Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) analizan la propuesta del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, de reformar el juicio de amparo para limitar su uso en casos de corrupción y delincuencia organizada.
Esta iniciativa surge tras la polémica decisión judicial que ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados de desviar cerca de 3,000 millones de pesos mediante un esquema de empresas fantasma.
La UIF y la presidenta Claudia Sheinbaum han criticado duramente al Poder Judicial por esta resolución, calificándola de acto de corrupción y anunciando reformas para evitar que los jueces puedan revocar bloqueos financieros impuestos por la UIF.
Además, reflexionan sobre cómo la UIF ha sido utilizada como instrumento de control político, y la importancia de mantener un equilibrio entre la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos fundamentales.​
¿Estamos ante un uso legítimo de las herramientas legales o frente a una estrategia para debilitar los contrapesos institucionales? Acompáñanos en este episodio donde desentrañamos las implicaciones de estas acciones en el sistema de justicia mexicano.