En el debate de las elecciones andaluzas celebrado ayer estuvo presente, como en toda la campaña de modo más o menos explícito, la cuestión de cuál es el sujeto que debe prestar los servicios públicos, especialmente los servicios sanitarios. La izquierda acusa a la derecha de haber privatizado la sanidad y la derecha no quiere entrar en la discusión sobre si un sistema de conciertos o de colaboración público-privada puede ser una fórmula adecuada, según cómo se aplique y según cuáles sean las circunstancias. 

Es verdad que la sanidad andaluza sigue teniendo problemas; las listas de espera para una intervención quirúrgica o para poder ser atendido por un especialista son de las que tienen plazos más dilatados. Pero la sanidad andaluza tiene un porcentaje de hospitales concertados que están por debajo del 10%. Otras comunidades autónomas, como Cataluña, con un gobierno socialista, tienen hasta el 20% de la sanidad pública concertada con centros privados o del tercer sector.

El sistema de conciertos no es necesariamente mejor o peor que un sistema que ofrezca sus servicios a través de hospitales gestionados directamente por la Administración. Tan servicio público es uno como otro. Es cierto que el sistema de conciertos o de colaboración público-privada necesita sistemas de control y supervisión que garanticen que la atención a los pacientes no tiene como objetivo principal maximizar el beneficio. Hay experiencias buenas y malas a lo largo de los últimos decenios.

Tampoco la gestión directa por parte de la administración es garantía de calidad, y muchas veces es incapaz de responder a la demanda de servicios. Este es un debate esencial que debe superar prejuicios ideológicos.