Amy Goodman y Denis Moynihan

Hemos estado escribiendo esta columna semanal durante casi veinte años. Esta será la última que se publique de manera sindicada a través de la agencia King Features. A lo largo de estos años, hemos procurado mantenernos fieles al propósito original de este espacio, el de “romper la barrera del silencio”: dar lugar a las voces que los medios hegemónicos excluyen, informar sobre los movimientos que impulsan el cambio y exigir rendición de cuentas a quienes ejercen el poder, sin importar su filiación partidaria. Uno de nuestros objetivos, además de servir a nuestros lectores y a los periódicos que durante todo este tiempo han difundido esta columna, ha sido inspirar a otros periodistas a hacerse eco de nuestras coberturas. A esto lo llamamos periodismo “desde las bases”, un enfoque que pone en primer plano las luchas de las organizaciones de base, que con demasiada frecuencia quedan marginadas del debate público.

Aunque dejamos esta plataforma específica de distribución semanal, nuestro trabajo continúa, como lo exige el momento actual. Democracy Now!, el informativo diario de televisión, radio e internet que producimos de lunes a viernes, cumplirá 30 años en febrero. Transmitido en más de 1.500 emisoras de todo el mundo y con una audiencia cada vez mayor de millones de personas en múltiples plataformas digitales, el programa se ha consolidado como un actor clave en el floreciente ecosistema de los medios de comunicación sin fines de lucro, en momentos en que el periodismo enfrenta una crisis multidimensional.

En noviembre, la Escuela de Periodismo Medill de la Northwestern University publicó su “Informe sobre el Estado de las Noticias Locales 2025”. A partir de datos recopilados durante 20 años, Medill señala que, desde 2005, cerca de 3.500 periódicos han dejado de imprimirse. Durante ese mismo lapso, han desaparecido más de 270.000 empleos en la prensa escrita, lo que representa el 75% del total. Hoy quedan menos de 100.000 puestos de trabajo activos en ese campo del periodismo.

En el contexto de esta transformación del periodismo en papel, muchas personas, en particular los jóvenes, acuden al ámbito digital para informarse. El Centro de Investigaciones Pew informó recientemente que “el 38% de quienes tienen entre 18 y 29 años […] se informan a través de ‘influencers’ de noticias”, es decir, no de periodistas, sino de personas con numerosos seguidores en redes sociales.

Allí, los contenidos suelen difundirse sin verificación previa, son cada vez más vulnerables a sofisticadas falsedades y distorsiones generadas mediante inteligencia artificial y circulan impulsados por algoritmos opacos diseñados y liberados a escala global por un reducido grupo de corporaciones de enorme poder, como Google, Facebook y X, la red social de Elon Musk.

Las condiciones necesarias para ejercer el periodismo también se están deteriorando. El presidente Donald Trump ha calificado numerosas veces a la prensa como “el enemigo del pueblo”. La retórica violenta del mandatario estadounidense tiene consecuencias tangibles: sus simpatizantes han insultado, hostigado e incluso agredido físicamente a periodistas.

Cuando la periodista de la cadena ABC Rachel Scott le preguntó a Trump si el Gobierno iba a publicar el video completo del doble ataque letal que el Pentágono llevó a cabo el 2 de septiembre contra una embarcación en el mar Caribe, el presidente respondió: “Usted es la periodista más detestable de esta sala. […] Es, de hecho, una pésima periodista”.

Asimismo, Trump calificó recientemente de “estúpida” a la corresponsal de la cadena CBS Nancy Cordes. De igual modo, el presidente tildó de “fea” a la reportera del periódico The New York Times Katie Rogers, y cuando la periodista del medio Bloomberg News Catherine Lucey le preguntó acerca de la divulgación de los archivos sobre el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, Trump le contestó: “Cállese, cerdita”.

El 2 de noviembre, el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, Naciones Unidas centró su atención en los ataques contra mujeres periodistas y destacó que “el 73% de las mujeres periodistas encuestadas dijeron que habían sido amenazadas, intimidadas e insultadas en línea en relación con su trabajo”.

El Comité para la Protección de los Periodistas documentó que 126 periodistas y trabajadores de los medios murieron en situaciones violentas debido al ejercicio de su profesión en 2025, una cifra alarmante. Gaza sigue siendo el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. La matanza de periodistas palestinos por parte de Israel ha alcanzado niveles sin precedentes: más de 200 desde octubre de 2023. México, Sudán y Yemen también han sido escenarios mortales para la prensa.

A pesar de este sombrío panorama, hay señales de esperanza. La escuela de periodismo Medill contabilizó “cerca de 700 sitios de noticias digitales independientes, más de 850 sitios de noticias digitales operados en red y más de 650 medios informativos étnicos y en idiomas extranjeros”, iniciativas periodísticas que han surgido para cubrir el vacío provocado por el derrumbe de los medios tradicionales, pilares del periodismo durante siglos.

En el marco de las celebraciones por el aniversario número 30 de Democracy Now!, recorreremos Estados Unidos con la presentación del nuevo y extraordinario documental sobre el programa, que lleva el nombre de uno de nuestros lemas: “Steal this story, please!” (¡Roba esta historia, por favor!), dirigido por los cineastas nominados al Óscar Tia Lessin y Carl Deal. Realizaremos eventos de recaudación de fondos en apoyo a las emisoras públicas de radio y televisión, que intentan recomponerse tras la repentina cancelación por parte del Gobierno de Trump de los fondos federales que deberían asignarse a estos medios, y daremos cuenta de cómo las personas se están organizando en sus comunidades.

Democracy Now! comenzó su emisión en radio Pacífica, la red de radios comunitarias fundada en 1949 para ofrecer una alternativa al panorama cada vez más mercantilizado de los medios de comunicación, los cuales, como dijo una vez el fallecido George Gerbner —decano emérito de la Escuela de Comunicación Annenberg—, “no tienen nada que contar y mucho que vender, y están criando a nuestros hijos”.

Creemos firmemente que quienes se preocupan por la guerra y la paz, quienes se preocupan por la justicia racial, económica y social, por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y por la crisis climática no son una minoría marginal, ni siquiera una mayoría silenciosa, sino una mayoría silenciada, invisibilizada por los medios corporativos.

Nuestro trabajo es romper la barrera del silencio, ser la voz disidente frente a los poderosos.

© 2026 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

Esta semana hemos aprendido una nueva lección sobre cómo la concentración de la propiedad de los medios de comunicación corporativos corrompe la democracia. Un informe sobre las experiencias de varios hombres venezolanos que fueron deportados por el Gobierno de Trump —encadenados— a la tristemente célebre cárcel CECOT de El Salvador iba a ser transmitido por “60 minutos”, el programa insignia de la cadena CBS. La nueva editora en jefe de dicho medio, Bari Weiss, decidió cancelar la emisión del segmento. Esta censura deja al descubierto una red de conflictos de intereses y demuestra, una vez más, que la democracia depende de medios de comunicación independientes sólidos, que actúen como un auténtico cuarto poder y no “al servicio del poder”.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, es una prisión de El Salvador que fue construida en 2022 en el marco de las medidas represivas impulsadas por el presidente Nayib Bukele supuestamente destinadas a combatir la violencia de las pandillas. Bukele, quien se autodenomina “el dictador más 'cool' del mundo”, es un presidente autoritario que recurre a los encarcelamientos masivos y a prácticas de tortura en el CECOT como una herramienta de control social. Trump, a quien le encantan los mandatarios que lo elogian, es un ferviente admirador de Bukele.

El Gobierno de Trump acordó pagar a El Salvador cerca de cinco millones de dólares para que recibiera en sus prisiones a personas deportadas desde Estados Unidos. En marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional trasladó varios prisioneros al CECOT de forma secreta, incumpliendo una orden emitida por un tribunal federal. Entre estos prisioneros se encontraba el salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado ilegalmente, y al menos 252 hombres venezolanos. Muchos de los ciudadanos venezolanos fueron posteriormente enviados de regreso a su país natal como parte de un intercambio que implicó la liberación de diez prisioneros estadounidenses por parte del Gobierno de Venezuela. Gran parte de lo que sabemos sobre las condiciones que se viven en el CECOT proviene del testimonio de estos hombres y de las pruebas recopiladas por investigadores de derechos humanos.

El informe cancelado del programa “60 minutos” ya había sido enviado a Canadá, donde el programa se transmite semanalmente, y se emitió allí según lo programado. Una grabación del segmento estuvo rápidamente disponible en internet y se viralizó.

El segmento comienza con un relato de la corresponsal Sharyn Alfonsi:

“Todo comenzó tan pronto aterrizaron los aviones. Los hombres expulsados de Estados Unidos pensaban que se dirigían de regreso a Venezuela. Sin embargo, fueron encadenados de pies y manos, exhibidos ante las cámaras y llevados a la tristemente célebre prisión de máxima seguridad de El Salvador llamada CECOT, donde, según contaron a “60 minutos’, soportaron cuatro meses de infierno.

¿Pensaron que iban a morir allí?”.

Luis Muñoz Pinto: “Honestamente, creíamos que ya éramos como muertos en vida”.

¿Por qué Bari Weiss canceló la emisión del segmento? Según se informa, la editora en jefe de CBS alegó que el reportaje necesitaba incorporar más voces del Gobierno de Trump. Sin embargo, Alfonsi y su equipo ya habían pedido declaraciones a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional. En un correo electrónico de circulación interna, Alfonsi escribió: “Si la negativa del Gobierno a dar declaraciones se convierte en un motivo válido para cancelar la emisión de un reportaje, les habremos entregado un “botón de apagado” para cualquier cobertura periodística que les resulte incómoda”.

Es importante recordar que, en noviembre de 2024, Trump presentó una demanda contra la cadena CBS por una entrevista del programa “60 minutos” con Kamala Harris, que, según el mandatario estadounidense, fue editada de manera selectiva para favorecer la campaña presidencial de su entonces oponente. Aunque expertos legales afirmaron que CBS habría podido obtener fácilmente un fallo favorable en ese caso, Paramount, la empresa matriz de CBS, aspiraba en ese entonces a ser adquirida por la compañía de medios Skydance, propiedad del hijo del multimillonario aliado de Trump Larry Ellison. En ese marco, Paramount aceptó pagar 15 millones de dólares para resolver la demanda interpuesta por Trump y la fusión entre Paramount y Skydance fue luego aprobada por el Gobierno de Trump.

Poco después, los Ellison compraron por 150 millones de dólares el portal de noticias de derecha de Bari Weiss y designaron posteriormente a esta como editora en jefe de CBS News.

Larry Ellison y su hijo David buscan sumar ahora una nueva pieza a su imperio mediático y están intentando adquirir Warner Bros. Discovery a través de un proceso de adquisición no consentido. Warner Bros. Discovery, que es propietaria de HBO y CNN, entre otros medios, desestimó la oferta de los Ellison y optó por una propuesta alternativa de Netflix, la cual no contempla HBO ni CNN.

Ninguna de estas fusiones resulta favorable para la sociedad, porque un número cada vez menor de gigantes mediáticos está absorbiendo cada vez más y más medios, lo que reduce las opciones de la audiencia y debilita la capacidad de los creadores —guionistas, actores, directores, entre otros— para reclamar condiciones justas. Trump ha dicho que tiene la intención de intervenir en esta disputa y que podría recurrir a la autoridad reguladora del Gobierno para inclinar la balanza a favor de uno de los compradores, una práctica eminentemente deshonesta.

Por este motivo, tanto Netflix como el conglomerado Paramount Skydance de los Ellison tienen interés en ganarse el favor de Trump.

Y ahí radica la razón por la cual la cadena CBS, propiedad de Paramount Skydance, decidió censurar un segmento clave del programa “60 minutos” que exponía como Estados Unidos trasladó a hombres inocentes a un opaco centro de detención en el extranjero donde fueron sometidos a torturas.

Alexa Koenig, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley, dijo a Democracy Now!: “Uno de los principios éticos fundamentales del periodismo es buscar la verdad y dar cuenta de ella”. Koenig fue entrevistada en el programa “60 minutos” a propósito de la investigación realizada por el Centro de Derechos Humanos sobre las torturas y los abusos en el CECOT. “Este es un momento crucial en la política estadounidense, un momento crucial en el que la ciudadanía debe conocer los hechos y la verdad sobre lo que se ha consumado en su nombre, y también sobre cómo se está utilizando el dinero de los contribuyentes”.

Los medios informativos no deberían estar sometidos a un control corporativo corrupto y al servicio de políticos y jefes empresariales multimillonarios. Cuando eso sucede, muere la democracia y surgen los dictadores.

La sociedad necesita, y debe exigir, medios de comunicación genuinamente independientes.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

El sábado 13 de diciembre por la tarde, un hombre armado irrumpió en un aula de la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence, estado de Rhode Island, y comenzó a disparar. El atacante mató a dos estudiantes y dejó heridos a otros nueve, y luego escapó. El jueves por la noche, las autoridades policiales encontraron el cuerpo del sospechoso de haber perpetrado el tiroteo, aparentemente muerto por suicidio, en el estado de New Hampshire.

Según la organización Gun Violence Archive, este fue el tiroteo masivo número 389 registrado en territorio estadounidense desde el inicio de 2025. Desde entonces se han producido al menos cuatro más. La violencia con armas de fuego no es exclusiva de Estados Unidos, pero la escala y la recurrencia con que ocurren este tipo de hechos en ese país no tienen parangón en el resto del mundo. La industria de las armas y su lobby han convertido a los 50 estados de Estados Unidos en una zona liberada para el uso de armas de fuego, un campo de exterminio en el mismo país donde, hace 250 años, sus fundadores proclamaron que “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” son derechos inalienables. Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, los dos estudiantes que murieron en el ataque, fueron despojados para siempre de esos derechos. Mientras tanto, seis de los nueve estudiantes que resultaron heridos permanecen hospitalizados y uno de ellos se encuentra en estado crítico.

Los tiroteos masivos, especialmente en centros educativos, se han vuelto tan comunes en Estados Unidos que crece el número de personas que han sobrevivido no a uno, sino a dos de ellos. Democracy Now! entrevistó a dos de estas sobrevivientes tras el tiroteo en la Universidad de Brown.

Zoe Weissman, una estudiante de segundo año de esa institución, expresó: “Como ya he procesado todo el dolor y la tristeza antes —he estado lidiando con eso durante los últimos siete años—, la emoción predominante que me embarga en este momento es la ira”. En 2018, Zoe se encontraba cursando el secundario en la escuela Westglades, en la localidad de Parkland, estado de Florida, en un edificio contiguo a la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde, el Día de San Valentín de ese año, un exalumno de ese centro educativo llegó con un rifle de asalto del tipo AR-15 y mató a 17 personas —la mayoría estudiantes—, además de dejar heridas a otras 18.

Durante la entrevista con Democracy Now!, Zoe agregó: “Si los políticos realmente quieren demostrar que se preocupan por los residentes a quienes representan y aspiran a ser reelegidos, deben impulsar de manera conjunta la aprobación de leyes federales para prevenir la violencia con armas de fuego. Si no lo hacen, nos aseguraremos de sacarlos de sus cargos en futuras elecciones, porque somos el único país donde ocurre esto”.

Mia Tretta es estudiante de tercer año en la Universidad de Brown. El 14 de noviembre de 2019, un compañero de secundaria le disparó con una pistola en la escuela secundaria Saugus, situada en la ciudad de Santa Clarita, en el estado de California. El atacante mató a su mejor amigo y a otra estudiante e hirió a dos más antes de quitarse la vida.

En conversación con Democracy Now!, Mia dijo: “Llegué a Brown con la experiencia de haber recibido un disparo en el estómago a los 15 años. Cuando vives algo tan horrible y aterrador como un tiroteo escolar, quieres encontrar la mayor sensación de seguridad posible, porque, al menos en mi caso, alguien a quien ni siquiera conocía me arrebató por completo la inocencia y la infancia. Una de las principales razones por las que elegí Brown fue la seguridad que sentí en el campus, el sentido de comunidad que encontré allí, y el hecho de que Rhode Island es un estado tradicionalmente demócrata que valora las leyes que regulan la tenencia y el uso de armas de fuego”.

Desde que sobrevivió al tiroteo en su escuela secundaria, Mia se ha convertido en una incansable activista por el control de armas. En 2022, cuando tenía 18 años, la joven alzó su voz en la Casa Blanca:

“Las armas no registradas, las “armas fantasma”, son imposibles de rastrear. […] Como estudiante, no solo tengo que preocuparme por los exámenes de español, sino también por mi propia vida. Los tiroteos en escuelas con 'armas fantasma' están aumentando. Además de haber perdido amigos y ver destruida mi juventud, lo más perdurable que he aprendido a partir de mi experiencia es que nada ha aliviado tanto el dolor de mi corazón como trabajar para prevenir más tiroteos sin sentido”.

Al igual que Mia, Zoe Weissman promete actuar:

“Somos un grupo de estudiantes muy activos políticamente. Creo que, cuando volvamos al campus a mediados o finales de enero, los estudiantes vamos a poner en marcha una acción conjunta de gran alcance. Creo que hablo por todos al decir que estamos indignados y dispuestos a hacer algo, no solo a nivel estatal, sino también a nivel federal”.

La Corte Suprema de Estados Unidos prevé examinar lo que se ha descrito como una “avalancha” de casos relacionados con la Segunda Enmienda de la Constitución, entre ellos uno que impugna una ley estatal de Illinois que prohíbe los rifles de asalto del tipo AR-15, el arma predilecta de los autores de tiroteos masivos. Otros casos abordan si se puede restringir el derecho a portar armas a determinadas categorías de personas, como quienes tienen condenas por delitos graves, quienes padecen adicciones habituales o quienes son menores de 21 años. Si los antecedentes sirven de guía, es probable que la mayoría derechista del alto tribunal estadounidense determine, por seis votos contra tres, que cualquier forma de control de armas es inconstitucional.

Por lo tanto, la organización de base y la movilización popular serán claves para frenar este flagelo estadounidense de la violencia armada a gran escala.

“Estados Unidos es el único país en el mundo que considera la violencia con armas de fuego como un hecho de la vida, y eso es absurdo”, dijo Mia Tretta, de 21 años. “No existe ningún país en el mundo en el que sea normal caminar por la calle y tener miedo, o estar sentado en un salón de clases y que te disparen y te maten. Esto no debería suceder”.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

Este mes se cumple el 70 aniversario del arresto de Rosa Parks por negarse a cederle su asiento a un hombre blanco en un autobús de la ciudad de Montgomery, en el estado de Alabama. El valiente acto de Parks desencadenó el histórico boicot de autobuses en Montgomery —una protesta contra la política de segregación racial en el sistema de transporte público de esa ciudad—, impulsó la trayectoria de un joven predicador llamado Martin Luther King Jr. y cambió el curso de la historia. Acontecimientos tan notables como ese boicot se celebran hace mucho tiempo en Estados Unidos como momentos trascendentales en la lucha por los derechos civiles que están impregnados en el tejido social y en la vida cívica del país. El presidente Donald Trump y sus colaboradores del movimiento MAGA buscan borrar esta historia al desmontar símbolos de avances obtenidos con enorme esfuerzo y tergiversar la historia estadounidense a favor de la raza blanca para ajustarla a su agenda nacionalista y cristiana.

Un ejemplo de ello son los cambios recientes en la lista de días en los que Servicio de Parques Nacionales no cobra tarifa de entrada a sus parques. El cumpleaños de Martin Luther King Jr. y la celebración conocida como “Juneteenth”, o Día de la Liberación, han sido retirados de la lista, a la que se ha incorporado el día del cumpleaños de Trump. Se suprimieron así de la lista de ingreso gratuito a los parques los únicos dos feriados federales que honran la historia negra de Estados Unidos que es, en esencia, la historia del país.

Otros ejemplos de la campaña que Trump y sus aliados están llevando adelante incluyen la restauración de monumentos de la Confederación derribados durante las protestas por la justicia racial que estallaron en 2020 tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía, así como la reversión del cambio de nombre de bases militares que ostentaban denominaciones en honor a oficiales de la Confederación. “Se terminó la basura 'woke'”, ha dicho al respecto el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La campaña de discriminación e invisibilización impulsada por Trump no se limita a temas relacionados con la raza. A pocas semanas de su asunción como presidente, el Servicio de Parques Nacionales eliminó la letra “T” —que hace referencia a las personas trans— de todas las menciones de la sigla “LGBT” que aparecen en el sitio web del Monumento Nacional Stonewall. El activismo transgénero tuvo un papel protagónico en la histórica rebelión de Stonewall, reconocida como punto de partida del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+. El levantamiento ocurrió en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en los alrededores del Stonewall Inn, un bar para personas de diversas orientaciones sexuales y de género que fue atacado por la policía de la ciudad de Nueva York el 28 de junio de 1969. En los últimos años, Trump ha incitado a una transfobia feroz como parte de una estrategia destinada a canalizar ese odio para obtener poder político.

La festividad de “Juneteenth” o Día de la Liberación, que se celebra el 19 de junio, conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. El 19 de junio de 1865, el mayor general Gordon Granger, del Ejército de la Unión, ordenó la emancipación de las personas esclavizadas en el estado de Texas. El Día de la Liberación es considerado la festividad afroestadounidense que lleva más tiempo celebrándose de forma ininterrumpida y es el feriado federal de creación más reciente.

Lograr que el cumpleaños de Martin Luther King Jr. se convirtiera en un día festivo llevó varias décadas de lucha. Se celebró por primera vez como feriado federal en 1986, pero muchos estados se resistieron a implementarlo, entre ellos Carolina del Sur, que fue el último en hacerlo y no lo incorporó hasta 2020. Hasta el día de hoy, Alabama y Misisipi celebran de forma oficial el día festivo como una conmemoración conjunta del cumpleaños de Martin Luther King y del general confederado Robert E. Lee.

Eliminar el Día de Martin Luther King y el “Juneteenth” de los días de acceso gratuito a los parques nacionales de Estados Unidos no es un gesto trivial. Expresa un racismo y una intolerancia que el propio Gobierno promueve y legitima, que se originan en el Despacho Oval y se irradian por todo el aparato estatal, los medios de comunicación y la sociedad en general.

En su libro “La vida rebelde de la señora Rosa Parks”, la profesora Jeanne Theoharis escribe que la activista no permaneció sentada en aquel autobús porque volvía cansada de su trabajo como costurera. Rosa Parks era secretaria de la delegación en Montgomery de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y había recibido capacitación para la resistencia no violenta en el renombrado Centro Highlander de Tennessee, que era frecuentado por personas como Martin Luther King y el activista y cantante de música folk Pete Seeger como parte de su trabajo para la construcción de un movimiento por la justicia racial y económica.

Rosa Parks tampoco fue la primera. A principios del mismo año, Claudette Colvin, de 15 años, también fue arrestada en Montgomery por negarse a ceder su asiento del autobús a una mujer blanca. Décadas después, durante una entrevista con Democracy Now!, Colvin recordó aquel día: “No podía moverme, porque la historia me había pegado al asiento […]. Porque sentía como si las manos de Sojourner Truth me estuvieran presionando un hombro y las manos de Harriet Tubman me estuvieran presionando el otro, y no podía moverme”.

La historia importa. La historia inspira. Donald Trump lo sabe y está intentando purgar de la historia las luchas progresistas, libradas por las comunidades de color y otros grupos marginados.

Mientras tanto, avances clave que tardaron décadas, incluso siglos, en lograrse, están siendo desmantelados a toda velocidad. La Corte Suprema de Estados Unidos está promoviendo sin disimulo la agenda del movimiento MAGA, con decisiones como la reciente aprobación de un mapa congresual de Texas que fue manipulado para restar representación a las comunidades de color y que contraviene claramente la Ley de Derecho al Voto de 1965. Ni la Constitución ni los precedentes legales parecen interponerse en el camino de la mayoría derechista del alto tribunal estadounidense, que continúa aprobando, una tras otra, las medidas dañinas promovidas por Trump.

“El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”, decía a menudo Martin Luther King. En la carta titulada “Carta desde la cárcel de Birmingham”, King criticó no solo “las palabras y acciones odiosas de las personas malas, sino también […] el espantoso silencio de las personas buenas”.

El autoritarismo cobra fuerza, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, alimentado por demagogos como Trump. No queda otra opción que resistir.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asegura que él no tuvo nada que ver con la muerte de dos personas que se estaban aferrando a los restos de su embarcación tras sobrevivir a un ataque con misiles que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo el 2 de septiembre en el mar Caribe. Un primer bombardeo había matado a la mayoría de las once personas que iban a bordo de la embarcación. El periódico The Washington Post, citando varias fuentes no identificadas, informó que dos personas sobrevivieron y que el oficial a cargo de la operación ordenó un segundo ataque para cumplir con la directiva de Hegseth de “matar a todos”. Expertos legales y militares han considerado que estas acciones, así como al menos otros 20 ataques letales posteriores contra diversas embarcaciones, constituyen crímenes de guerra.

El presidente Donald Trump ha afirmado, sin aportar pruebas, que las personas atacadas eran narcotraficantes y, por ende, “terroristas” con quienes Estados Unidos está en guerra.

David Cole, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, dijo a Democracy Now!: “Toda esta operación, desde su inicio, es ilegal. No es legal dirigir ataques de forma premeditada contra personas solo porque se presume que están involucradas en actividades delictivas. […] Además se está atacando a quienes logran sobrevivir a estos bombardeos, personas que no representan ninguna amenaza para Estados Unidos, que simplemente intentan luchar por sus vidas y a quienes las fuerzas armadas [estadounidenses] atacan y matan a sangre fría”.

El periodista del portal The Intercept Nick Turse fue el primero en informar, una semana después del ataque, sobre la muerte de los dos sobrevivientes en el segundo bombardeo. En su artículo, Turse escribió:

“Un alto funcionario del Pentágono […] afirmó que el bombardeo [de la embarcación] en el Caribe fue un ataque criminal contra civiles y que el Gobierno de Trump allanó el camino para realizarlo al destituir a los principales asesores jurídicos del Ejército y la Fuerza Aérea a comienzos de este año”.

Durante una entrevista que mantuvo el 3 de septiembre con el programa de televisión Fox & Friends, Hegseth presumió del ataque: “Sabíamos exactamente quiénes estaban en esa embarcación. Sabíamos exactamente lo que estaban haciendo”.

El artículo publicado por The Washington Post provocó inquietud en el Congreso, tanto en filas demócratas como republicanas, y dio pie a investigaciones para determinar si los ataques constituyen crímenes de guerra. El domingo, ante la pregunta de un periodista sobre el bombardeo del 2 de septiembre, Trump respondió: “No hubiera querido eso, no hubiera querido [que se efectuara] un segundo ataque”.

Hegseth pareció haber recibido el mensaje. En una reunión de gabinete celebrada el 2 de diciembre, sentado junto a Trump, el secretario de Defensa afirmó: “Vi ese primer ataque en vivo. Como pueden imaginar, en el Departamento de Guerra tenemos muchas cosas que hacer. Así que no me quedé [hasta el final]”.

Hegseth sostuvo que la decisión de matar a los sobrevivientes provino del oficial al mando de la operación, el almirante Frank “Mitch” Bradley.

En declaraciones que brindó a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump agregó más detalles sobre su política de atacar embarcaciones: “Solo miren las cifras. […] Cada una de estas embarcaciones es responsable, en promedio, de la muerte de 25.000 estadounidenses”.

Al igual que con todos los aspectos de esta política asesina, Trump no presentó pruebas que respaldaran ese cálculo. Se sabe muy poco sobre estas embarcaciones; no está claro si participan en actividades delictivas o si se trata de barcos de pesca o de otro tipo. Las autoridades de República Dominicana informaron que se recuperó una tonelada, o 1.000 kilogramos, de cocaína de los restos de uno de los barcos bombardeados por Estados Unidos.

Esa cantidad, si es correcta, pone de manifiesto la hipocresía de las políticas impulsadas por Trump. El mandatario estadounidense acaba de conceder el indulto al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por tráfico de cocaína a 46 años de prisión en Estados Unidos. Hernández, que apenas había cumplido algo más de un año de su condena, fue declarado culpable en 2024 de ingresar ilegalmente a Estados Unidos nada menos que 400 toneladas de cocaína. Esa cantidad alcanzaría para llenar más de 400 de los supuestos barcos “narcotraficantes” que Trump y Hegseth han estado bombardeando. Según la lógica matemática de Trump, el voluminoso contrabando de cocaína de Hernández habría causado la muerte de más de diez millones de estadounidenses.

Entonces, ¿por qué indultar a una persona condenada por un delito tan grave?

Trump anunció el indulto pocos días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, que se llevaron a cabo el domingo 30 de noviembre, y antes de que Hernández fuera liberado de prisión, algo que finalmente sucedió el lunes, Trump expresó su apoyo a Nasry Asfura, el candidato presidencial del partido de derecha al que pertenece Hernández, con la intención de sumar otro líder latinoamericano afín. Hasta este jueves, con el 80% de los votos escrutados, el candidato centrista Salvador Nasralla superaba a Asfura. Trump, al ver a su candidato favorito en desventaja, afirmó que las autoridades electorales de Honduras estaban intentando manipular los resultados.

Mientras tanto, en el Caribe se registra el mayor despliegue militar estadounidense en el hemisferio occidental desde la llamada “Crisis de los misiles de Cuba”, al tiempo que Trump intensifica sus amenazas contra Venezuela. El mandatario estadounidense ha vuelto a recurrir al pretexto del narcotráfico; acusó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de cocaína y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su arresto o condena.

Trump declaró recientemente que los ataques en territorio venezolano comenzarán “muy pronto”. En respuesta, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses —entre ellos el demócrata Tim Kaine, del estado de Virginia, y el republicano Rand Paul, del estado de Kentucky— presentaron la Resolución Conjunta 98 del Senado, que busca impedir que Estados Unidos emprenda acciones militares contra Venezuela sin la autorización del Congreso.

Mientras tanto, la familia de Alejandro Carranza Medina ha presentado una denuncia formal contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se alega que las fuerzas armadas estadounidenses lo mataron ilegalmente en su embarcación durante un ataque ocurrido el 15 de septiembre.

El 2 de diciembre, Hegseth alardeó: “Apenas hemos comenzado a atacar narcoembarcaciones y a enviar narcoterroristas al fondo del océano”. Esperemos que también comience pronto una investigación por crímenes de guerra contra Hegseth.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

La cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas de 2025, la COP30, celebrada en Belém, Brasil y conocida como “la COP de la Amazonia”, concluyó el 22 de noviembre. Poderosos “petroestados” y grandes países contaminantes lograron bloquear, en el acuerdo final de la cumbre, la inclusión de una hoja de ruta para abandonar gradualmente el uso de los combustibles fósiles. La COP30 es la trigésima “Conferencia de las Partes” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Más de 190 países llevan una década negociando, con escasos resultados, la implementación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015.

La alternativa al drástico giro adoptado en la COP30 —renunciar a la “hoja de ruta” que muchos países afectados por el cambio climático consideraban un punto innegociable o “línea roja”— era el posible colapso definitivo del Acuerdo de París. Las negociaciones globales sobre el cambio climático arrastran desde hace años fuertes tensiones, ya que el proceso requiere que países con recursos y objetivos muy dispares alcancen consensos. A pesar de que la crisis climática no deja de intensificarse y de que el ecosistema planetario del que todos dependemos para sobrevivir se acerca a un punto de no retorno, parece que el poder detrás de la industria de los combustibles fósiles, encarnado tanto por países como Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí como por las corporaciones petroleras multinacionales, está saboteando las medidas necesarias para combatir el cambio climático en pos de preservar su poder y proteger sus ganancias. Como consecuencia, miles de millones de personas en todo el mundo están siendo condenadas a una catástrofe climática.

Brandon Wu, director de políticas y campañas de la organización ActionAid USA, dijo a Democracy Now! tras la conclusión de la COP30: “Me enoja este resultado tan débil. Me enoja que los lobistas de la industria de los combustibles fósiles hayan circulado libremente por la sede [de la cumbre], mientras que el activismo indígena fue enfrentado con una represión militarizada. Estoy indignado con todos los Gobiernos que no defienden a su gente”.

Wu fue uno de los miles de representantes de la sociedad civil presentes en la cumbre sobre el clima que exigieron una transición justa y eficaz para abandonar el uso de los combustibles fósiles. Estos activistas comparten causa con los países más afectados por la crisis climática, como los pequeños Estados insulares dispersos por los océanos Pacífico e Índico, a los que el aumento del nivel del mar pone en riesgo su propia existencia. Vanuatu es un archipiélago del Pacífico compuesto por unas 80 islas, en el que viven más de 325.000 personas. Ralph Regenvanu, ministro de Cambio Climático de ese país, habló con Democracy Now! en la última mañana de negociaciones de la cumbre:

“Esta mañana temprano, la presidencia [de la COP30] nos informó que alrededor de 80 países establecieron una línea roja y se negaron a considerar cualquier mención a los combustibles fósiles en la declaración final de esta [trigésima] Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de esta COP”.

A lo largo de la cumbre se configuraron dos bloques. Uno de ellos, conformado por unos 80 países —entre ellos los principales productores de petróleo del mundo—, rechazó un plan de acción para eliminar gradualmente el uso de los combustibles fósiles. El otro grupo, integrado también por cerca de 80 países, incluido Vanuatu, reclamó que se incluyera. Con dos líneas rojas en pugna, el consenso parecía imposible.

Más de 1.800 científicos que integran el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el principal organismo internacional de investigación científica sobre el clima, han concluido que la temperatura global promedio no debe superar el umbral de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, con el fin de evitar los efectos más graves del cambio climático.

Durante la conversación que mantuvo con Democracy Now!, Regenvanu agregó: “Debemos respetar el consenso científico establecido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Debemos mantenernos firmes en el objetivo de [limitar el aumento de la temperatura global a] 1,5 grados Celsius. Pero hay varios países que tienen intereses estrechamente ligados a la industria de los combustibles fósiles, y no me refiero a sus poblaciones, sino a ciertos miembros de sus élites políticas. Estas personas están impidiendo el progreso de toda la humanidad. Es una consecuencia de este proceso, que tiene fallas”.

Los países que reclamaban un plan de acción para abandonar el uso de los combustibles fósiles terminaron cediendo y se conformaron con pequeños logros. Entre ellos, se incluyó un apartado que respalda una futura discusión sobre un mecanismo de “transición justa”, cuyo objetivo es garantizar que los derechos humanos desempeñen un papel en la respuesta a la crisis climática.

Pero, en definitiva, es necesario poner fin a los impactos de la actividad humana sobre el clima y, para lograrlo, debemos avanzar hacia el abandono del uso de los combustibles fósiles.

Colombia, un país productor de petróleo y carbón, ha ofrecido una alternativa. En el último día de las negociaciones de la COP30, Colombia y los Países Bajos anunciaron que serán coanfitriones de la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, que se llevará a cabo en abril de 2026 en la ciudad colombiana de Santa Marta.

La ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, dijo en la conferencia sobre cambio climático de la ONU: “La raíz de este problema son los combustibles fósiles. […] No podremos mirar a las generaciones futuras a los ojos si no hacemos algo ahora. No podemos aceptar una declaración que no aborde los problemas reales”.

Al promediar la COP30, Democracy Now! conversó con Kumi Naidoo, un activista sudafricano que luchó contra el apartheid en su adolescencia y que luego estuvo al frente de Amnistía Internacional y Greenpeace Internacional. Durante la entrevista, Naidoo expresó: “Una vez más, los intereses corporativos dominan por completo la cumbre. Hay 1.600 lobistas de la industria de los combustibles fósiles. Es toda una hazaña lograr que aquí se pronuncie la ahora expresión proscrita “combustibles fósiles” […], pero necesitamos un plan para su eliminación gradual. […] Sin duda, lucharemos para lograr tenerlo en abril del año que viene, en Colombia”.

Tras la COP30, mientras el proceso climático de la ONU avanza con dificultades, todas las miradas están puestas en la cumbre que se celebrará en Colombia, donde se espera dar impulso al movimiento global que ponga fin, de una vez por todas, a nuestra adicción a los combustibles fósiles.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

BELÉM, BRASIL–. La selva amazónica, a menudo descrita como “el pulmón del planeta”, rebosa vida. Miles de defensores del territorio amazónico, tanto de comunidades indígenas como activistas aliados de su causa, han viajado a la ciudad tropical brasileña de Belém —puerta de entrada a la Amazonia— para transmitir el mensaje de que la selva se encuentra en un una situación crítica, pero que todavía es posible salvarla.

La atención de estos miles de activistas está puesta en la COP30, la trigésima “Conferencia de las Partes” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), un instrumento oficial que se creó tras la Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, con el propósito de negociar e implementar un tratado a nivel mundial destinado a limitar el aumento de la temperatura global causado por la actividad humana. Treinta y tres años después, las negociaciones avanzan a un ritmo peligrosamente lento, muy por debajo de lo que se requiere para evitar una catástrofe climática.

Esto quedó claro al concluir la primera semana de la COP30. Cientos de activistas llegaron en una larga caravana de flotillas a través del río, para participar en una importante marcha de la sociedad civil. El viernes 14 por la noche, una marcha liderada por indígenas llegó hasta el perímetro de seguridad del área restringida conocida como “Zona Azul”, a la que solo pueden acceder quienes cuentan con acreditación oficial de la cumbre. El grupo irrumpió por la fuerza en esa área, derribando una puerta. La policía de las Naciones Unidas logró contener la protesta, pero el incidente puso de manifiesto el nivel de frustración de la gente ante el fracaso de las deliberaciones para alcanzar una acción climática justa y eficaz.

Alessandra Korap Munduruku, presidenta de la Asociación Indígena Pariri, fue una de las líderes de la movilización. En 2023, Alessandra recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman por liderar una campaña que obligó al gigante minero británico Anglo American a retirarse de tierras indígenas, entre ellas las de su comunidad.

Durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now! en el marco de la COP30, Alessandra expresó: “Fue algo muy frustrante para nuestra gente, que realizó un largo viaje para llegar hasta aquí y quería que su voz fuera escuchada. Vinimos en una gran delegación y queríamos hablar, queríamos ser escuchados, pero nos lo impidieron. Yo tengo acreditación para ingresar a la COP, pero muchas de las personas [de la comunidad indígena] Munduruku que están aquí no la tienen, por lo que decidimos que era necesario interrumpir esta cumbre. Necesitábamos que la gente se detuviera a escucharnos […], porque somos quienes damos voz a lo que la selva está pidiendo. Somos nosotros quienes damos voz a lo que el río está pidiendo”.

Cerca de 190 países enviaron delegaciones a la conferencia climática de la ONU para elaborar una hoja de ruta que permita eliminar gradualmente el uso de los combustibles fósiles. Sin embargo, Estados Unidos está notablemente ausente. El presidente Trump se negó a enviar una delegación oficial, lo que marca la primera ausencia de Estados Unidos en estas cumbres climáticas. El mandatario estadounidense ha calificado el cambio climático como una “gran estafa” y ha retirado a su país del Acuerdo de París. Jean Su, directora de justicia energética y abogada de la organización ambientalista Centro para la Diversidad Biológica, habló con Democracy Now! acerca de la ausencia de Estados Unidos en la COP30: “Deberíamos celebrar el hecho de que ese factor de obstrucción no esté aquí y aprobar lo más rápido posible mecanismos clave, como una hoja de ruta para la eliminación gradual del uso de los combustibles fósiles. Aunque no esté ahora presente, Estados Unidos podría quedar obligado por esos acuerdos en el futuro”.

Estados Unidos es el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero; y ahora, en un momento en que se necesita una acción urgente para revertir el daño que ya se ha hecho, abandona las negociaciones. Al ser consultado, en la COP30, sobre si creía que Trump podría volver a sumarse a las negociaciones, el secretario general de la ONU, António Guterres, respondió: “La esperanza es lo último que se pierde”.

Hará falta algo más que esperanza para salvar la selva amazónica. Sônia Guajajara es la primera persona en desempeñarse a cargo del Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil.

Durante la cumbre climática, la ministra Guajajara dijo a Democracy Now!: “Más allá de los bosques, la gente debe entender que tenemos una cultura viva, que hay personas y una diversidad de comunidades que protegen la Amazonia. Es importante que el mundo sepa que no hay solo bosques y animales en la Amazonia. Hay personas que viven allí, que están siendo atacadas, agredidas, y cuyos derechos están siendo vulnerados. Estas personas necesitan protección”.

Uno de los objetivos más relevantes que Guajajara persigue en las negociaciones de la COP30 es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas:

“Esperamos que protejan los territorios indígenas y que su demarcación sea adoptada como una política climática, una de las soluciones más eficaces para hacer frente a la crisis climática”.

La demarcación constituye un primer paso —complejo— en Brasil para proteger a los territorios indígenas ancestrales de proyectos extractivistas, como la tala, la minería y la deforestación de tierras para destinarlas a la ganadería. Días después de la protesta que se llevó a cabo en la COP30 bajo el liderazgo de Alessandra Korap Munduruku, su territorio y el de otras nueve comunidades fueron finalmente demarcados, una victoria que se logró con mucho esfuerzo y que requirió años de lucha.

La cumbre sobre cambio climático de la ONU de este año reúne el mayor número de personas indígenas acreditadas en la historia de estas convenciones: alrededor de 1.000. Estas delegaciones deben hacer frente, entre otros actores, a más de 1.600 lobistas de la industria de los combustibles fósiles, que también están presentes en la cumbre. Quien resulte vencedor definirá el destino de la Amazonia, y del planeta entero.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

Adelita Grijalva, finalmente, prestó juramento este miércoles en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, después de que el presidente de la cámara, el republicano Mike Johnson, impidiera durante 50 días que asumiera el cargo para el que fue elegida y privara así de representación en el Congreso a los más de 800.000 residentes del sur del estado de Arizona que la votaron. Johnson, al parecer, estaba mucho más interesado en servir los intereses de un hombre en particular: los del presidente Donald Trump. Al negarse a tomarle juramento a Grijalva, Johnson logró bloquear lo que se conoce como una “petición de descargo”, una moción —pendiente desde hace mucho tiempo— que forzará una votación en el Congreso para obligar la divulgación de los archivos relacionados con el fallecido Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores.

Pues bien, las demoras de Johnson llegaron a su fin. Adelita Grijalva es ahora miembro del Congreso estadounidense y, en su primer acto oficial, firmó la petición de descargo. Este mecanismo permitirá sortear el control del presidente de la Cámara de Representantes, quien establece la agenda de dicha cámara y decide qué se somete a votación y qué no. Ahora habrá una votación en la Cámara de Representantes para obligar al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los registros relacionados con Epstein. Todo indica que la medida será aprobada en la Cámara Baja, pero su futuro en el Senado es incierto.

Adelita Grijalva mencionó los documentos sobre Epstein en su primer discurso en el hemiciclo del Congreso, que pronunció tras recibir una gran ovación de sus colegas:

“Nuestra democracia solo funciona cuando todos tienen voz. Esto incluye a los millones de personas de todo el país que han sufrido violencia y explotación, entre ellas Liz Stein y Jessica Michaels, ambas supervivientes de los abusos de Jeffrey Epstein. Ellas están aquí en la sala esta noche. Gracias por estar aquí. [Aplausos]. Esta mañana, miembros demócratas de la Cámara de Representantes dieron a conocer nuevos correos electrónicos que indican que Trump conocía más detalles sobre la trama de explotación sexual de Epstein de lo que había reconocido anteriormente”.

Grijalva continuó:

“Ya es hora de que el Congreso recupere la función que le corresponde como órgano de control y contrapeso del Gobierno y luche por NOSOTROS, el pueblo estadounidense. Tenemos que luchar por nuestras comunidades de inmigrantes y veteranos. Tenemos que defender a nuestras escuelas públicas, a nuestros niños, niñas y educadores. Tenemos que respetar la soberanía de los pueblos indígenas y nuestro medioambiente. Tenemos que defender los derechos de la comunidad LGBTQ+, porque eso es lo que el pueblo estadounidense espera que hagamos: que luchemos por ellos. Por eso voy a firmar ahora mismo la petición de descargo para que se hagan públicos los archivos del caso Epstein”.

Grijalva ganó las elecciones especiales para ocupar el escaño que quedó vacante tras el fallecimiento de su padre, el congresista Raúl Grijalva. La nueva congresista comenzó su discurso con un homenaje a su padre y a su legado:

“Hoy me dirijo a ustedes como la orgullosa nieta de un bracero, un inmigrante mexicano, trabajador, que vino a este país en busca de una vida mejor. Y me presento también como la orgullosa hija de un congresista estadounidense, un hombre que consagró su vida a luchar por la justicia, la equidad y la dignidad de los más vulnerables”.

Grijalva agradeció también a sus votantes:

“Gracias a la gente del sur de Arizona por hacer historia, por elegirme como la primera mujer latina, la primera chicana de Arizona en llegar al Congreso”.

Luego, habló en español:

“Este momento es histórico para nuestra comunidad. Es un honor ser la primera latina en representar a Arizona en el Congreso y les aseguro que, aunque soy la primera, no seré la última”.

Durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now! en su primer día completo en el Congreso , Grijalva explicó por qué optó por hablar en español además de en inglés en su primera intervención en la Cámara de Representantes: “Me pareció que era muy importante hacerlo. En el sur de Arizona, tenemos muchas familias que hablan español y muchas que son bilingües. Quería que supieran que estoy aquí para ellas”.

Adelita es un nombre familiar para muchas personas que viven cerca de la frontera con México, por ser el título de un famoso “corrido” de la Revolución mexicana, llamado “La Adelita”. A comienzos del siglo XX, el pueblo mexicano se levantó contra la larga dictadura de Porfirio Díaz. Aunque la letra de la canción presenta la lucha revolucionaria en términos románticos, con el tiempo se convirtió en un símbolo del papel clave que desempeñaron las mujeres en el éxito final de la revolución.

La actitud arbitraria y confrontativa del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de negarse a juramentar a Adelita Grijalva durante casi dos meses causó un gran daño no solo a ella y a sus electores, sino también a la democracia estadounidense. Mientras aumentan los temores sobre la deriva autoritaria de Trump, la gente del sur de Arizona tiene ahora una voz en el Congreso. Adelante, Adelita.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

El socialista demócrata Zohran Mamdani hizo historia esta semana al ganar la contienda para ser el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Mamdani es la primera persona musulmana y la primera persona de ascendencia sudasiática en ser elegida para dirigir la ciudad más grande de Estados Unidos. Asimismo, con sus 34 años, es la persona más joven en ser elegida para ese cargo en más de un siglo. El meteórico ascenso de Mamdani, de legislador estatal poco conocido a protagonista el martes de una victoria sorprendente, ha conmocionado al Partido Demócrata. Con un equipo de campaña que contó con más de 100.000 voluntarios, una estrategia eficaz en redes sociales y una plataforma centrada en múltiples propuestas para hacer de Nueva York una ciudad más asequible, Zohran Mamdani construyó su camino hacia la victoria y venció al desacreditado exgobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo.

El martes a la noche, durante la fiesta de celebración de su victoria en el teatro Brooklyn Paramount, Mamdani fue recibido en el escenario por una multitud de simpatizantes eufóricos.

El alcalde electo inició su emotivo discurso citando a uno de los socialistas más célebres en la historia de Estados Unidos: “Puede que el sol se haya puesto sobre nuestra ciudad esta noche, pero, como dijo una vez Eugene Debs, 'vislumbro el amanecer de un día mejor para la humanidad'”.

Eugene V. Debs nació de padres inmigrantes el 5 de noviembre de 1855. Comenzó a trabajar a los 14 años en los talleres ferroviarios y más tarde se convirtió en fogonero de ferrocarril, cuya tarea consistía en alimentar con carbón las locomotoras a vapor. El joven se afilió al sindicato de fogoneros ferroviarios y fue ascendiendo dentro de sus filas. Más adelante, formó el Sindicato Estadounidense de Ferrocarriles (ARU, por sus siglas en inglés), con el objetivo de organizar a todos los trabajadores del sector ferroviario, e incluir también en la organización, como era su deseo, a mujeres y trabajadores afroestadounidenses.

El Sindicato Estadounidense de Ferrocarriles emprendió una huelga contra la empresa Pullman Company, propiedad de George Pullman, quien construyó y operó una vasta flota de coches cama de lujo y obtuvo enormes ganancias, al tiempo que sometía a sus trabajadores a condiciones casi de servidumbre en la ciudad donde la empresa tenía su sede, Pullman, en el estado de Illinois. La huelga se extendió a todo el país y paralizó a la industria ferroviaria. El presidente de ese entonces, William Howard Taft, ordenó la intervención de las fuerzas armadas, una acción que sofocó violentamente la huelga y dejó un saldo de 30 trabajadores muertos. Como rostro público de la huelga, Eugene V. Debs fue llevado a juicio. Fue declarado culpable y sentenciado a seis meses de prisión en una cárcel de condado. Durante su reclusión, Debs se sumergió en la lectura y la escritura, forjando ideas cada vez más radicales hasta salir de prisión convertido en un ferviente socialista.

En 1900, se presentó como candidato a la presidencia por el Partido Socialista, la primera de sus cinco candidaturas presidenciales. En 1905, cofundó el sindicato Trabajadores Industriales del Mundo (IWW, por sus siglas en inglés), cuya meta era unificar a los trabajadores de todas las industrias en “un solo gran sindicato”. En su campaña presidencial de 1912, Debs cobró tanto impulso que candidatos del 'establishment', como Woodrow Wilson y Theodore Roosevelt, llegaron a temer que acabara conquistando la presidencia.

Cuando Estados Unidos ingresó en la Primera Guerra Mundial, una ola de fervor patriótico se extendió por todo el país. En 1917, el Congreso aprobó la Ley de Espionaje y, al año siguiente, la Ley de Sedición, que convirtió en delito pronunciarse en contra de la guerra. A pesar de ello, en un multitudinario mitin al aire libre celebrado en la ciudad de Canton, en el estado de Ohio, Debs condenó abiertamente la guerra. Aunque no se conservan registros sonoros de la voz de Debs, en 2009, el actor Tim Robbins recitó ese discurso de 1918 en una recreación en vivo de los textos históricos citados en “Voces de la otra historia de Estados Unidos”, obra del editor Anthony Arnove y del fallecido historiador Howard Zinn. En su discurso, Debs acusaba a los magnates de Wall Street de promover la guerra:

“Cada uno de estos conspiradores aristocráticos y aspirantes a asesinos afirma ser un archipatriota; cada uno de ellos insiste en que la guerra se libra para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. ¡Qué farsa! ¡Qué podredumbre! ¡Qué falsa pretensión! A lo largo de la historia, las guerras se han librado por la conquista y el saqueo”.

Debs fue arrestado, juzgado, declarado culpable y sentenciado a diez años de prisión. El discurso que Debs pronunció ante el tribunal el 18 de septiembre de 1918 es considerado uno de los más elocuentes del inglés moderno. Ese fue el discurso que citó Mamdani. Debs inició su alocución con las que quizás sean sus palabras más célebres (recreadas por el actor David Strathairn en otro de los encuentros de presentación en vivo de la obra “Voces de la otra historia de Estados Unidos”):

“Mientras haya una clase baja, yo formaré parte de ella; mientras haya un elemento criminal, yo seré parte de él; y mientras haya un alma en prisión, yo no seré libre”.

Debs cumplió tres años de su condena en una prisión federal y dirigió su última campaña presidencial, en 1920, desde su celda.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, elige cuidadosamente sus palabras. Al evocar a Eugene Debs, no solo expresó sus convicciones como demócrata socialista, sino que también hizo un llamado a la acción. Al igual que Debs, Mamdani entiende, y su campaña así lo reflejó, que la lucha por la justicia exige una gran organización de masas.

El presidente Trump ha amenazado con suspender la financiación federal a la ciudad de Nueva York como castigo por elegir a Mamdani como alcalde. Al igual que hiciera en su tiempo el presidente Taft, el actual mandatario estadounidense ha desplegado las fuerzas armadas en varias ciudades de Estados Unidos y promete extender la medida a otras. En su discurso, Mamdani le respondió a Trump con un desafío:

“Para llegar a cualquiera de nosotros tendrá que pasar por encima de todos nosotros”. Y continuó: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante”.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

La paralización de los servicios de la administración pública federal de Estados Unidos, que ya entra en su quinta semana y se aproxima al récord de 35 días de paralización —registrado entre diciembre de 2018 y enero de 2019— ha provocado una serie de dificultades cada vez más graves. Una explicación de este cierre del Gobierno federal la brindó la semana pasada en Democracy Now! Stuart Stevens, un estratega republicano de larga trayectoria que hoy es activista del movimiento Never Trump (Nunca Trump) y asesor del Proyecto Lincoln.

“Digan lo que quieran sobre Jeffrey Epstein. Pero el tipo está muerto, e igualmente es capaz de cerrar el Congreso”.

¿Qué relación tiene el caso del traficante sexual de menores Jeffrey Epstein —quien, según los registros oficiales, murió por suicidio en su celda de la prisión en 2019— con un cierre del Gobierno estadounidense a finales de 2025? La respuesta llega desde la ciudad de Tucson, en el estado de Arizona, y tiene como protagonista a la congresista electa Adelita Grijalva, quien recientemente se impuso en unas elecciones especiales para ocupar el escaño en la Cámara de Representantes que quedó vacante tras el fallecimiento de su padre, el veterano legislador progresista del Partido Demócrata Raúl Grijalva.

El 23 de septiembre, Adelita Grijalva ganó las elecciones especiales para representar en el Congreso estadounidense al séptimo distrito congresual de Arizona, que incluye el área de Tucson. Sin embargo, más de un mes después del triunfo de Grijalva, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, aún se niega a tomarle juramento. La negativa de Johnson a cumplir con este procedimiento esencial de la democracia de nuestro país, establecido por la Constitución, no tiene antecedentes.

El presidente Donald Trump tiene un gran temor de que salga a la luz el contenido de los archivos del Gobierno vinculados al caso de Jeffrey Epstein. Según se informa, el nombre de Trump aparece en numerosas ocasiones en los archivos. Actualmente, una moción bipartidista presentada en la Cámara de Representantes, que requiere 218 votos para ser aprobada, busca obligar la divulgación de los documentos sobre Epstein.

Adelita Grijalva ha prometido que su primer acto en el Congreso, luego de prestar juramento a su cargo, será aportar el voto decisivo a dicha moción, que ordena al Departamento de Justicia “hacer públicos los registros relacionados con Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell”, la cómplice de Epstein, que actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel en una prisión federal.

¿Qué otra razón podría tener Johnson para incumplir tan abiertamente su obligación y negarse a juramentar a Grijalva, salvo la de proteger a Donald Trump de lo que sea que contengan los archivos sobre Epstein? Paradójicamente, impulsar la divulgación de esos documentos fue una de las principales promesas que Trump hizo durante su campaña presidencial de 2024.

Durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now! dos semanas después de ganar las elecciones especiales, la congresista electa Adelita Grijalva expresó al respecto: “Apenas este Gobierno asumió el poder, de pronto ya no había nada interesante que ver allí. El pueblo estadounidense quiere saber qué contienen esos archivos y quiénes están implicados, y las víctimas merecen la oportunidad de obtener justicia y ser escuchadas”.

Mientras Grijalva espera para prestar juramento y comenzar a representar formalmente a sus más de 800.000 votantes, aumenta el descontento entre los republicanos por la suspensión de los servicios del Gobierno y por la obstinación del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en mantener la Cámara en receso.

Durante una entrevista que mantuvo con la cadena de noticias CNN, el congresista republicano del estado de California Kevin Kiley insistió el miércoles que la Cámara Baja debería volver a sesionar de inmediato. Asimismo, al ser consultado sobre la negativa de Johnson a tomarle juramento a Grijalva, Kiley respondió:

“Ella ganó las elecciones. Merece tomar posesión de su cargo. Ese distrito merece tener representación. Se suponía que íbamos a estar en sesión justo después de su elección. […] No entiendo por qué esto es siquiera un tema en cuestión”.

Grijalva y la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, han presentado una demanda contra el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson —así como contra el secretario y el sargento de armas de dicha Cámara—, en la que exigen que la congresista electa sea juramentada. Al respecto, las demandantes argumentan: “Antes de la elección de la señora Grijalva, cada vez que se celebraron unas elecciones especiales durante el mandato del señor Johnson como presidente de la Cámara de Representantes, la persona ganadora fue juramentada inmediatamente después de conocerse los resultados no oficiales”. En la demanda se destaca que Johnson actuó con esa rapidez en los casos de Celeste Maloy, Vince Fong, Jimmy Patronis y Randy Fine —todos congresistas republicanos— y, más recientemente, en septiembre, en la toma de posesión del demócrata James Walkinshaw, del estado de Virginia. Asimismo, en la demanda también se plantea que la demora de Johnson se debe al voto que se espera de parte de Grijalva a favor de la moción para hacer públicos los archivos sobre Epstein.

Durante todo este tiempo, mientras los servicios del Gobierno estadounidense permanecen paralizados y los miembros de la Cámara de Representantes siguen cobrando sus salarios sin presentarse a trabajar, más de un millón de empleados federales catalogados como “esenciales” —entre ellos, trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte y controladores de tráfico aéreo— se ven obligados a cumplir sus funciones sin percibir su remuneración.

Mientras Trump redobla su presión para impedir la divulgación de los archivos sobre Epstein, tras haber demolido, literalmente, el ala este de la Casa Blanca —tradicionalmente reservada a la primera dama— y cubierto de asfalto el Jardín de las Rosas —plantado originalmente por Jacqueline Kennedy—, la voz y el voto de la congresista electa Adelita Grijalva son hoy más necesarios que nunca en el Congreso estadounidense.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.