El Ministerio de Consumo ha enviado cartas a más de 500 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan 50 o más propiedades en alquiler, instándoles a cumplir con la prórroga automática de los contratos. Esta medida, impulsada por Sumar, se incluye en un decreto que previsiblemente no será convalidado en el Congreso. La situación ha sido analizada en el programa 'La Linterna' con Ángel Expósito, durante las 'Clases de Economía' con la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, quien ha arrojado luz sobre la controversia que rodea al mercado del alquiler.
En concreto, la carta de Consumo se refiere a los contratos que expiren entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La renovación automática puede ser de hasta dos años, manteniendo los términos y condiciones del contrato en vigor. El texto al que se alude fue aprobado el pasado 20 de marzo como parte de un paquete de medidas urgentes. La votación para su convalidación se celebrará el próximo martes, 28 de abril, y todo apunta a que el Gobierno no logrará los apoyos necesarios.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, ha calificado la acción de Consumo como un intento de "a ver si cuela". Según ha explicado, existen "bastantes dudas" entre los juristas. Parece claro que quienes hayan renovado su contrato entre la entrada en vigor del decreto (22 de marzo) y su previsible derogación (28 de abril) están cubiertos por la medida. Sin embargo, la experta ha señalado que la situación es muy diferente para los contratos que venzan en los próximos meses, como por ejemplo, en diciembre.
Para estos casos, la carta de Consumo establece la obligación de prorrogar automáticamente el contrato si el inquilino lo solicita. No obstante, Gómez ha expresado sus dudas sobre el cumplimiento por parte de las empresas: "Ahí sí que hay muchas más dudas, y yo imagino que la mayoría, en este caso, que son grandes inmobiliarias, grandes fondos que tienen abogados y asesores, pues lo más normal es que no lo hagan, que no lo prorroguen".
Paralelamente, el mercado de la vivienda presenta cifras contradictorias. El número de hipotecas creció un 16% en febrero, alcanzando la cifra más alta en 15 años, mientras que las compraventas de viviendas caen. Los datos reflejan una brecha generacional: siete de cada diez hogares tienen vivienda en propiedad, pero entre los menores de 35 años, la cifra apenas alcanza el 30%. Esta situación se agrava en un contexto donde hay hasta 41 candidatos por cada piso de alquiler.
El experto en vivienda Leandro Escobar ha señalado que los jóvenes y los hogares con rentas medias-bajas quedan excluidos del mercado de la compra. "Para comprar una vivienda, digamos, promedio, pueden llegar a hacer falta alrededor de unos 45000 euros de ahorro", ha afirmado, lo que supone una barrera de entrada insalvable para muchos.
El importe medio de los préstamos ya roza los 174.000 euros, un 11% más que el año pasado, con un plazo de pago de 25 años. La agente inmobiliaria Reina Martínez ha explicado que el comprador medio "se conforma con comprar viviendas que realmente no se ajustan a sus necesidades". El principal problema, según Martínez, no es solo la subida de precios, sino que "no hay suficiente vivienda asequible en las zonas donde la gente realmente quiere", lo que obliga a situaciones extremas como la de pagar 525 euros al mes por compartir habitación.
Aunque los expertos hablan de una cierta estabilización, el futuro del mercado estará condicionado por la evolución de los tipos de interés y el euríbor. Para evitar sorpresas, la mayoría de los compradores opta por hipotecas a tipo fijo, que representaron el 65% de las firmas en febrero.
Yolanda Gómez ha añadido una clave para entender por qué aumentan las hipotecas aunque se vendan menos casas. A diferencia del periodo postpandemia, cuando muchos compraban sin financiación, ahora "como los precios son más altos, pues, incluso el que tenga ahorros, no tiene suficiente para hacer frente a la compra de la vivienda".
En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado ampliar los fondos Next Generation durante seis meses para facilitar la inversión en energías renovables y ha defendido la creación de un nuevo impuesto para las empresas energéticas.