Este martes, 30 de junio, finaliza el plazo para tramitar la regularización extraordinaria de personas migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Es el séptimo proceso de este tipo que se lleva a cabo en el país. Inicialmente, el ejecutivo calculó que unas 500.000 personas podrían beneficiarse, la mayoría de América Latina, aunque finalmente se ha superado el millón de solicitudes según los datos que han cruzado los ministerios implicados.
En Canarias, la estimación es que entre 30.000 y 40.000 personas puedan acogerse al proceso. Para poder obtener la regularización es necesario haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026 o haber solicitado protección internacional. Es necesario acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y "carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública". Los beneficiarios acceden a una autorización de residencia legal que tiene una vigencia inicial de un año y que permite trabajar únicamente en España, no en otro estado miembro de la Unión Europea.
Tranquilidad y aportar al país: el deseo de muchos solicitantes
"No vamos a tener nacionalidad, vamos a tener un NIE y un trabajo digno. Es lo que más anhelo", explica Óscar, un solicitante que vive en Gran Canaria desde hace ocho años con su mujer y tres de sus cuatro hijos. Nacido en Argentina, llegó a las islas para visitar a un cuñado y a su suegra, que les ayudaron a costear los billetes. "Venimos de un país con una seguridad muy complicada", relata. Aquí, tras pasear por Las Canteras una noche con los niños de la mano, "sin que pase nada, con la gente saludándote", llegó a la conclusión de que ya no quería irse. "Lo que tienen aquí es hermoso, seguridad, climatología, gente muy bonita...".
Hasta el momento solo ha podido trabajar en la economía sumergida. Señala los miedos que han acompañado a su familia a lo largo de los años, desde salir a la calle y que la policía les requiera documentación hasta no poder alquilar un piso. Agradecido con el proceso de regularización, Óscar insiste en que su deseo de cumplir con las obligaciones fiscales que tiene cualquier otro residente para que "el ayuntamiento haga mejores calles, haga mejor recolección de basura, mantenga los parques...". Rechaza uno de los grandes estigmas que intenta lanzar sobre la inmigración la extrema derecha: "No le vamos a quitar nada a nadie. Queremos estar legales para cotizar".
Séptima regularización extraordinaria
Fue en 2020 cuando se gestó el movimiento 'Regularización Ya', que presentó en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 600.000 firmas y casi un millar de organizaciones sociales. La Cámara aprobó tomarla en consideración en 2024, pero desde entonces ha quedado atrapada en los trámites parlamentarios. Ya en abril de este año el ejecutivo hizo suya la iniciativa y aprobó el proceso de regularización extraordinaria. El primero en 20 años. Antes, los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero llevaron a cabo procesos similares que ampararon a 1,2 millones de personas.
Mónica vive actualmente en Fuerteventura. Llegó al Archipiélago hace 10 años junto a su hija de 15.Durante este tiempo ha sobrevivido limpiando casas, cuidando niños y como artesana en mercadillos. Es diseñadora industrial en su país y sueña con poder tener por fin un contrato legal. Para ella, el proceso de regularización ha sido "muy rápido". La convocatoria se abrió el 15 de abril. Un mes después, y mediante una asociación, ya tenía todos los documentos recopilados. A final de mayo obtuvo un número de la Seguridad Social. "Es una oportunidad extraordinaria para poder vivir bajo la legalidad, tener un trabajo digno y cobertura de salud", recalca. Aunque agradece que el sistema español "nunca me desamparó".
Una oportunidad para el mundo empresarial, según UGT
Desde UGT califican el proceso como "necesario" pero reconocen que es la consecuencia de que "la regularización ordinaria ha fallado". Su secretario general en las islas cree que será ventajoso tanto para los migrantes como para las empresas, que llevan tiempo denunciando que no logran cubrir todos los puestos disponibles en sectores como el primario o el de la construcción. "En su momento querían contratar en origen, ahora tienen una cantidad de gente a la que pueden contratar", asegura Manuel Navarro. Además, descarta que los regularizados vayan a tensionar aún más el sistema sanitario o los servicios sociales porque "vienen a cotizar y a contribuir (...) En este país las personas migrantes aportan muchísimo más de lo que consumen".
