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La economía mexicana se encuentra en una encrucijada donde convergen presiones externas e internas que podrían definir su rumbo en los próximos años. El reciente anuncio de Donald Trump sobre posponer la renegociación del T-MEC hasta 2026 ha traído un respiro temporal al peso mexicano, que ha mostrado una notable recuperación fluctuando entre 18.50 y 18.90 pesos por dólar. Esta noticia refleja que, contrario a narrativas alarmistas, Trump parece más interesado en la cooperación de México contra el narcotráfico y la migración ilegal que en perjudicar nuestra economía.

Sin embargo, el panorama interno presenta señales preocupantes que no podemos ignorar. Mientras el gobierno celebra supuestos logros económicos, los datos del Seguro Social revelan una constante pérdida de empleos formales y una reducción en el número de patrones registrados. Esto ocurre en un contexto de creciente centralización del poder político, donde un solo grupo controla los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de instituciones clave como el INE, el Tribunal Electoral y el Banco de México. Esta concentración de poder genera dudas legítimas sobre la independencia de organismos como el INEGI y la veracidad de las cifras oficiales.

La realidad económica no se doblegará ante decretos políticos. Por más que se intente imponer aumentos salariales, reducción de jornadas laborales o control de precios inmobiliarios, como en el caso de la gentrificación en la Ciudad de México, la economía continuará respondiendo a sus propias leyes. El resultado de estas intervenciones arbitrarias es predecible: menor inversión, estanflación y ampliación de la brecha entre ricos y pobres. Mientras aquellos con educación financiera podrán proteger su patrimonio, la mayoría enfrentará un deterioro en su calidad de vida si no tomamos medidas para defendernos individualmente de esta tormenta económica que apenas comienza.

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