En la agenda política parece no tener lugar, en los territorios más afectados por estos flagelos no se advierten ni se conocen políticas públicas tendientes a mitigar la trata de personas, la Ley 985 de 2005 sancionada para adoptar medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar los derechos humanos de las víctimas no se acerca a la realidad y al ente persecutor le parece que es un delito de los denominados “complejos”. Todo cuanto atañe a esta otra forma de violencia basada en género en la voz de Claudia Quintero defensora de derechos humanos, asesora en proyectos sociales, actualmente es la gerente de la Fundación Empodérame y coordinó la puesta en marcha del programa de lucha contra la trata de personas en Cartagena, Premio Cafam a la mujer 2022.