El presidente del partido MCV Corazón Villalbino, Roberto Ramos, ha denunciado la situación de Collado Villalba a un año de las elecciones municipales. Ramos ha calificado la seguridad del municipio como «lamentable» y ha señalado un aumento del 20% de la delincuencia, criticando el proyecto de cámaras que califica de costoso e ineficaz. El edil también ha tachado de «chapuza» las obras del complejo Multipistas, criticando que no se van a acabar en esta legislatura, carecen de presupuesto y no se ha previsto mayor aparcamiento. Asimismo, ha arremetido contra la renaturalización del río Guadarrama en la zona del Parque de Las Bombas, un proyecto de cuatro millones de euros del que afirma que no tiene plan de mantenimiento, provocará la aparición de insectos y causará problemas con las farolas cuando se inunde.

Por otra parte, Ramos ha anunciado que su formación cambiará de nombre hasta septiembre para pasar a llamarse «Somos Collado Villalba» de cara a las elecciones de 2027, un proyecto en el que él sitúa sus opciones de ser candidato entre el 0% y el 3%. Además, el concejal, que asegura que trabaja gratis y lleva 25 meses sin cobrar, ha denunciado haber recibido amenazas en el móvil por parte de empleados municipales y que le han pinchado las ruedas del coche 15 veces por denunciar desmanes en el ayuntamiento, como el pago «salvaje» de horas extraordinarias de fuerza mayor en la policía local, deficiencias en centros educativos y la existencia de enganches ilegales a la red eléctrica por parte del propio consistorio.

Los sindicatos CSIT Unión Profesional, UGT, Comisiones Obreras y CSIF continúan con las movilizaciones contra la privatización de los albergues juveniles de la Comunidad de Madrid al denunciar que la licitación para explotar estos centros externaliza un servicio esencial. La medida afecta a una red de albergues situados casi en su totalidad en la sierra madrileña, en municipios como Rascafría, Cercedilla o San Lorenzo de El Escorial, lo que afectaría a 160 trabajadores según el responsable de servicios sociales de CSIT Unión Profesional, Javier González, quien afirma que «no pueden ser los trabajadores quien paguen la mala gestión de sus responsables políticos». Las concentraciones se han desarrollado en estas tres localidades con el apoyo de vecinos y de las direcciones de los propios centros. Trabajadoras afectadas denuncian que la Dirección General de Juventud justifica la privatización por supuestos picos de ocupación, un motivo que tildan de mentira al asegurar que las instalaciones funcionan todo el año al 100% y que la decisión se ha tomado de forma arbitraria. Las empleadas advierten de que la privatización conllevará traslados forzosos de, como mínimo, 40 kilómetros para el personal, el encarecimiento a más del doble de los precios para los usuarios, la inviabilidad de los descuentos actuales y la pérdida de empleo en unos municipios de la Sierra que carecen de otros servicios.