado desde el año 76 porque los sindicatos no se ponen de acuerdo en el reparto económico. ¿Te parece suficiente como para decir que no es un problema económico y que lo podemos solucionar siempre y cuando ustedes se pongan de acuerdo en quién representa a quién?".

Frahija ha recogido el guante con otra lanza relativa al pequeño comercio en Las Palmas y a la alimentación en Santa Cruz de Tenerife. "Afecta a más de 70.000 empleados. En 2025 hemos secundado una huelga el día 24 de diciembre y ambas mesas siguen bloqueadas. También te pido un acto de responsabilidad". 

La dirección general de Movilidad del Gobierno de Canarias pone fecha a un único modelo de gestión del transporte para los usuarios: "Lo probaremos en 2026"

El Gobierno de España y la Conferencia Episcopal han alcanzado un acuerdo para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abuso sexual en el seno de la Iglesia que será firmado esta misma mañana, a las 09.30 horas, entre las partes. El pacto establece un plan para indemnizar a los damnificados de tal manera que el Estado decidirá quién tiene la condición de víctima y qué reparación le corresponde. La Iglesia pagará la cuantía.

El acuerdo, según ha podido saber la SER, será arbitrado por el Defensor del Pueblo. El órgano analizará los casos y fijará una propuesta de reparación. Si alguna de las partes no está de acuerdo, será una comisión mixta Iglesia-Estado la que estudie el expediente y elabore una segunda posible indemnización. De no alcanzarse un acuerdo, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra.

Las víctimas han reaccionado al pacto "con mucha alegría". Es el caso de Ciro Molina, portavoz en las islas de la Asociación Nacional Infancia Robada. Ciro sufrió abusos sexuales en 2003, cuando tenía solo 10 años, por parte del que entonces era párroco de Tejina, en Tenerife. "Estamos muy contentos, ya era hora de que esto se materializara", ha declarado en Hoy Por Hoy Canarias. Señala que el histórico acuerdo podría haberse alcanzado hace un año, pero lamenta que "la Iglesia decidió pasar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y crear su propio plan de reparación". Es el denominado Plan PRIVA. 

En España, y especialmente en Canarias, hablamos de los venelozanos como los sentimos: como un pueblo hermano. Antes que La Graciosa fueron incluso la 'octava isla' y han sido cada vez más los retornados o autoexiliados ante la deriva del régimen chavista.

Aquí se toparon con una realidad más dura a la hora de integrarse, porque ya sabemos ellos y nosotros que los discursos van por un lado y los hechos por otro. Les hemos negado como país la condición de refugiados que sí concedimos para los ucranianos. Ni residencia, ni permiso de trabajo, ni homologación de estudios o del carné de conducir.

Todo han sido palos en las ruedas a la hora, cosas de la burocracia y de la falta de voluntad política. Un realidad que ha aflorado tras el ataque estadounidense a la soberanía de un pueblo que, de momento, está quedando al margen de su particular transición a la democracia.