mujeres embarazadas siguen sin recibir apoyo real en España. Así lo
refleja el 'Mapa
de Maternidad 2024' publicado por
RedMadre,
que denuncia que -descontando
a Madrid y Galicia-
las Comunidades Autónomas destinan casi
ocho veces más dinero a ayudas para abortar que a proteger la
dato especialmente grave si se tiene en cuenta que en
España mueren más personas de las que nacen,
y que la mayoría de la población valora de forma muy positiva la
experiencia de la maternidad y la paternidad: el
58,9%
de las personas que no tienen hijos desearía haberlos tenido,
y el
93,1%
de los encuestados afirma que ver
crecer a los hijos es el mayor placer de la vida.
"La
sociedad española no es consciente
de que mueren muchas más personas de las que nacen. No está en
nuestras manos que se tengan hijos, pero sí apoyar
a la mujer que se ha quedado embarazada",
advierte en COPE
la directora
general de RedMadre,
Amaya
informe se presenta en un contexto demográfico crítico: por cada tres nacimientos se producen cuatro fallecimientos. En 2024, nacieron 322.034 bebés, un 0,43% más que el año anterior, pero, aún así, cifras muy preocupantes si se comparan con los 439.146 fallecimientos registrados en el mismo periodo.
Uno
de los puntos más llamativos del Mapa de Maternidad 2024 es la
enorme desigualdad territorial en el apoyo a las mujeres que desean
continuar con su embarazo. Madrid
y Galicia aportan 96 de los 101 millones de euros
que destinan las Administraciones Públicas para mujeres embarazadas
en situación vulnerable.
España
dedica
237,85 euros anuales por mujer embarazada,
pero, sin
Madrid ni Galicia, la cifra cae a solo
21,11 euros.
En esas mismas comunidades -sin Madrid ni Galicia-, se destinan 8
veces más fondos al aborto
que a apoyar a las mujeres que desean ser madres:
37,9 millones de euros, frente a los 4,8 con los que financian la
maternidad. Mientras tanto, Madrid y Galicia sí invierten más en apoyo a la maternidad que en aborto, casi 10 veces más: 96,6 millones de euros, frente a 9,8.
La
brecha también se nota en la ayuda media anual por embarazada:
Galicia suma 1.856 euros, le sigue Madrid con 917, y encontramos
comunidades como País Vasco, Cantabria, Asturias, Navarra o
Baleares, donde la inversión es de cero euros.
Además, en 2024, una de cada cuatro embarazadas decidió abortar. Comunidades como Canarias, Asturias y Cataluña registran más de 400 abortos por cada 1.000 nacimientos.
Ante
esta situación, Azcona denuncia: "Es
un escándalo
que a una mujer que se queda embarazada y tiene dificultades se le
pague la decisión de abortar, y se le deje abandonada si decide
continuar. La
mujer tiene derecho a decidir seguir adelante,
y en la mayor parte de España los políticos abandonan a las mujeres
que tienen dificultades".
El
informe también analiza los motivos que llevan a miles de mujeres a
retrasar la maternidad o a renunciar a ella. Entre las principales
causas se encuentran: falta de medios económicos, problemas de
conciliación, temor a ralentizar o frenar su carrera profesional,
percepción de que los hijos son una gran responsabilidad, y la
inseguridad sobre el futuro de sus hijos
A
estos factores se suman otras dificultades: El
47%
de las mujeres afirma que su trayectoria laboral cambió tras ser
madre, y el 57%
cree que tener hijos afecta más a la madre que al padre en
oportunidades de trabajo. Además, la tasa de pobreza laboral en
hogares monoparentales -la mayoría encabezados por mujeres- es del
cuanto a las prestaciones familiares, España figura entre los países
que menos apoyo directo dan a las familias. La media europea anual es
de 830 euros –con países como Luxemburgo, que alcanza los 3.789; o
Dinamarca, casi 1.900-, mientras que España se queda en 427 euros
un
tercio de las mujeres que dan a luz no tienen derecho a permiso por
maternidad; un problema que Azcona asocia a la inexistencia de una
buena política familiar en España: "No hay gasto en ayudar
durante el embarazo, en apoyar al niño cuando nace o en facilitar el
acceso a guarderías. No
hay interés en una política familiar".
El
estudio también subraya que más
del 80% cree que los hijos suponen una carga económica importante
y otras entidades sociales plantean una serie de medidas urgentes
para revertir el declive demográfico y sostener a las mujeres que
desean continuar con su embarazo. Las principales son: incentivos
económicos directos, políticas reales de conciliación laboral,
personal y familiar, mejorar el acceso a la vivienda, o crear
entornos sociales y urbanos favorables para las familias.
Además,
desde la fundación recuerdan la importancia de los programas de
acompañamiento emocional y práctico a mujeres gestantes. Más
del 80%
de
las mujeres que dudaban si continuar el embarazo siguieron adelante
cuando fueron escuchadas, acompañadas y apoyadas por organizaciones