Bernardo Garrido y Pedro Manuel González hablan del control por los tribunales de las normas y medidas de regulación del estado de alarma. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene establecido que la decisión del declarar el estado de alarma, dado su contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisión o disposición con valor de ley y, por tanto, excluida del control directo de los tribunales ordinarios.

La única forma directa de impugnar el Decreto es ante el TC a través del recurso de inconstitucionalidad que no podemos presentar el común de los mortales porque:

-La cuestión de incostitucionalidad solo la pueden presentar los jueces y magistrados que resuelvan sobre su aplicación en asuntos concretos, elevándola al TC, no resolviendo sobre ella.

-El recurso de inconstitucionalidad solo lo pueden presentar: El Presidente del Gobierno, el defensor del pueblo o los partidos políticos a través de sus diputados o senadores, los gobiernos de las CCAA o sus asambleas.

-De modo que el recurso de amparo de los ciudadanos solo queda constreñido a los actos derivados de la aplicación del estado de alarma tras agotar la vía ordinaria por rebasar el contenido del decreto (no el contenido constitucional) o a impugnar las órdenes ministeriales y reglamentos por el mismo motivo, es decir dejando intangible el del propio decreto.

Por tanto nos encontramos ante la grave situación de que el único control constitucional es por el filtro último de voluntades políticas que es el TC, inconstitucionalidad que no pueden declarar directamente los jueces ordinarios y al que además tienen acceso solo la clase política y nunca los ciudadanos.

Han intervenido Pedro Manuel González autor del "La Justicia en el Estado de partidos" y Bernardo Garrido, abogado en ejercicio.