PSOE y Sumar han unido sus votos en la Mesa del Congreso para impedir que el Pleno se pronuncie sobre las enmiendas presentadas por el Partido Popular y Junts, que buscaban instar al presidente del Gobierno a adelantar las elecciones generales. Es cierto que la facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno, así lo establece nuestro ordenamiento constitucional. Sin embargo, una cosa es la competencia formal y otra muy distinta el derecho de los representantes de la soberanía nacional a debatir y expresar una posición política sobre la continuidad de una legislatura que agoniza desde hace tiempo, sin presupuestos y sumida en la ciénaga de corrupción que rodea al Ejecutivo.

La decisión de bloquear estas iniciativas evita que los grupos parlamentarios y los ciudadanos conozcan con claridad cuál es la posición de cada formación sobre el futuro político del país. En una democracia parlamentaria, el debate no debería temerse. Las discrepancias se resuelven con argumentos y votaciones, no mediante filtros previos que impidan siquiera la discusión.

Resulta especialmente significativo el movimiento de Junts, un socio cuya relación con el Ejecutivo atraviesa momentos de evidente tensión. Previsiblemente Sánchez iba a salir derrotado, pero el resultado no habría sido vinculante. Sin embargo, PSOE y Sumar se han apresurado a impedir un debate que habría sacado a la luz la extrema precariedad de una legislatura que agoniza, sumiendo a España en una parálisis política e institucional.