Nayra Chalán, vicepresidenta de la Ecuarunari, señaló que la elección de Leonidas Iza como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es una respuesta del movimiento indígena a la lucha contra el neoliberalismo y capitalismo.

Criticó que desde los medios de comunicación se intente crear el imaginario de un enemigo interno y de criminalizar a todo aquel que esté en contra de las políticas neoliberales, pues, dijo, son serviles del poder de turno a fin de cosechar algún beneficio propio.

“Desde la Conaie y la Ecuarunari nuestra posición será en defensa de los sectores populares con una propuesta clara” comento.

Se refirió a Pachakutik indicando que desde hace mucho tiempo el movimiento ha sido crítico a su organización política, reconociendo que debe rencauzarse y tomar una posición a favor de las mayorías, de ahí que advirtió que estarán vigilantes de las resoluciones del bloque legislativo.

Edwin Jarrín, exvicepresidente del CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), señaló que en 2017 esa entidad debió elegir al Contralor General del Estado una vez que Carlos Pólit renunció al cargo, sin embargo no fue posible por las presiones políticas del Gobierno de Lenín Moreno.

Recordó que Rosana Alvarado, exministra de Justicia, y María Fernanda Espinosa, excanciller de la República, fueron quienes posesionaron a Pablo Celi que entonces fungía de subcontralor pese a que semanas atrás había sido removido por Pólit.

Hoy en Punto Noticias, nos acompaña Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, señaló que en un informe previo que será entregado el 2 de julio de 2021 se apunta que de las 133 mil casas que supuestamente construyó el Gobierno de Lenín Moreno, en realidad existen 37 mil entre terminadas, en construcción y por ejecutar.

El presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi será la máxima autoridad de la CONAIE por los próximos tres años.

Leonidas Iza es el nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), tras ser electo con 821 votos en el VII Congreso que se celebró este fin de semana, en la localidad de Salasaca, provincia de Tungurahua.

Asimismo, Senaida Yasacama, candidata propuesta por la organización kichwa de Pastaza, Pakkiru, fue elegida como vicepresidenta de la organización indígena.

Para estos comicios hubo tres postulantes, debido a que de última hora Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice), declinó de su candidatura, por lo que las organizaciones votaron entre Leonidas Iza, María Andrade y Marco Guatemal.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) exhortó al contralor subrogante, Pablo Celi, a presentar su renuncia al cargo, con el fin de salvaguardar la institucionalidad del país.

En un comunicado suscrito por la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, se exhorta a Celi a dar un paso al costado antes de que decurran los tiempos requeridos en la normativa vigente para la intervención directa del organismo.

Según el Cpccs, la renuncia de Celi permitiría subsanar los conflictos en el ámbito jurídico y moral, y devolverla la confianza en la institucionalidad.

Además, permitiría que los servidores de la Contraloría puedan cumplir con sus labores sin el temor de verse cuestionados.

A pesar de permanecer detenido en la Cárcel 4, en Quito, por el presunto delito de delincuencia organizada, Celi sigue al frente de la Contraloría, debido a que el pasado 21 de junio, Valentina Zárate, quien ejercía las funciones de subcontralora y quedó a cargo del ente de control renunció.

La justicia negó el tercer intento de Pablo Celi de salir de prisión preventiva, con lo que podría perder el cargo por ausencia.

El contralor General del Estado (s), Pablo Celi, seguirá en la cárcel 4 de Quito, luego de que el juez Felipe Córdova negó la revocatoria de la prisión preventiva que pesa en su contra, dentro del caso por presunta delincuencia organizada.

Es el tercer intento fallido de Celi para defenderse en libertad. La justicia negó la apelación a la prisión preventiva y rechazó un Habeas Corpus.

El aún Contralor fue detenido el 13 de abril pasado y es investigado dentro del caso Las Torres, junto a su hermano Esteban, el hermano del fallecido exsecretario José Augusto Briones y otros. La Fiscalía investiga el desvanecimiento de cinco glosas en favor de la empresa Nolimit, proveedora de Petroecuador.

Los representantes de Pachakutik rechazaron la decisión del Gobierno de suscribir un convenio de adhesión al CIADI.

El movimiento Pachakutik reclamó al Gobierno nacional por no pronunciase sobre el incremento gradual del precio de los combustibles y exigieron su congelamiento, ya que consideraron que esta medida está afectando a la economía de los ecuatorianos.

Este llamado se realizó durante una rueda de prensa celebrada este martes 22 de junio, en la que participaron los asambleístas Rafael Lucero, Salvador Quishpe y el coordinador del movimiento, Marlon Santi.

En sus declaraciones, los dirigentes se refirieron, entre otras cosas, al incremento de los precios de los combustibles y denunciaron que el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre este tema, pese a que en dos días se cumplirá el primer mes del nuevo Gobierno.

Valentina Zárate presentó su renuncia como Subcontralora General del Estado

Este lunes 21 de junio, la subcontralora General del Estado, Valentina Zárate, presentó su renuncia irrevocable al cargo que ejercía desde el 04 de marzo del 2020. Ella fungió como reemplazo del contralor subrogante, Pablo Celi, quien es investigado por varias irregularidades en esta entidad.

Zárate aclaró que, desde la detención de Pablo Celi, el 14 de abril del 2021, ella fue designada como Contralora subrogante durante 60 días, pero luego de que caducó la licencia que se otorgó a favor de Celi, el 12 de junio, su periodo de subrogación también concluyó.

“Dado que no existe un acto administrativo que me haya otorgado, nuevamente, la calidad de Contralora subrogante, me encuentro actuando, por tanto, desde el 12 de junio del 2021, como Subcontralora General del Estado”. comento Zárate

De la misma manera, aclaró que, desde la fecha que culminó su subrogación, no suscribió ningún documento y lo único que realizó fueron acciones de coordinación interna. 

Son más de tres semanas que esperan a que el juez dé a conocer su resolución sobre el habeas data solicitado

El 20 de junio de 2019 Ola Bini obtuvo un Habeas Corpus a su favor y dejó la prisión preventiva que tuvo por 70 días. Dos años después, aún no se resuelve su caso y el informático sueco reclamó que continúa la permanente violación a sus derechos.

Su defensa ha rechazado las dilaciones a lo largo del proceso. Hasta la fecha, más de tres semanas después de la audiencia, aún que el juez dio a conocer su resolución sobre el recurso de habeas data solicitado.

El pasado 22 de abril, el informático y su abogado, Carlos Soria, esperaban ya contar con una respuesta al recurso planteado en octubre de 2020, pero los días han pasado y aún no conocen la resolución.

Con este recurso, Bini quiere verificar si existe o no una orden judicial para los seguimientos de los que ha sido sujeto.

“La responsabilidad de Áñez y Moreno no puede quedar impune”, aseguró el Ministro de Justicia boliviano.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima, informó que la investigación que se lleva adelante en Ecuador, en contra el expresidente de la República, Lenín Moreno, por el presunto préstamo de municiones militares para disuadir a manifestantes en el 2019, no es la única; ya que, el Gobierno boliviano buscará que procesen estas denuncias en instancias internacionales.

Lima recalcó que Moreno, y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, deben ser procesados por delitos de “lesa humanidad”, debido a que en este país también se denunciaron abusos por parte de la fuerza pública.

En Ecuador, el legislador de UNES, Fausto Jarrín, ya presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que se investigue al expresidente Moreno y a la exministra de Gobierno, María Paula Romo, por una presunta entrega de gases lacrimógenos y proyectiles de distintos tipos para el uso de la fuerza pública boliviana contra la población civil y la participación en el golpe de Estado en Bolivia en el año 2019.