Esta semana el editorial del periódico de mayor tirada en Canadá, The Toronto Star, destaca que en 2014, los conservadores continuaron con su tranquila devolución de poderes federales hacia las provincias, a un alto costo para nuestra ciudadanía compartida.
En 2005, Stephen Harper, entonces líder de la oposición en el parlamento canadiense, propuso un nuevo tipo de dinámica federal-provincial que él llamó un "federalismo abierto".
Harper prometió que si era elegido los conservadores actuarían como socios de las provincias y no como patrones. También prometió que pondría fin a la práctica liberal de imponer una agenda mediante transferencias con condiciones, y pondría fin al conflictivo ambiente que había caracterizado las relaciones federales-provinciales durante décadas.
Harper prometió que un gobierno conservador proporcionaría una "plena cooperación con todos los niveles de gobierno, aclarando al mismo tiempo las funciones y responsabilidades de cada uno."
Este discurso sonó bien, sobre todo para Quebec, que desde hace tiempo pedía transferencias sin condiciones. Los votantes en esa provincia le dieron la victoria a los conservadores en 2006.
Sin embargo, ocho años más tarde, y particularmente al acabar el 2014, la promesa del primer ministro Harper, de una "plena cooperación" con las provincias, se ve ahora particularmente tragicómica.