El gobierno nacional dio un paso crucial hacia la privatización de Corredores Viales. Este movimiento busca cerrar la empresa estatal y transferir el control de las rutas a manos privadas, lo que representa el 80% del tráfico nacional.
Según Gabriel Bonadeo, delegado del gremio de trabajadores de peaje de la provincia de Santa Fe, la privatización implica que la empresa concesionaria debe prestar servicios de auxilio, ambulancia y bomberos, además de mantener las rutas en condiciones óptimas. Sin embargo, Bonadeo destacó que "las tarifas no están actualizadas y están basadas en dólares, lo que genera desafíos para las empresas".