Rompiendo la barrera del silencio, por Amy Goodman

Amy Goodman y Denis Moynihan

Mientras los líderes mundiales se congregan en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, Israel intensifica sus ataques contra el Líbano y causa la muerte de cientos de civiles y el desplazamiento forzoso de aproximadamente medio millón de personas, al tiempo que se prepara para una posible invasión terrestre de ese país. Numerosos líderes mundiales, al tomar la palabra en la Asamblea General, acusaron a Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza y destacaron la impunidad que goza Israel gracias al blindaje diplomático y el apoyo militar que le otorga Estados Unidos.

El presidente Joe Biden enunció una tibia voluntad hacia una solución diplomática en el Líbano en una declaración conjunta emitida con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que los mandatarios expresan: “[Pedimos] un alto el fuego temporal para dar una oportunidad a la diplomacia […]. La declaración que hemos negociado cuenta actualmente con el respaldo de Estados Unidos, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Catar”.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, respondió rápidamente en redes sociales: “No habrá alto el fuego en el norte”, al tiempo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajaba a Nueva York para intervenir en la Asamblea General.

Si Biden quisiera un alto el fuego, podría comenzar por detener los envíos de armas a Israel.

Lara Bitar es jefa de redacción de The Public Source, un medio de comunicación independiente con sede en Beirut. Desde ese ciudad, Bitar habló con Democracy Now! y expresó: “Nadie tiene realmente ninguna esperanza en estos procesos de las Naciones Unidas, ni en las palabras del Gobierno de Biden, ni en las palabras del Gobierno de Netanyahu”.

Bitar compartió las observaciones de uno de los reporteros del periódico que está trabajando actualmente en el sur del Líbano:

“La gente está muy muy cansada. No pueden dormir más que unos pocos minutos seguidos debido a los incesantes bombardeos de Israel. Los refugios están abarrotados de personas de edad avanzada que han vivido ya muchas masacres y han presenciado de primera mano los horrores perpetrados por el Estado colonial israelí. Una mujer, que tendría unos 80 años y llevaba la llave de su casa como colgante, le dijo que esto no es nada en comparación con lo que han vivido durante las últimas décadas: la invasión israelí de Beirut, en 1982; la primera masacre de Qana, en 1996; la segunda masacre de Qana, en 2006, y tantas otras… […] Para muchas de estas personas que han sido forzadas a dejar sus hogares y cuyas viviendas han sido arrasadas, el apego a su tierra solo se hace cada vez más fuerte”.

Israel sostiene que simplemente está tratando de permitir que los ciudadanos israelíes desplazados regresen a sus hogares en el norte de Israel y que, para ello, necesita expulsar a Hizbulá, la principal fuerza militar en el sur del Líbano. Israel y Hizbulá han estado intercambiando ataques transfronterizos desde octubre de 2023. Hizbulá sostiene que sus ataques son en solidaridad con el pueblo de Gaza y que continuarán mientras Israel prosiga con su ofensiva en el enclave palestino.

La semana pasada se produjo un impactante ataque en el Líbano, en el que miles de buscapersonas explotaron simultáneamente. Al día siguiente de ese suceso, varios “walkie-talkies” detonaron también de manera repentina. Se cree que Israel está detrás de estos ataques, presumiblemente dirigidos contra personas vinculadas a Hizbulá. Sin embargo, las explosiones fueron indiscriminadas. Un total de 42 personas perdieron la vida en los ataques, incluidos niños, niñas y civiles, y se estima que otras 3.500 resultaron heridas o mutiladas.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo al Consejo de Seguridad: “El derecho internacional humanitario prohíbe el uso de bombas trampa en forma de objetos portátiles aparentemente inofensivos”. Y prosiguió: “Es un crimen de guerra cometer actos de violencia destinados a sembrar el terror entre la población civil”. Incluso el exdirector de la CIA y exsecretario de Defensa de Estados Unidos Leon Panetta calificó los ataques como actos de “terrorismo”.

Finalmente, el lunes pasado, Israel lanzó un bombardeo a gran escala sobre el Líbano. Se informa que entre los lugares atacados se encuentran hospitales, ambulancias y escuelas. Hasta el momento, al menos 650 personas han muerto a causa de estos ataques israelíes en el Líbano.

Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, dijo a Democracy Now! desde Beirut: “En un solo día, el lunes, más de 500 personas perdieron la vida [a causa de los bombardeos]. Es una de las cifras más altas de muertes diarias en conflictos bélicos recientes y es superior a la mayoría de las muertes diarias que se registraron en Gaza durante el último año. […] En 2006, la guerra de 33 días entre Hizbulá e Israel causó 1.100 muertes a lo largo de todo el conflicto. Ya hemos alcanzado la mitad de ese número en solo 24 horas. Así que estos números no tienen realmente precedentes”.

El Líbano alberga el mayor número de refugiados per cápita del mundo, con 1,5 millones de sirios y más de 250.000 palestinos. La economía del país se ha visto afectada por la guerra, las divisiones políticas y una devastadora explosión en el puerto de Beirut ocurrida en 2020. Mientras tanto, desde la guerra de 2006, Hizbulá se ha fortalecido, ha ganado experiencia de combate en Siria y ha construido un arsenal estimado de 200.000 misiles.

El secretario general de la ONU, António Gutteres, advirtió a los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General: “El infierno se está desatando en el Líbano. […] El pueblo del Líbano, así como el pueblo de Israel y los pueblos del mundo, no pueden permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza”.

© 2024 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moyinihan

Una serie de amenazas de bomba y de otros ataques ha sembrado el caos en Springfield, una pequeña ciudad del medio oeste de Estados Unidos ubicada en el estado de Ohio, afectando en particular a la comunidad haitiana de la ciudad. Esto ocurre a raíz de las mentiras y comentarios racistas y venenosos que Donald Trump y su compañero de fórmula, el senador de Ohio J.D. Vance, han estado difundiendo sobre la cada vez más numerosa comunidad haitiana que reside legalmente allí.

Durante el debate presidencial que se llevó a cabo el 10 de septiembre, Trump afirmó de manera descarada: “En Springfield se están comiendo a los perros. La gente que llegó [a la ciudad] se está comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí”.

La acusación infundada de Trump está basada en un posteo de Vance, quien, el 9 de septiembre, en la mañana previa al debate, escribió en la red social X:

“Meses atrás, planteé la cuestión de los inmigrantes ilegales haitianos que saturan los servicios sociales y, en general, causan caos en toda Springfield, Ohio. Ahora han surgido reportes que muestran que personas que no deberían estar en este país han secuestrado y se han comido las mascotas de algunos vecinos. ¿Dónde está nuestra zar de la frontera?”.

El administrador municipal de Springfield, Bryan Heck, declaró al periódico The Wall Street Journal que un miembro del equipo de campaña de Vance lo contactó esa misma mañana para pedir pruebas que confirmen las denuncias de inmigrantes que comen mascotas. Heck expresó: “Les dije que esas acusaciones carecían de fundamento”.

Sin embargo, Vance, lejos de eliminar su publicación racista y xenófoba redobló sus ataques. Durante la siguiente semana continuó compartiendo innumerables publicaciones en X que reafirmaban las mentiras y en las que se denigraba a la comunidad haitiana de Springfield.

Las acusaciones de Vance, a las que el gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, calificó de “basura”, alimentaron la retórica racista de Trump, cuya principal estrategia de campaña ha sido demonizar a las personas migrantes. El expresidente prometió esta semana que, si gana las elecciones: “Vamos a tener la mayor deportación en masa en la historia de nuestro país y vamos a empezar con Springfield”.

En un acto de campaña que se llevó a cabo en la isla neoyorquina de Long Island, Trump profirió un torrente de mentiras sobre los inmigrantes haitianos de Springfield y expresó: “Llegaron de manera ilegal. Están destruyendo nuestro país. [Así que] vamos a sacarlos de aquí”.

En el pasado, Springfield fue una ciudad próspera que albergó a gigantes industriales como International Harvester y la influyente empresa editora de la revista Collier’s, a la que se le atribuye la creación del periodismo de investigación con fines de denuncia y desenmascaramiento del poder. La población de la ciudad descendió de 82.000 habitantes, en 1970, a 58.662, en 2020.

Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organización Haitian Bridge Alliance, dijo a Democracy Now!: “La ciudad de Springfield estaba en declive. Los haitianos llegaron allí y revitalizaron la economía [local]. Pagan sus impuestos y realmente han contribuido a revitalizar la comunidad de Springfield”.

Jamie McGregor, director ejecutivo de McGregor Metal, dijo a la cadena PBS, en respuesta a una pregunta sobre los 30 empleados haitianos que tiene la empresa: “Ojalá tuviera 30 más. Nuestros empleados haitianos vienen a trabajar todos los días. No tienen problemas de consumo de drogas. Se quedan en sus máquinas. Cumplen con los objetivos. Están aquí para trabajar. Y eso representa una gran diferencia respecto a lo que solíamos ver en nuestra comunidad”.

Desde que Trump y Vance comenzaron su campaña contra los residentes haitianos de Springfield, la ciudad ha enfrentado una serie de amenazas de bomba, lo que obligó a cerrar temporalmente dos hospitales y a evacuar tanto la sede del Gobierno Municipal como algunas escuelas primarias. Asimismo, dos instituciones universitarias de la ciudad, la Universidad de Wittenberg y el Clark State College, tuvieron que impartir clases de manera virtual debido a las amenazas recibidas. Hubo también amenazas de tiroteos masivos y miembros del grupo neofascista Proud Boys marcharon el sábado pasado por el centro de la ciudad. El gobernador DeWine ha desplegado efectivos de la policía estatal para vigilar la ciudad.

En el mitin celebrado en Long Island, Trump anunció que visitará Springfield en algún momento de las próximas dos semanas y dejó entrever que podría no salir vivo de la ciudad:

“Es posible que nunca más me vuelvan a ver, pero no pasa nada. Haré lo que tengo que hacer. ’¿Qué le pasó a Trump? Bueno, no salió de Springfield”.

Casi todo lo que Trump y Vance han dicho sobre Springfield es mentira, incluso sus comentarios sobre la muerte de Aiden Clark. Aiden, un niño de once años, murió en un accidente de tránsito ocurrido en 2023, en el que un vehículo conducido por un hombre originario de Haití chocó contra el autobús escolar en el que viajaba el menor. En declaraciones públicas, Vance afirmó que el niño fue “asesinado”.

El 10 de septiembre, los padres de Aiden hablaron en una audiencia del Concejo Municipal de Springfield. Nathan Clark, el padre, expresó:

“Ojalá a mi hijo, Aiden Clark, lo hubiera matado un hombre blanco de 60 años. Apuesto a que nunca pensaron que alguien diría algo así, tan tajante. Pero si hubiera sido un tipo así quien hubiera matado a mi hijo de once años, ese grupo incesante de gente que escupe odio nos dejaría en paz. Lo último que necesitamos es que nos restrieguen en la cara, de forma violenta y constante, el peor día de nuestras vidas. […] Utilizar a Aiden como herramienta política es, por decir lo menos, reprensible; sea cual sea el objetivo político. […] J.D. Vance y Donald Trump han pronunciado el nombre de mi hijo y han usado su muerte para obtener réditos políticos […].Pueden vomitar todo el odio que quieran sobre los inmigrantes ilegales y la crisis fronteriza, e incluso hacer afirmaciones falsas sobre suaves y esponjosas mascotas arrebatadas y devoradas por miembros de la comunidad. Sin embargo, no tienen permitido, ni se les ha permitido nunca, que mencionen a Aiden Clark, de Springfield, Ohio”.

Nathan Clark cerró su alocución con un ruego: “Por favor, detengan el odio”. Que esta súplica de un padre afligido sea el mensaje que Springfield transmita al mundo.

© 2024 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

Un enorme huracán en el estado de Luisiana, incendios forestales en California y Grecia, inundaciones y deslizamientos de tierra en el sudeste asiático: los impactos cada vez más devastadores de la emergencia climática se hacen sentir por todo el mundo. Solo los negacionistas del cambio climático más empedernidos rechazan la evidencia científica que señala que la actividad humana es la responsable de esos desastres. Negociaciones formales para abordar la crisis están en marcha, pero no se están llevando a cabo con la suficiente rapidez. El planeta está en un punto de inflexión, al borde de una catástrofe climática acelerada por una cadena de retroalimentación cíclica irreversible. Los activistas ambientales se manifiestan cada vez con más frecuencia a través de protestas de acción directa no violenta para exigir cambios. Muchos se enfrentan a procesos judiciales, penas de prisión, agresiones violentas e, incluso, la muerte en represalia.

Nonhle Mbuthuma, una activista ambiental sudafricana ganadora del premio Goldman 2024, escribió el prólogo del nuevo informe elaborado por Global Witness, titulado “Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente”. En el inicio del prólogo, Mbuthuma expresa: “Hoy me toca a mí, como defensora, presionar a las élites del poder para que tomen medidas radicales que nos alejen de los combustibles fósiles y nos lleven a sistemas que beneficien a toda la sociedad”.

Global Witness es una organización no gubernamental internacional que investiga y expone los abusos contra el medioambiente y los derechos humanos en las industrias extractivas, como las de la minería y los combustibles fósiles, así como los fuertes nexos políticos y financieros relacionados con esos abusos.

Este último informe de la organización detalla los asesinatos y desapariciones de personas defensoras de la tierra que tuvieron lugar en 2023 y revela que 196 activistas ambientales perdieron la vida durante ese año alrededor del mundo.

Laura Furones, asesora de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness, dijo a Democracy Now!: “Por desgracia, 2023 fue otro año atroz para quienes defienden sus tierras y el medioambiente. […] Estamos viendo niveles de violencia sin precedentes en todo el mundo, que ocurren cada vez con más frecuencia. Realmente tememos que esto se intensifique a medida que las consecuencias de la crisis climática se hagan más evidentes”.

En 2023, más del 70% de los asesinatos se concentraron en cuatro países: Brasil, Colombia, Honduras y México. Colombia encabeza la lista como el país más letal para quienes se movilizan en defensa de la tierra y el medioambiente, actividad que le costó la vida a al menos 79 personas, lo que representa el 40% del total de muertes reportadas.

Durante la entrevista que mantuvo con Democracy Now!, Furones agregó: “El caso de Colombia es particularmente trágico. […] Si revisamos todos los datos históricos que Global Witness ha recopilado desde que empezamos a registrar casos en 2012, vemos que Colombia es el país que siempre lidera la lista. Estamos hablando de gente de las comunidades indígenas Nasa y Nahua, y de otros pueblos originarios. La mitad de las personas defensoras de la tierra que han sido asesinadas en Colombia y, de hecho, el 49% de los activistas ambientales que han perdido la vida a nivel mundial, provienen de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes”.

Furones explicó al respecto: “Esto no es una coincidencia. […] La ciencia nos dice muy claramente que los pueblos indígenas son especialmente buenos a la hora de proteger las tierras en las que viven. Por eso, los cada vez más escasos recursos naturales del planeta, que seguimos extrayendo, continúan ubicándose en tierras indígenas”.

La minería es, por lejos, la industria más vinculada a asesinatos y desapariciones de defensores de la tierra, y la mitad de esas muertes vinculadas al sector sucedieron en América Latina. Sin embargo, como informa Global Witness, los activistas por la justicia climática y el medioambiente también corren grandes riesgos en África y Asia.

El informe de Global Witness incluye una muerte de una persona defensora de la tierra en Estados Unidos en 2023. Se trata de Manuel Esteban Terán, de 26 años, a quien llamaban Tortuguita. Tortuguita murió a manos de la policía tras recibir 57 impactos de bala mientras protestaba de manera pacífica contra la construcción del centro de capacitación policial conocido como “Cop City” en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, un proyecto valuado en decenas de millones de dólares. Hasta el momento, ningún policía ha sido imputado por la muerte de Tortuguita.

Aunque las muertes de defensores de la tierra son poco comunes en Estados Unidos, los activistas ambientales en Europa occidental y América del Norte enfrentan juicios y severas condenas por participar en movilizaciones pacíficas.

Linda Lakhdir, directora jurídica de la organización Climate Rights International, dijo a Democracy Now!: “En varios de estos países democráticos y ricos, las sentencias que se están aplicando a quienes se movilizan contra el cambio climático están alcanzando niveles extremadamente represivos. Se están imponiendo penas de prisión muy largas. Hay personas que están bajo prisión preventiva para evitar que asistan a las protestas. Emplean cañones de agua para dispersar a las personas que se manifiestan de manera pacífica y utilizan dolorosos métodos, como el llamado “pain grip” o “torcedura de muñecas”, para inmovilizarlos. Es realmente sorprendente cómo estos países, que se presentan como emblemas del Estado de derecho, están reprimiendo lo que son, básicamente, acciones de protesta pacíficas”.

Climate Rights International investiga las consecuencias del cambio climático para los derechos humanos, como expone en detalle el nuevo informe de la organización, titulado “En la cuerda floja: respuestas desproporcionadas a manifestantes contra el cambio climático en los países democráticos”.

La próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP29, se llevará a cabo en noviembre en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Al igual que muchas cumbres climáticas anteriores, esta se celebrará en un petro-Estado dictatorial donde las protestas están prohibidas y no existe derecho a la libertad de expresión.

El tiempo apremia y es fundamental avanzar con decisión en todos los frentes para prevenir los peores impactos de la crisis climática. Quienes lideran el movimiento por un futuro sostenible deberían ser elogiados, no perseguidos.

© 2024 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

Los tiroteos en escuelas son manifestaciones recurrentes de una patología social: la normalización y aceptación de actos de violencia y muerte sin sentido. En un nuevo caso de esta enfermedad, que parece estar en constante propagación, dos estudiantes de 14 años y dos docentes murieron y otras nueve personas resultaron heridas en un tiroteo masivo ocurrido en la escuela secundaria Apalachee, ubicada en la ciudad de Winder, en el estado de Georgia.

Colt Gray, un estudiante de noveno grado de 14 años, utilizó en el tiroteo “un arma del tipo AR”, el popular rifle semiautomático que está ampliamente disponible a la venta en Estados Unidos, con cientos de variaciones y accesorios modulares que inundan el multimillonario mercado de las armas.

Un comunicado del FBI emitido el miércoles revela que el adolescente sospechoso del tiroteo vivía en una casa en la que había armas. En un fragmento del comunicado, la agencia señala:

“En mayo de 2023, el FBI […] recibió varias denuncias anónimas de amenazas hechas a través de internet sobre un posible tiroteo en una escuela, en un lugar y en una hora no identificados. Los mensajes con estas amenazas incluían fotos de armas. En un plazo de 24 horas, el FBI determinó que la publicación en línea se había originado en Georgia. La oficina del FBI en la ciudad de Atlanta remitió la información a la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson para que tomara medidas. La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson localizó a un posible sospechoso, un varón de 13 años, al que interrogaron junto con su padre. El padre declaró que tenía armas de caza en la vivienda, pero que su hijo no tenía acceso a ellas sin supervisión. El [adolescente] sospechoso negó haber hecho las amenazas en internet. El condado de Jackson alertó a las escuelas locales para que mantuvieran un monitoreo del sospechoso […] pero [en ese momento] no existían motivos fundados para llevar a cabo una acción policial adicional”.

Las autoridades habían sido advertidas con más de un año de antelación. Según se informa, la escuela Apalachee recibió una amenaza telefónica en la mañana del tiroteo en la que se advertía que cinco instituciones educativas serían atacadas y que Apalachee iba a ser la primera en la lista.

Los rifles del tipo “AR” se han convertido en el arma preferida de los perpetradores de tiroteos masivos. En el tiroteo ocurrido el 24 de mayo de 2022 en la escuela de Uvalde, en el estado de Texas, el atacante adolescente mató a 21 personas, dejó heridas a otras 21 y logró mantener paralizados a 400 agentes del orden, mientras masacraba a los escolares, uno por uno, durante más de una hora. La capacidad letal del rifle de plataforma AR intimidó de tal manera a esos cientos de agentes fuertemente armados, que intervinieron demasiado tarde.

En 2019, como precandidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, que en ese entonces se desempeñaba como senadora por el estado de California, hizo de la renovación de la prohibición de armas de asalto un eje central de su campaña. Harris abogó también por la prohibición de los rifles de asalto en diciembre de 2023, cuando aún era simplemente la compañera de fórmula de Joe Biden.

Sin embargo, en la actual reñida contienda presidencial contra Donald Trump, Harris ha adoptado una postura más mesurada al respecto. Cuando se conoció la noticia del tiroteo en la escuela de Apalachee, Harris estaba en medio de un acto de campaña en Nuevo Hampshire y se refirió al hecho en su discurso:

“Nuestros corazones están con todos los estudiantes, los docentes y sus familias, por supuesto, y les agradecemos a los miembros del servicio de emergencias y a las fuerzas del orden que acudieron al lugar de los hechos. Pero esta no es más que una tragedia sin sentido que se suma a otras tantas tragedias sin sentido. Tenemos que acabar con esta epidemia de violencia armada en nuestro país, de una vez por todas. […] Esto no puede seguir así”.

Kris Brown es presidenta de Brady, una organización que trabaja para la prevención de la violencia con armas de fuego y que lleva el nombre de James Brady, secretario de prensa del expresidente estadounidense Ronald Reagan. Brady, quien recibió un disparo en la cabeza durante el intento de asesinato que sufrió Reagan en 1981, sobrevivió al incidente y se convirtió, junto a su esposa Sarah, en un destacado defensor del control de armas de fuego.

En conversación con Democracy Now! tras el tiroteo en la escuela Apalachee, Kris Brown expresó: “Jim y Sarah Brady fueron los impulsores de la Prohibición Federal de Armas de Asalto, que entró en vigencia un año después de la aprobación de la Ley Brady en 1993. En los diez años que duró la prohibición sobre las armas de asalto, se observó un notable descenso en los tiroteos masivos cometidos con esas armas, en comparación con el período anterior”.

Brown es optimista en cuanto a la posibilidad de que ocurra un cambio positivo en el país, a pesar del arraigado poder del lobby de la industria de las armas:

“Hay un creciente anhelo por prohibir las armas de asalto en el país, incluso entre los republicanos y los propietarios de armas. Así que, si Harris gana las elecciones, exigiremos que este tema sea una de las prioridades de su Gobierno”.

Estas armas de guerra, que se ofertan en Estados Unidos como unos simples e inofensivos “rifles deportivos modernos”, deben ser prohibidas.

Las prohibiciones de las armas de asalto funcionan. En 1996, Australia sufrió un tiroteo masivo que dejó 35 personas muertas y 23 heridas. Casi inmediatamente después de la masacre, ese país de amantes de las armas aprobó una prohibición total de las armas de asalto y adoptó un programa de recompra de armas semiautomáticas por parte del Gobierno, de carácter obligatorio para la población civil del país. Desde entonces no se ha vuelto a producir en Australia un tiroteo de esa magnitud.

El éxito que se logró en el país oceánico no será tan rápido de alcanzar en Estados Unidos, un país donde hay en circulación cientos de millones de armas de fuego. Aún así, la prohibición de los rifles de asalto debería ser un tema central en la campaña de Harris-Walz para las elecciones de noviembre. Las vidas de los niños y niñas de Estados Unidos dependen de ello.

© 2024 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

El “partido de Lincoln”, como los republicanos gustan llamarse a sí mismos, parece decidido a socavar casi todo lo que defendió y por lo que murió Abraham Lincoln. Esto incluye las iniciativas republicanas para cambiar de manera drástica la forma en que se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos, imponiendo restricciones sobre quiénes pueden votar y alterando los procedimientos de votación, conteo y certificación de votos. El resultado de lo que se anticipa que será una reñida contienda presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris dependerá de los votos en un puñado de estados clave. Desde Georgia hasta Arizona, y desde Nevada hasta Michigan, los republicanos están desplegando un ataque sin cuartel contra el proceso electoral en Estados Unidos, una ofensiva que el periodista Ari Berman ha descrito como una “alarma de máximo nivel para la democracia”.

En conversación con Democracy Now!, Berman expresó: “Al parecer, en Georgia, los republicanos están sentando las bases para no certificar los resultados de las elecciones presidenciales si gana Kamala Harris. Están haciendo exactamente lo que Trump quería que hicieran en [las elecciones de] 2020. Trump convirtió a Georgia en el epicentro de sus esfuerzos para revocar la victoria de Biden en esas elecciones. [El expresidente] instó a la Junta Electoral de Georgia, a las juntas electorales municipales y a las autoridades electorales del estado a no certificar los resultados [en ese estado]. Estos acataron la ley y se negaron [a seguir esas órdenes]. [Pero] parece ser que, en 2024, los republicanos harán hasta lo imposible para intentar implementar las medidas que fracasaron en 2020, para tratar de manipular las elecciones a favor de Trump”.

Los republicanos de Georgia, que controlan el gobierno y la legislatura estatal, han modificado la forma en que los condados del estado cuentan y certifican los votos. El Partido Demócrata de Georgia, el Comité Nacional Demócrata y diez funcionarios electorales demócratas de diversos condados de Georgia han presentado una demanda con el propósito de revertir esos cambios. En la demanda se argumenta que “la Junta Electoral del Estado de Georgia ha aprobado una serie de normas de último momento que amenazan con sembrar el caos y obstaculizar el proceso de recuento de votos”.

Por su parte, Berman advierte al respecto: “Estas juntas electorales estatales y locales están controladas, en algunos casos, por personas que sostienen la teoría del fraude electoral [en las elecciones presidenciales de 2020], por partidarios extremistas del expresidente Trump. […] Cómo se gestionan los comicios es crucial, porque, aunque puedas emitir tu voto y asegurar que se cuente, nada de eso tiene verdadera importancia hasta que se certifiquen los resultados”.

En Texas, el Gobierno estatal, controlado por los republicanos, ha intentado durante años restringir la participación electoral en distritos donde los candidatos demócratas suelen obtener buenos resultados. En las elecciones de 2020, Donald Trump ganó por más de cinco puntos porcentuales en Texas, pero Biden se impuso en las ciudades texanas de Dallas, Fort Worth, Houston, Austin, El Paso, así como también en el área de Rio Grande Valley.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció esta semana que ha removido de los padrones electorales del estado a más de un millón de personas. Esta táctica, cada vez más habitual, acaba por eliminar inevitablemente a votantes legalmente inscritos y, con frecuencia, se aplica mediante filtros de detección de datos imprecisos orientados a eliminar a potenciales votantes demócratas.

Mientras tanto, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, que ha acordado realizar tareas comunitarias para eludir un juicio penal por fraude de valores y que superó un proceso de destitución relacionado con otros asuntos en el Senado estatal dominado por los republicanos, ha ordenado allanamientos en organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios a comunidades inmigrantes y latinas.

La semana pasada, bajo órdenes de Paxton, funcionarios judiciales de Texas, con el apoyo de equipos SWAT, llevaron a cabo allanamientos y registros en las viviendas de una docena de miembros de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés). La puerta de la casa de uno de los activistas fue derribada. La policía allanó también la vivienda de Cecilia Castellano, candidata a la Cámara de Representantes de Texas por un escaño vacante en representación de Uvalde, la ciudad que sufrió uno de los peores tiroteos escolares en la historia de Estados Unidos. Funcionarios del estado confiscaron el teléfono celular de Castellano y, semanas antes del día de las elecciones, han causado un gran desorden en el desarrollo de su campaña.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos declaró en un comunicado: “Las acciones del fiscal general Paxton claramente intentan limitar el derecho al voto de la comunidad latina mediante actos intimidatorios y otros métodos para inclinar el proceso electoral a favor de sus aliados políticos”. La organización ha pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue a Paxton por ordenar los allanamientos.

Juan Proaño, director ejecutivo de la organización, dijo a Democracy Now!: “El último censo de Estados Unidos reportó que hay 12,1 millones de personas latinas en el estado de Texas. Por primera vez, la comunidad latina supera en número a la población blanca de origen no latino del estado, que asciende a 12 millones. Si consideramos no solo la población latina de Texas, sino también la afroestadounidense y la de origen asiático, […] las comunidades minoritarias representan ahora más del 60% [de la población del estado]. Texas es y ha sido un estado en el que las minorías son mayoría. Por tanto, consideramos que estas tácticas son empleadas por los republicanos para seguir controlando el Gobierno estatal de Texas”.

Por si hicieran falta más pruebas de los intentos republicanos de socavar la voluntad de los votantes, el medio sin fines de lucro Pluribus News informó que Gobiernos estatales bajo control republicano están distorsionando el lenguaje de iniciativas electorales ciudadanas progresistas con el fin de confundir o engañar a la población. El estado de Arizona, por ejemplo, utilizó la expresión “ser humano por nacer”, en lugar de “feto” o “embrión”, en un folleto informativo sobre la iniciativa electoral que busca consagrar el derecho al aborto en la Constitución estatal. En los estados de Florida y Ohio, la población se verá también expuesta a un lenguaje confuso similar en las iniciativas ciudadanas que serán sometidas a votación popular en estas elecciones.

En su último discurso público, pronunciado tres días antes de su asesinato en abril de 1865, el presidente Abraham Lincoln abogó por que se concediera el derecho al voto a los hombres negros que habían sido esclavizados (hasta 1920, solo los hombres estaban legalmente habilitados para votar en Estados Unidos). El Partido Republicano de hoy, empeñado en restringir el derecho al voto de las personas de color, está a años luz del partido que lideró Lincoln.

© 2024 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

La Convención Nacional Demócrata que se realizó este año en la ciudad de Chicago ha sido un evento de cuatro días de duración destinado a propulsar la candidatura presidencial de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Muchos de los delegados presentes en la convención, provenientes de todo el espectro de la llamada “gran carpa” del Partido Demócrata —entre ellos estadounidenses de origen árabe, afroestadounidenses, judíos estadounidenses, sindicalistas y jóvenes— apoyan un alto el fuego en Gaza.

Muchos de estos delegados decidieron usar kefias, el tradicional pañuelo palestino, con la inscripción “Demócratas por los derechos del pueblo palestino”, mientras que otros llevaban pines que exigían un embargo de armas contra Israel, con el lema “Ni una bomba más”. Una clara mayoría de demócratas aboga por un alto el fuego en el enclave palestino y por la liberación de todos los rehenes secuestrados por Hamas que permanecen retenidos allí.

En febrero, al tiempo que aumentaba el número de muertes en Gaza, un grupo de activistas comenzó a construir el Movimiento Nacional por el Voto No Comprometido, una exitosa campaña que tenía como objetivo que la gente emitiera su voto en las primarias demócratas bajo la opción de votante “no comprometido” con ningún candidato en lugar de apoyar a Joe Biden, en señal de protesta por el apoyo de Estados Unidos a la guerra de Israel. Como resultado de esa campaña, más de 30 delegados de ese movimiento han estado presentes en la Convención Nacional Demócrata.

Una de las principales demandas del movimiento era que se incluya a una persona palestino-estadounidense como oradora en el escenario principal del evento. Después de que la dirigencia del partido rechazara el miércoles esta demanda, los delegados del movimiento por el voto no comprometido iniciaron una sentada pacífica de protesta en las afueras del United Center, el recinto donde se realizaba la convención.

Dentro del estadio, los delegados presentes escucharon a Stevie Wonder interpretar una de sus canciones más emblemáticas, “Higher Ground”, cuya segunda estrofa reza: “Los poderosos siguen mintiendo, mientras tu gente sigue muriendo”. Luego, los asistentes escucharon los discursos de la conductora de televisión Oprah Winfrey, del expresidente Bill Clinton y del actual gobernador de Minnesota y compañero de fórmula de Kamala Harris, Tim Walz. Fuera del estadio, mientras tanto, activistas del Movimiento Nacional por el Voto No Comprometido, provenientes de diversas partes de Estados Unidos, tomaban la palabra:

“Me llamo Ruwa Romman. Soy miembro de la Cámara de Representantes del estado de Georgia. Soy una legisladora electa del Partido Demócrata. […] No estamos aquí para crear divisiones. Como mis colegas han dicho una y otra vez, la única razón por la que estamos aquí es para asegurarnos de que Donald Trump nunca llegue a la Casa Blanca y para salvar las vidas de las personas que amamos. Sin embargo, el mensaje que dio hoy mi partido es que puede incluir la voz de republicanos antiabortistas, ¿pero no puede incluir a una funcionaria elegida por el voto popular como yo?”.

En cuanto a la demanda de incluir como oradora en el escenario central del evento a una persona palestino-estadounidense, Romman expresó:

“Hubiera sido un gesto realmente hermoso para demostrar que a este partido le importan los llantos de los niños o niñas israelíes de la misma manera que le importan los llantos de los niños o niñas palestinos. No estamos pidiendo demasiado”.

A continuación habló Sabrene Odeh, una delegada palestino-estadounidense del estado de Washington:

“¿Cuántos palestinos más tienen que morir para que el Gobierno estadounidense deje de enviar armas para matarlos? ¿Qué más tenemos que hacer?”.

Mientras algunos delegados abandonaban el United Center tras el discurso de aceptación de Walz como candidato a vicepresidente, otros visitaban la sentada de protesta. Entre estos últimos se encontraba la congresista del estado de Minesota Ilhan Omar, una mujer musulmana que huyó de la guerra en Somalia cuando era niña. Omar expresó:

“Los amo a todos… No se trata solo de ganar votos. Se trata de ser coherentes con lo que decimos acerca de cuidar a nuestro prójimo, mostrar empatía y tener compasión. Si eso es lo que somos como demócratas, entonces no hay ninguna compasión en continuar financiando esta guerra genocida. No hay compasión en apartar la mirada de los montones de cadáveres que se han ido acumulando durante los últimos diez años. No hay compasión ni empatía en el hecho de mantener este 'statu quo'. Mostramos compasión y empatía si admitimos que un alto el fuego [en Gaza] solo será posible si utilizamos la influencia que poseemos. Y la mayor influencia que tenemos es dejar de enviar bombas”.

Varios demócratas judíos también acompañaron o participaron en la sentada, entre ellos, Lily Greenberg Call, la primera persona judía designada por Biden que renunció a su cargo en señal de protesta por la postura del Gobierno estadounidense respecto a Gaza.

“Renuncié en protesta por el apoyo incondicional del presidente [Biden] al ataque de Israel contra Gaza. […] Nosotros, como pueblo judío, sabemos lo que es ser perseguido, sabemos lo que es ser víctima de la violencia patrocinada por el Estado, sabemos lo que es que un país entero esté empeñado en tu exterminio. Eso es lo que aprendí acerca de ser judía: como judía, tengo el compromiso de apoyar a otros pueblos [que se encuentren en situaciones similares]”.

Al cierre de esta edición, el Comité Nacional Demócrata continuaba con la negativa de incluir a una persona palestino-estadounidense como oradora en el escenario principal de la convención y la sentada de protesta también contnuaba. Mientras los delegados del movimiento por el voto no comprometido continuaban con la dolorosa tarea de contar los cadáveres de amigos y familiares muertos en Gaza, los líderes del Partido Demócrata presentes en la Convención Nacional de Chicago se dedicaban a contar votos.

© 2024 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

Donald Trump fue “entrevistado” esta semana en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. El entrevistador fue el propio Elon Musk, propietario de la plataforma. Las preguntas de Musk a Trump fueron tan serviles que End Citizens United, una organización que aboga por una reforma de las leyes relativas al financiamiento de las campañas electorales, presentó rápidamente una denuncia ante la Comisión de Elecciones Federales. En la denuncia, la organización describe a la transmisión en vivo, de más de dos horas de duración, como “una flagrante contribución corporativa en especie que infringió las leyes relativas al financiamiento de campañas”. Este acontecimiento representa apenas un momento de unas elecciones presidenciales sumamente tensas y pone de relieve el creciente poder de los multimillonarios que intentan manipular el proceso político en beneficio propio.

Elon Musk es la persona más rica del planeta. El periódico The Wall Street Journal ha publicado algunos de los artículos más reveladores sobre la intensificación de la actividad política de Musk, especialmente su compromiso, recientemente revelado, de ayudar a Trump a ganar las elecciones presidenciales de noviembre.

La periodista Dana Mattioli y otros colegas del periódico escribieron un artículo, publicado a mediados de julio, en el que exponen los planes de Musk de donar la friolera de 45 millones de dólares por mes para la campaña de Trump, es decir, 180 millones de dólares en total. Un fragmento del informe indica: “[El comité de acción política a favor de Trump] America PAC, establecido en junio, tiene como objetivo promover el registro de votantes en los estados clave y persuadirlos para que vayan a votar de manera anticipada o soliciten los formularios para emitir el voto por correo”.

El artículo más reciente de Mattioli, titulado “La intervención activa de Elon Musk para obtener 800.000 votantes para Trump”, detalla la participación directa de Musk en las actividades del súper comité de acción política. El artículo comienza así: “A partir del mes de abril, Elon Musk reservó discretamente una hora de los viernes para una nueva actividad: la política nacional”.

En conversación con Democracy Now!, Dana Mattioli expresó: “Hace apenas unos meses, Elon Musk dijo que no aportaría dinero a ninguno de los candidatos presidenciales. [Pero] lo que hemos visto es un giro completo de 180 grados. No solo lanzó este súper comité de acción política con el objetivo de aportar ingentes sumas de dinero para que Donald Trump gane [las elecciones], sino que también está participando directamente en la campaña para movilizar el voto hacia Trump. También manifestó de manera contundente su respaldo a Donald Trump después del intento de asesinato. Así que [Musk] se ha convertido en un actor político muy importante en este ciclo electoral presidencial. El comité busca conseguir que 800.000 ciudadanos con baja probabilidad de participación electoral acudan a las urnas, en estados claves, para apoyar a Donald Trump. Elon [Musk] también quiere que los trabajadores de sus empresas asentadas en esos estados registren a nuevos votantes para que acudan a votar”.

Sin embargo, como sugiere el último informe de Mattioli, la implicación personal de Musk ha desatado el caos en el súper comité de acción política. A pocos meses de las elecciones, se produjo el despido repentino de empleados y proveedores de servicios fundamentales, quienes fueron sustituidos en su mayoría por miembros de la fallida campaña presidencial del gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis.

Como el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se decide en un reducido número de estados disputados, la inyección de grandes sumas de dinero para movilizar a los votantes en esos estados podría tener un impacto decisivo. Los esfuerzos del America PAC se enfrentan a un renovado entusiasmo en el Partido Demócrata y en la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador del estado de Minesota, Tim Walz.

Por su parte, los demócratas también cuentan con varios multimillonarios que aportan a los comités de acción política que abogan por sus candidatos. Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y actual miembro de la junta directiva de Microsoft, ya ha donado diez millones de dólares para apoyar la candidatura de Harris. Hoffman también ha declarado que confía en que Harris, si gana las elecciones, destituya a la presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, Lina Khan, una funcionaria designada por Biden que ha llevado adelante con firmeza las medidas antimonopolio impulsadas por el Gobierno estadounidense. Como informa el medio The Lever, las medidas antimonopolio podrían impedir que Microsoft adquiera una empresa de inteligencia artificial en la que Hoffman ha realizado importantes inversiones.

Independientemente de las sumas de dinero que los multimillonarios y millonarios vuelquen en la campaña, ya sea de forma transparente o a través de formas de financiamiento ilícitas, la ciudadanía estadounidense será quien tenga la última palabra en las elecciones de noviembre. La campaña de Harris-Walz confía en que una base revitalizada, con un importante apoyo de las organizaciones sindicales, los impulse a la victoria en noviembre.

El sindicato United Auto Workers, uno de los más grandes y poderosos de Estados Unidos, ha manifestado públicamente su respaldo a Harris y está movilizando activamente a sus miembros para garantizar la victoria electoral de la vicepresidenta.

Tras la conversación entre Trump y Musk transmitida en vivo en la red social X, el sindicato United Auto Workers presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales en la que acusa a Trump y a Musk de intentar “amenazar e intimidar a los trabajadores”. Musk se rió cuando Trump elogió su habilidad para recortar puestos de trabajo.

Donald Trump: “Usted es el mejor en eso de recortar [personal]. Yo veo lo que usted hace. Usted entra y simplemente dice: '¿Quieren abandonar el trabajo?'”.

Elon Musk: “Sí”.

Donald Trump: “Los trabajadores se declaran en huelga –no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero se declaran en huelga– y usted dice: 'Está bien. Están todos despedidos. Están todos despedidos. Se van todos'. Usted es el mejor en eso”.

United Auto Workers alegó que la amenaza de despedir a trabajadores en huelga estaba dirigida a la plantilla no sindicalizada de Musk en la empresa Tesla. El sindicato tiene más de un millón de afiliados en todo el país, muchos de ellos en Michigan, un estado clave. En noviembre, quizás sean los trabajadores, y no los multimillonarios, quienes rían los últimos.

© 2024 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

“Cuando bajamos del autobús, un soldado nos dijo: 'Bienvenidos al infierno'”. Así se expresaba Fouad Hassan, un hombre originario de Naplusa, una ciudad situada en el norte de los territorios ocupados de Cisjordania, que estuvo recientemente detenido en la prisión israelí de Megiddo. Las palabras de Hassan, padre de cinco hijos y de 45 años de edad, encabezan un devastador informe elaborado por la organización israelí para los derechos humanos B’Tselem que revela cómo Israel transformó rápidamente el centro penitenciario de Megiddo y otras once prisiones en una red de “centros de tortura” tras el ataque que Hamás llevó a cabo en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Fouad es uno de los 55 palestinos entrevistados por B’Tselem para el informe, de los cuales 30 provienen de Cisjordania; 21, de la Franja de Gaza; y cuatro son ciudadanos israelíes. Sus desgarradores testimonios se complementan con reportes periodísticos e informes oficiales que trazan un impactante mosaico de negligencia, maltrato, tortura y muertes dentro del sistema penitenciario israelí, que se han intensificado luego del 7 de octubre y que han sido cometidos de manera sistemática bajo la dirección del ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir.

Los testimonios que B’Tselem ha sacado a la luz son estremecedores. Sari Huriyyah es un abogado especializado en bienes raíces, de 53 años, que tiene ciudadanía israelí. Fue arrestado por una publicación que compartió en la red social Facebook el 4 de noviembre de 2023. Huriyyah describió lo que le ocurrió a Abd a-Rahman Mar’i, un joven de 23 años de edad que estaba confinado en una celda de aislamiento contigua a la suya:

“[El joven] gritaba de dolor constantemente y suplicaba por atención médica. El guardia se acercaba de vez en cuando y le gritaba: '¡Come mierda! ¡Cállate!'. Por la mañana pasaron los guardias a contarnos. Uno de ellos le ordenó [al joven]: '¡Levántate, animal! ¡Levántate, perro!'. Lo revisaron y luego todo el lugar quedó en silencio. Finalmente, el personal médico dijo: 'No hay nada que hacer'. Uno de los guardias dijo 'mi más sentido pésame' y todos comenzaron a reír. Lo metieron en una bolsa negra para cadáveres y se lo llevaron como si fuera basura”.

Por su parte, Firas Hassan, un funcionario de la Autoridad Palestina, de 50 años, describió la paliza que le propinaron los guardias penitenciarios y cómo se enteró de que la golpiza estaba siendo transmitida en vivo para que Ben-Gvir pudiera presenciarla:

“Éramos diez palestinos en la celda. Los guardias entraron y nos golpearon durante 50 minutos. Estaban enmascarados. Se reían mientras nos golpeaban y transmitían todo en directo. Entiendo hebreo y escuché que uno decía: 'Estamos transmitiendo en vivo y en directo para Ben Gvir'.[…] Luego, después de atarnos las manos a la espalda y vendarnos los ojos, trajeron perros policía”.

Sarit Michaeli es coordinadora de incidencia internacional de B’Tselem. En conversación con Democracy Now!, Michaeli afirmó que Ben-Gvir no es el único responsable de los maltratos y torturas:

“No creo de ninguna manera que el ministro Ben-Gvir sea la única persona responsable [de los abusos]; el primer ministro [Benjamín] Netanyahu, que le ha conferido todo este poder [a Ben-Gvir], es el principal responsable y culpable. Estas son políticas. No son acciones cometidas por individuos descarriados. No son acciones cometidas por individuos que van contra la corriente. Son directrices establecidas por la dirección del sistema penitenciario israelí y por el Gobierno”.

El principal canal de noticias de la televisión israelí, el Canal 12, emitió un video que muestra cómo un grupo de soldados israelíes aparentemente violan en grupo a un prisionero y lo dejan con graves heridas en el recto y con las costillas rotas.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, admitió haber visto el video y afirmó: “[…] Debe haber tolerancia cero al abuso sexual o violación de cualquier persona detenida, punto”. Sin embargo, no hay evidencia de que el Gobierno de Biden le haya enviado algún mensaje a Israel en relación con este asunto.

Michaeli sostiene que si Estados Unidos no ejerce ninguna presión al respecto, los maltratos y abusos que B’Tselem describe en su informe seguirán ocurriendo:

“No esperamos que ninguna investigación hecha por israelíes cambie de manera significativa la situación. […] Hacemos un llamado a todos los países y a las instituciones internacionales pertinentes para que investiguen la situación e intervengan. […] Específicamente, hacemos un llamado a la Corte Penal Internacional, porque estos delitos que enumeramos en nuestros informes son crímenes de guerra y podrían también alcanzar la magnitud de crímenes de lesa humanidad. La comunidad internacional, incluido el Gobierno de Estados Unidos, tiene el deber de actuar”.

El 5 de agosto, las Naciones Unidas emitieron una declaración que comienza con las siguientes palabras: “Los informes de presuntos actos de tortura y violencia sexual en la prisión israelí de Sde Teiman son manifiestamente ilegales y repugnantes, pero solo representan la punta del iceberg”.

Turquía ha solicitado unirse a la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, mientras que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional está intentando impulsar una acusación formal contra Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

El movimiento de solidaridad con el pueblo palestino está centrando su atención en la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, quien decidió no presidir la reciente sesión conjunta del Congreso en la que Netanyahu se dirigió a los legisladores estadounidenses. El miércoles, un grupo de activistas interrumpió el discurso de la vicepresidenta en un mitin que se estaba llevando a cabo en el estado clave de Michigan. Los manifestantes corearon “¡Kamala, Kamala, no puedes esconderte! No votaremos a favor del genocidio”. Harris respondió: “¿Saben qué? Si quieren que gane Donald Trump, entonces díganlo; de lo contrario, estoy hablando yo”.

Mientras se anticipan movilizaciones de solidaridad con Palestina tanto dentro como fuera de la próxima Convención Nacional Demócrata, todas las miradas están puestas en la vicepresidenta Harris: los llamados a un alto el fuego en Gaza aún continúan.

© 2024 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

Se fue julio, un mes que ha conmocionado el panorama político estadounidense. El mes se destacó, también, por eventos que suponen importantes progresos para las mujeres negras en Estados Unidos, pero también los constantes peligros que estas continúan enfrentando. Un indicio de progreso es la posibilidad de que Kamala Harris se convierta en la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia sudasiática en ser candidata presidencial de un partido mayoritario en Estados Unidos. Otra señal de progreso ocurrió el 31 de julio, día en que tres periodistas negras interpelaron al expresidente Donald Trump en una acalorada entrevista que tuvo lugar durante la convención anual de la Asociación Nacional de Periodistas Negros que se desarrolló en la ciudad de Chicago. Pero ser mujer negra en Estados Unidos sigue siendo peligroso, como lo demuestra la reciente muerte de Sonya Massey a manos de la policía.

Massey, una mujer negra de 36 años, madre de dos hijos, murió a manos de un agente de policía dentro de su propia casa, situada en la ciudad de Springfield, estado de Illinois. Alrededor de la una de la madrugada del 6 de julio, Massey hizo una llamada al teléfono de emergencias en la que denunciaba la posible presencia de un intruso cerca de su casa. La muerte de Sonya Massey a manos de la policía fue totalmente absurda, pero no siguió la trayectoria que suelen seguir las muertes de persona de color a manos de la policía, ya que el oficial blanco que mató a Massey fue posteriormente destituido y acusado de asesinato en primer grado.

El momento en el que el oficial de policía del condado de Sangamon Sean Grayson le dispara a Massey fue capturado en video por la cámara corporal de su compañero, presuntamente un agente llamado Dawson D. Farley, aunque el departamento del sheriff aún no ha confirmado su identidad. Grayson solo encendió su cámara corporal después de haber disparado. La Policía Estatal de Illinois inició una investigación sobre el incidente, pero recién el 22 de julio hizo públicas las imágenes registradas por la cámara corporal del compañero de Grayson.

El video muestra cómo los dos agentes ingresan a la casa de Massey y, después de pedirle sus documentos de identidad, le ordenan que retire del fuego una olla con agua hirviendo, cosa que ella se apresura a hacer de inmediato. En las imágenes se puede ver que Massey, una mujer menuda que vestía camisón y bata, sostiene con dos almohadillas la pequeña olla de agua y la sitúa cerca del fregadero de la cocina. Sean Grayson, un hombre corpulento de 30 años, estaba a tres metros de distancia, en la sala de estar, separado de Massey por una barra divisora.

Este dato es importante, ya que la razón que Grayson dio para lo que ocurrió después fue, tal como quedó registrado: “No voy a dejar que me tiren agua hirviendo en mi p…ta cabeza”. Sin embargo, el video de la cámara corporal de Farley no muestra en ningún momento que Sonya Massey tuviera la intención de arrojar agua caliente a ninguno de los dos agentes.

La familia de Sonya Massey está siendo representada por el reconocido abogado de derechos civiles Benjamin Crump. En una entrevista que mantuvo con Democracy Now!, Crump describió su reacción al ver las imágenes de video:

“Nunca he visto un video de una muerte por disparos policiales más terrible que este. Es totalmente absurdo. Lo que muestra el video es perturbador, al igual que lo que se escucha. Cuando uno mira el video y observa cómo se mueve alrededor de la barra [el agente Sean Grayson], a pesar de que luego alegó que disparó porque temía que Sonya le arrojara la olla de agua caliente en la cara, la misma que él le había ordenado retirar [de la hornalla de la cocina], desde una perspectiva objetiva, parece que está tratando de obtener una mejor posición para disparar. […] Cuando su compañero le dice 'voy a ir a buscar mi equipo de reanimación cardiopulmonar', él responde: 'No, es un disparo en la cabeza. No te preocupes [por eso]. No servirá de nada. Ella ya se ha ido'. Luego, en un momento del video, [Grayson] expresa 'Déjala que…', y no completa la frase, pero una persona podría deducir razonablemente que quiso decir 'Déjala que se muera'. El hecho es preocupante en todos los niveles. [Massey] necesitaba ayuda, no un tiro en la cara”.

El video registra también el momento en el que Grayson interactúa con los oficiales que llegan después de los disparos, a los que les dice: “Esta maldita perra está loca”.

Las comunicaciones de la radio de la policía revelan que la herida mortal de bala fue reportada inicialmente como “autoinfligida”. Los impactantes detalles del asesinato de Massey permanecieron confusos hasta que se hizo público el video de la cámara corporal, casi dos semanas después. La familia de Sonya no tenía idea de que la policía la había matado hasta que se informó de ello en los medios.

Una página de GoFundMe para recaudar dinero para la familia de Sonya Massey dice en un fragmento:

“Sonya era una madre atenta y cariñosa con sus dos hijos: un hijo de 17 años y una hija de 15. A Sonya le encantaba cocinar, hacer peinados, criar a sus hijos y pasar tiempo con su familia. Era también un miembro devoto de la iglesia”.

Tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris emitieron declaraciones de apoyo a la familia Massey. Harris hizo un llamamiento al Congreso estadounidense: “[Es momento de] aprobar la Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial, […] en honor a la memoria de Sonya y de muchas otras personas cuyos nombres tal vez nunca lleguemos a conocer”.

Sonya Massey pasa ahora a integrar una lista demasiado larga de mujeres negras que han muerto a manos de la policía, como Breonna Taylor, Sandra Bland, Atatiana Jefferson… En los tres meses que quedan hasta las elecciones de noviembre, la sociedad estadounidense debe continuar pronunciando sus nombres.

© 2024 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan

En un solemne discurso que pronunció el miércoles por la noche desde el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, explicó las razones por las cuales abandonó su candidatura a la reelección y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para que lo reemplace. La alocución de Biden puso fin a dos semanas históricas para Estados Unidos, en las que Harris fue catapultada como la probable candidata presidencial del Partido Demócrata tras el sorpresivo anuncio que Biden realizó el domingo.

En el lado republicano, Donald Trump, después de sobrevivir el 13 de julio a un intento de asesinato, prometió unir al país. Al menos, en ese tono comenzó su discurso de aceptación de la nominación como candidato republicano a la Casa Blanca durante la Convención Nacional Republicana que se celebró en la ciudad de Milwaukee. Sin embargo, a mitad de su serpenteante discurso —el más largo en la historia de las convenciones políticas de Estados Unidos— Trump regresó a su retórica habitual: afirmó que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta, atacó a las personas migrantes y se refirió a la COVID-19 como el “virus chino”.

El equipo de campaña de la fórmula Trump-Vance parece estar algo desconcertado mientras intenta ajustar su estrategia. En lugar de enfrentar a Joe Biden, un hombre de 81 años, ahora debe competir contra Kamala Harris, una dinámica mujer de color en su mejor momento. Donald Trump, de 78 años, ha pasado a ser ahora el candidato a presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Trump, Vance y sus referentes de campaña cuentan con un efectivo manual de referencias sexistas y racistas para desplegar.

Al menos tres miembros republicanos del Congreso estadounidense se han referido a Kamala Harris como una “contratación DEI”, sugiriendo que ella fue elegida debido a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

Durante una entrevista que mantuvo con el corresponsal de la cadena de noticias CNN Manu Raju, el congresista republicano del estado de Tennessee Tim Burchett expresó con su característico acento del sur de Estados Unidos: “En primer lugar, Biden dijo que iba a seleccionar a una mujer negra para que ocupe el cargo de vicepresidenta […]. Cuando uno apunta en esa dirección, obtiene mediocridad, y eso es lo que tienen ahora como vicepresidenta. […] Ella fue seleccionada cien por ciento debido a una política de diversidad, equidad e inclusión”.

Por su parte, la congresista republicana del estado de Wyoming Harriet Hageman, quien ganó las primarias de su partido tras vencer a Liz Cheney, una de las pocas congresistas republicanas que votó a favor del juicio político a Donald Trump tras la insurrección del 6 de enero de 2021, expresó en una entrevista: “En términos de capacidad intelectual, [Harris] es simplemente lo más bajo que se puede encontrar. […] Considero que fue seleccionada solo por una estrategia DEI”.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, intentó desesperadamente mitigar los daños de estas declaraciones, dado que ampliar el reclutamiento de personas de color para el Partido Republicano ha sido una estrategia clave. Johnson sostuvo en una conferencia de prensa: “Ni el origen étnico ni el género [de Harris] tienen nada que ver con esto”.

Mientras tanto, un video de una entrevista que J.D. Vance concedió en 2021 al canal Fox News, se ha vuelto viral. En la entrevista, J.D. Vance pone de manifiesto su sexismo y homofobia de manera explícita:

“En este país estamos efectivamente gobernados, ya sea a través de los demócratas o de los oligarcas corporativos, por un montón de señoras sin hijos y amantes de los gatos, que se sienten miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado y por eso quieren hacer que el resto del país también se sienta miserable. Y eso es solo un hecho básico. Miren a Kamala Harris, Pete Buttigieg, Alexandria Ocasio-Cortez: todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos”.

Por su parte, en un mitin que se celebró el miércoles por la noche en el estado de Carolina del Norte, Donald Trump prometió que “no va a ser amable” con Kamala Harris, a quien calificó de “tonta”, en una entrevista, y de “tonta como una piedra”, en redes sociales. Trump también evita pronunciar correctamente el nombre de pila de la vicepresidenta y acentúa la segunda sílaba de “Kamala”, en lugar de la primera, una costumbre que imitan los periodistas afines a su proyecto en los medios de derecha.

Sin embargo, Harris no mostró signos de sentirse intimidada por Trump cuando visitó el lunes la sede de campaña de Biden-Harris en el estado de Delaware.

“Fui elegida fiscal general del estado de California, y antes de eso fui fiscal de distrito. En esas funciones, lidié con delincuentes de todo tipo. […] Depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que timaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas en beneficio propio. Entonces, háganme caso cuando digo que conozco el tipo [de persona] que es Donald Trump”.

Kamala Harris no es la primera mujer negra que desafía a Trump. Durante su presidencia, Trump se burló de la congresista demócrata de California Maxine Waters a quien calificó como una persona de “bajo coeficiente intelectual”. Trump también ha insultado con regularidad a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien ganó el caso que presentó contra la Organización Trump por fraude financiero; así como a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, encargada del caso en que el expresidente enfrenta cargos por intentar revertir la victoria electoral de Biden en el estado de Georgia. Asimismo, Trump ha arremetido repetidas veces contra Tanya Chutkan, la jueza federal que tiene a su cargo el caso, presentado por el fiscal general Jack Smith, que investiga el papel que Trump desempeñó en la insurrección del 6 de enero de 2021 mientras intentaba mantenerse en el poder.

Mientras tanto, se han registrado tres resonantes casos de muertes de personas negras a manos de policías y guardias de seguridad en Wisconsin e Illinois, los estados anfitriones de la Convención Nacional Republicana y de la Convención Nacional Demócrata, respectivamente.

En Milwaukee, agentes del orden público que estaban prestando servicios en la ciudad a fin de brindar seguridad adicional para la Convención Nacional Republicana, mataron a disparos a Samuel Sharpe, un hombre sin techo con parálisis cerebral. Semanas antes, guardias de seguridad de un hotel de la zona céntrica de Milwaukee habían matado a D’Vontaye Mitchell, un padre de familia, de 43 años de edad, que falleció tras ser inmovilizado en el suelo por los guardias. En las afueras de la ciudad de Chicago, en Springfield, capital del estado de Illinois, un policía blanco mató a tiros a Sonya Massey, de 36 años, después de que esta llamara al teléfono de emergencias pidiendo ayuda. El policía implicado en el hecho ha sido acusado de asesinato en primer grado.

El racismo y el sexismo no solo son tóxicos, también pueden causar muertes. No deben tener cabida en el discurso político ni en la contienda presidencial de Estados Unidos.

© 2024 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.