Sin Maquillaje, Altagracia Salazar

Ayer en medio del show de una conferencia protagonizada por el ex secretario de estado Mike Pompeo, el ya popular empresario Jochy Gómez advirtió que tenía otro contrato  y el riesgo de perderlo tal como  el zarandeado TRANSCORE para la semaforización del gran Santo Domingo.

En esta transmisión eso no es noticia porque ya hace par de meses que habíamos adelantado la existencia del citado contrato con el Ministerio de Defensa. 

Gómez ha devenido en unos meses de personaje de la sombra amparado en los vínculos primarios de su familia a una especie de hombre espectáculo. No ha habido manera de que se sepa en qué andan las investigaciones por las irregularidades detectadas en la famosa licitación ni que el MP suelte prenda sobre si se investiga o no.

El ministerio de Defensa no ha explicado el contenido de ese otro contrato y en un documento que se conoció anoche da cuenta de la notificación de la rescisión del citado contrato mediante acto de alguacil el pasado 10 de septiembre. 

Eso significa que todo el ruido que se originó en torno al caso TRANSCORE no alertó al  entonces ministro de defensa Carlos Díaz Morfa para por lo menos revisar dicho acuerdo. 

El acto de alguacil notificado a Gómez Canaan es escueto y reza “ El Estado General de las Fuerzas Armadas, a unanimidad de sus miembros, aprobó la rescisión del Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Defensa y la sociedad comercial AURIX S.A.S., De igual forma se decidió instruirle a la Dirección General del Cuerpo Jurídico, MIDE, para que le notifique la rescisión del citado acuerdo a la referida sociedad comercial”.

Un cabo me explicó con detalle la importancia de ese contrato entre Gomez Canaan y el ministerio de defensa. Es muy simple: materiales, artículos y tecnología que solo puede ser adquirida por y para organismos de defensa llega a la empresa o empresas del empresario Gómez Canaan gracias a ese contrato que lo convierte en suplidor de la Defensa Nacional.

Es posible que la tecnología adquirida solo se use para fines de los militares, pero también es posible que no. 

Lo curioso es que con el pedigrí conocido el ministerio de defensa le haya concedido dicho contrato y que se dejara en esas manos elementos importantes o vitales para un país como es la defensa nacional. 

Varios senadores oficialistas y aliados del partido oficial se están reuniendo con interesados en ocupar puestos en las llamadas altas cortes que deben ser renovadas en los próximos meses.

La JCE y el TSE son codiciadas y eso no es ni malo ni bueno.

Si no hay una legislación que lo impida supongo que pocos casos como los actuales merecen una renovación del mandato, pero eso lo pensamos los ciudadanos mortales que no tenemos el poder que los legisladores saben que tienen.

Por primera vez desde el año 2000 salimos de un proceso electoral sin sobresaltos. El TSE apenas tuvo oficio, no hubo quejas de los partidos opositores, no hubo demandas de transparencia de los grupos de sociedad civil ni hubo contratos escandalosos.

Basta recordar las gestiones previas de la JCE. Roberto Rosario, alias el constructor y su contrato SOMO cuya nebulosa no termina y el caso de la Junta precedente que tuvo el record de suspender un proceso y que no pudo o no quiso o impidió el voto en el exterior en el 2020.

Hoy los diarios traen la sugerencia del CONEP de que se repita con la JCE actual y pareciera de sentido común pero por mis informaciones los legisladores peremeistas no piensan igual.

Lo primero que aprende cualquier político bandido es el grado de poder que tiene y cómo usarlo en beneficio personal. En el caso de los legisladores hay gente dando cursos de tigueraje congresual porque tiene mucha experiencia en eso.

Esa gente no vende pero ofrece respaldo para posiciones como la JCE y encuentra quien le crea aunque todos y todas sabemos que al final serán decisiones de un nivel más alto.

Algún día este país superará el drama de la fecha de vencimiento. De hecho está JCE nos deja de herencia que las actas de nacimiento no vencen y que no hay que renovar la cédula cada cuatro años. 

Un amigo francés me mostró hace unos años su documento de identidad emitido en los años 70. Obviamente que Francia evolucionó en el diseño y tamaño de ese documento pero sin invalidar los anteriores. 

La renovación de la cédula en la era de Trujillo tenía un carácter recaudador y de control social que ya no funciona. Pero hay gente que no lo sabe.

La procuraduría general de la República tuvo que salir a explicar a los medios de comunicación que tiene una normativa interna que establece que cuando un fiscal es investigado y por tanto está suspendido de sus funciones, su pago se realiza a través de un cheque.

Es probable que los medios no supieran de la norma pero es casi seguro que los fiscales afectados si. A menos que su interés por la institución donde prestan un servicio sea tan poca que no conozcan de su propio status.

Hay un proverbio arabe que cae como anillo al dedo para situaciones que se viven en la vida dominicana. Dicen los arabes que el enemigo de tu enemigo es tu amigo.

En República Dominicana los protagonistas y beneficiarios de los casos grandes y pequeños de corrupción son enemigos del liderazgo del MP y encuentran mucho coro entre opinadores muy comprometidos con personas y casos.

Puede ser que alguien crea que un fiscal es investigado por sus buenas acciones y por su desempeño probo, pero personalmente lo dudo. Una investigación surge casi siempre ante una denuncia y no implica culpabilidad pero genera dudas.

Voy a leer tres parrafos del documento del MP que por serio que parezcan provocan risa: “La Dirección General Administrativa del Ministerio Público reveló que los cheques correspondientes a estos salarios están disponibles para su retiro desde el pasado viernes, 20 de septiembre del año en curso, y parte del personal bajo esta medida ya ha retirado su pago sin mayores inconvenientes.Desde el Ministerio Público lamentamos los inconvenientes que esta medida pudo generar a los involucrados, al tiempo que, reiteraron el respeto de los derechos de todos los investigados.

Algunos procesos disciplinarios se han visto afectados por malas prácticas e incidentes promovidos por los investigados. Incluso algunos de los fiscales suspendidos se encuentran fuera del país y entorpecen la realización del procedimiento disciplinario. Por esta razón, desde la institución se hizo un llamado a la lealtad procesal que permita conducir eficazmente estos procedimientos disciplinarios”

Cuando le pregunté a un cabo me explicó en dominicano y sin guardar las formas. “Doña se van para los países, siguen cobrando aqui  y de paso dificultan el proceso de su propia investigación”

Ahora si quieren cobrar tienen que pasar y por lo menos firmar.

Leonel Fernández anunció en NY, donde coincide en tiempo y espacio con el presidente Abinader, que ha creado un gobierno de la sombra.

No creo que el oficialismo se asuste con el nombre escogido por el lider maestro y guía para su esquema de oposición política porque el discurso leonelista fundamentado en el que la segunda gestión de Abinader  “empezó de mala forma” y “no acierta en nada” cae como simple discurso opositor.

Es más, cuando vi lo de gobierno de la sombra lo creí porque está firmado por la prestigiosa Agencia Francesa de Prensa.

La propuesta de Leonel, técnicamente muy válida es tener un equipo técnico para cada área de gobierno que pueda entrarle a los posibles desaciertos del oficialismo.

Eso no es novedad y quienes estuvimos por el Peledeismo ya sabemos que Bosch hizo lo mismo desde 1973 cuando salió del PRD.

Aunque ninguno de los partidos opositores de ha dado cuerpo ni prioridad el gran handicap del gobierno y del partido oficial está ahora en la designación del alcalde de La Vega que debe ser hoy.

La renuncia de Kelvin Cruz para optar por el ministerio de deportes, la renuncia de la vicealcaldesa presionada por los peremeistas que consideran el cabildo como un coto partidario habla una serie de errores políticos que ya pasarán factura.

Lo que es peor, el candidato propuesto por el partido es un legislador lo que forzará a una nueva vacante, esta vez en la cámara de diputados.

No importa lo que decida el presidente hoy es muy probable que el caso vaya al constitucional y en ese escenario el PRM pierde el control de la situación.

La oposición lo sabe, tanto como sabe que en unas nuevas elecciones volverá a perder aunque están dispuestos y de acuerdo en judicializar un asunto electoral y lo harán porque el PRM y el gobierno le han dado la oportunidad.

El asunto refleja una crisis en la renovación del liderazgo partidario que no es exclusiva de La Vega. 

El PRM deviene de un partido envejecido, que perdió el contacto con la sociedad y no ha tenido tiempo de generar un liderazgo real. 

La Vega es un síntoma ojalá que no se convierta en enfermedad.-

Participación Ciudadana emitió un documento con las precisiones de lo que establece la ley de Declaración Jurada de Patrimonio y su reglamento y la necesaria aplicación del régimen de consecuencias para que funcionarios designados y electos no se burlen de la ciudadanía.

Hoy es noticia de primera plana que el presidente de la República otorgó un plazo de 15 días a los funcionarios de su administración para que depositen la citada declaración y les advierte serán suspendidos y o cancelados en caso de no hacerlo.

Pero eso no es lo que dice la ley y las decisiones del presidente de la República no pueden estar por encima de la ley y mucho menos el mismo día en que utiliza el foro de las naciones unidas para abogar por que se fortalezca la lucha contra la corrupción.

No hay mayor lucha contra la corrupción que cumplir la ley, no importa la ley que se hable.

Hay que recordar que contrario a los funcionarios designados el 16 de agosto, los legisladores por ejemplo, sabían hace cuatro largos meses que tenían que hacer esa declaración. Cuatro largos meses.

Los pocos legisladores que lo hicieron a tiempo indicaron que no fue difícil y la Cámara de Cuentas se cansó de explicar que no ha habido cambios en la ley ni en los requerimientos. Pero los honorables prefirieron montar una campaña contra el órgano intentando convertirse en víctimas.

Lo que corresponde frente a los funcionarios que no cumplieron con la declaración y que no han iniciado el proceso es que se clasifique como “Declaración Tardía” y que se remita al MP para una investigación.

PC le ha solicitado  a la Cámara de Cuentas informar a la ciudadanía si se ha cumplido con la obligación legal de enviar los casos correspondientes al Ministerio Público y a los funcionarios encargados de aplicar la sanción de retener el salario hasta el debido cumplimiento, sin renunciar a las acciones penales que prevé la norma en caso de falsedad de la información contenida en la declaración.

Hay que decir que solo una solicitud de investigación de un legislador o funcionario electo por negarse a declarar sus bienes es una noticia y hay que sentarse a esperarla.

Un comentarista se queja hoy de la dificultad de creer en las múltiples declaraciones que aparecen en los medios de comunicación por la proliferación de esquemas de alabanza o crítica hacia una persona, una cosa o una situación.

Como todos sabemos de la existencia de esos esquemas mediáticos nos es muy difícil hacer una distinción entre lo cierto y lo falso y la valoración dependerá del discernimiento individual o de los compromisos políticos.

Lo peor es cuando hay una abundancia de plepla en personas que con un movimiento pretenden hacer una capicúa.

Plepla es un dominicanismo que significa hablar cosas intrascendentes  y Capicúa tiene una acepción local tomada del juego de dominó y significa hacer algo con una intención oculta.

En la semana les insistí en no hablar de lo que no se conoce porque es papel de los astrólogos y adivinadores, pero en RD si usted agarra los diarios se puede dar cuenta de la cantidad de aseveraciónes en función de cosas desconocidas como es el caso de la Reforma Fiscal o de cosas a medio conocer como la eliminación de entidades públicas.

Uno se encuentra con campañas  de plepla como la semana pasada con los ataques de legisladores a la cámara de Cuentas por la declaración jurada de bienes. Rios de declaraciones de funcionarios que se resisten a cumplir la ley o que entienden que ellos hacen la ley para otros.

Todavía hay nueve senadores que no han tenido tiempo en cuatro meses, desde que fueron electos en mayo hasta ahora de organizar una declaración que ellos saben que es obligatoria y se desparraman en plepla contra la Cámara de Cuentas.

Estas campañas buscan librarse de las responsabilidades y sobre todo culpar a otro de sus propias faltas, pero con dinero se puede hablar plepla y contratar pleplosos.

El trabajo cotidiano de buscar lo realmente valioso y o real en el contenido “informativo” en la República Dominicana es una lucha contra la plepla y los pleplosos.

El gobierno de Luis Abinader anuncia una reforma que no se llama de austeridad, pero lo es, que incluye la eliminación de ministerios, direcciones e institutos, pero al propio tiempo trasciende que creará una nueva entidad  de prensa y comunicaciones que no se sabe el rango que tendrá si será oficina o dirección.

Uno no sabe para qué se necesita más prensa, más redes y más bocinero. 

Una nota de Diario Libre de hace cuatro días refiere que los 23 ministerios tenían en sus nóminas 810 personas solo para los departamentos de comunicación sin contar con todo el staff de relaciones públicas.

A estos números se suman los empleados de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), una institución que desempeña la vocería del gobierno, que tiene 385 colaboradores a quienes paga mensualmente 22 millones 499 mil pesos.

También hay equipos de comunicación en la mayoría de las 138 direcciones generales u organismos desconcentrados, 94 cuerpos descentralizados, y 38 consejos, comisiones y comités.

La verdad es que hay que preguntar qué tanto tienen que decir si una parte importante de esas entidades lo único que hace es consumir un presupuesto de nómina.

La semana pasada cuando analizamos el presupuesto de algunas de las instituciones que se eliminarían o se refundirían eran pura nómina.

Debe ser así en las dependencias técnicas como el ministerio de Planificación o de la mujer, pero debe ser lo contrario en entidades como el Instituto Agrario. Donde técnicamente se hacen inversiones.

En mi clase siempre digo que una estrategia de comunicación siempre debe partir de hechos o programas  concretos sean estos positivos o negativos. 

Las estrategias de comunicación no compensan la carencia de servicios, no se pueden esperar cambios en la conducta de las personas en base a una estrategia de comunicación que no tiene un programa que la fundamente.

En fin parece que por ahí hay muchos aspirantes a Joao Santana ojalá que los resultados no sean los mismos.

Con la llegada al poder del PRM todos los directores de distrito del ministerio de educación fueron designados “asesores del Plan Nacional de Educación en salud" y en su lugar se designaron a personas vinculadas al partido oficial o por lo menos al titular de entonces Roberto Fulcar.

Esto debió usarse en el patio pero la seriedad de la situación amerita un Sin Maquillaje.

Los datos reportados por varios colaboradores evidencian algo que muchos suponíamos o intuíamos en algún momento  y es que la nómina de educación aguanta todo.

Educación para todos preservando la salud fue el programa desarrollado al inicio del gobierno de Abinader y en medio de la pandemia. En él se usaron los millones de dispositivos electrónicos que ahora no sabemos donde están y se pagaron miles de millones de pesos en colocación de horarios de transmisión en todos los canales de televisión habidos y por haber. Algunos nadie los vio según el reporte de dos importantes instituciones del sector educación que hicieron una investigación. 

La verdad es que no conocía el reporte y en su momento ustedes recordaran que entendíamos que el mundo entero improvisó porque nadie estaba preparado para la pandemia del Covid.

Lo que hemos encontrado no es solo la confirmación de que todos los directores salientes se constituyeron en asesores sino de nuevo duplicidades de nómina y una cantidad de técnicos por distrito que no se sabe cual es el criterio.

Distritos que tienen cinco técnicos, 10 técnicos y hasta 15. 

Ahora que el gobierno está metidos en un plan de austeridad y que se habla de la función de dos ministerios se hace necesario una evaluación profunda de la nómina que se lleva el 51% del 4 por el que luchamos todos y todas.

La policía mató ayer a dos sospechosos del asalto al Banco de Reservas en el que se robaron unos seis millones de pesos. Con eso cierra el caso del robo que se produjo en mayo de este año. En cuatro meses la policía investigó, juzgó, condenó y aplicó la pena de muerte a los asaltantes.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional varió la tarde de ayer la prisión preventiva que pesaba contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal implicado en la Operación Coral, tras más de tres años en los tribunales. El juicio a los implicados en los casos Coral y Coral 5G que implica un fraude al erario por más de 4, 500 millones continúa el 26 de septiembre.

Los dos hechos ocurrieron el mismo día y son un reflejo de como actúa el sistema de justicia de la República Dominicana.

El viernes el MP apeló la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que liberó a Víctor Díaz Rúa y Angel Rondón a pesar de que la empresa reconoció que había pagado en la RD 92 millones de dólares en sobornos. Los abogados de la defensa de ambos imputados dijeron que era una persecución contra sus defendidos.

El pasado lunes murieron Dos hombres murieron en los sectores de Invivienda y Los Corales de San Luis, respectivamente, del municipio Santo Domingo Este, supuestamente al enfrentar a una patrulla policial que los seguía por "varios crímenes violentos", entre ellos homicidios. Según una comunicación de prensa de la Policía, Rafael Velásquez Florentino y Carlos José Díaz eran perseguidos por crímenes que cometieron en Baní, provincia Peravia.

El mismo lunes Participacion Ciudadana revelaba que el juicio preliminar de la operación medusa que supone un fraude de seis mil millones de pesos había sido reenviado en 94 ocasiones porque se acató la solicitud de la defensa de Jean Alain Rodriguez de que se leyera la acusación de 12 mil páginas.

Esos casos son ejemplos fehacientes de cómo funciona el sistema de justicia en nuestro país. Si va a robar robe mucho. La operación Medusa multiplica por mil el robo al Reservas pero para sus implicados hay que respetarles todos los derechos y que bueno que sea así.

Esos son los casos de la administración pasada.

El gobierno actual no ha podido explicar por qué el contrato con Transcore para la instalación de semáforos se siguió aplicando a pesar de una orden contraria del TSA y de la paralización dispuesta por la dirección de compras y contrataciones. Pareciera que es un fraude pero no hay un preso ni parece preocupar a nadie.

Tanto en el caso de Transcore y los semáforos como en el caso de los pasaportes a la administración de Abinader que anda firmando pactos éticos se le ha perdido la s de transparencia.

Si se confirma que una empresa tiene que ganar, oigan bien tiene que ganar el concurso para el pasaporte electrónico, todo el discurso del gobierno se irá al suelo y habrá que prepararse para volver a la calle. 

Hay por lo menos dos generaciones de dominicanos y dominicanas que no saben que es la Caja de ahorros para obreros y Monte de piedad una de las instituciones que serían eliminadas en el proyecto de reforma presentado ayer. Monte Piedad es la compraventa del Estado y aparece en decenas de novelas y cuentos criollos a propósito de la pobreza urbana de la capital. 

Como muchas de nuestras instituciones es una copia descolorida de una entidad poderosa creada en el México Colonial y que se considera la primera entidad financiera de América Latina.

Lo propio pasa con el CONAPOFA, el Consejo Nacional de Población y Familia creado en los 60 cuando Balaguer asumió el control de la natalidad como un tema sanitario a pesar de las objeciones de la iglesia católica. Educar e incentivar  la planificación familiar fueron su razón de ser. Hoy una no sabe para qué existe. Como fue creado por decreto, otro decreto puede derogarlo.

Hoy habrá mucha gente hablando sobre los ministerios que serían fusionados pero prefiero hablar de esa cantidad de entidades adscritas al estado y pagada con dinero publico que no tienen razón de ser.

El que tiene más presupuesto es el Instituto agrario dominicano, creado para el proceso de reforma agraria  y cuya eliminación se sugirió desde la primera comisión de reforma creada por LF en su primera administración. El IAD nos cuesta dos mil millones al año.

La mayoría de esas instituciones son solo nómina. Por ejemplo el CONAPOFA  tiene 60 empleados y 23 son administrativos.

El presidente dijo ayer que los empleados de esas instituciones serán evaluados, algunos pasarán a otras instituciones, unos serán jubilados y el resto despedido.

Yo no sé si el presidente sabe que senadores y diputados andan mandando cartas a entidades públicas para que nombren gente, porque solo saben hacer política con la nómina y esa nómina sería congelada. Digo sería porque hay que esperar que igual que se levantaron contra la reducción de la cámara lo harán frente a la eliminación de entidades que se pagan con dinero del contribuyente.

Los anuncios de ayer tienen un frente abierto y no es la oposición es el propio partido de gobierno.