CORRUPTÓPOLIS

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) analizan el crecimiento de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Peña Merino, una institución que concentra cada vez más facultades sobre contrataciones tecnológicas, simplificación administrativa, identidad digital, telecomunicaciones y plataformas gubernamentales.
La discusión no es si digitalizar al gobierno es bueno o malo, sino qué sucede cuando una misma institución participa en las reglas, la ejecución, la supervisión y, en algunos casos, hasta en la evaluación de las políticas que impulsa. A ello se suma su participación en espacios de inteligencia, inversión extranjera, acceso a la información y sistemas de datos cada vez más interconectados.
Porque la información es poder. Y cuando se concentran atribuciones, datos y decisiones tecnológicas, la pregunta inevitable es: ¿quién vigila a quien puede verlo casi todo?

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) analizan el escándalo que terminó con la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE: contratos bajo investigación, posibles conflictos de interés y una red de proveedores vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, señalado en la prensa como el “contratista favorito” del organismo.
Pero la historia terminó de explotar cuando apareció un video del hijo de Taddei en un hotel de lujo en París acompañado por el propio contratista, una imagen que convirtió un expediente de contrataciones públicas en una crisis de credibilidad para el árbitro electoral.
Porque una cosa es organizar elecciones limpias… y otra explicar quién estaba haciendo negocios alrededor del INE mientras en París corría la champaña.

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) analizan el llamado “predialazo”: la polémica provocada por la nueva legislación catastral y por el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que puso sobre la mesa la actualización de los valores catastrales y su posible acercamiento al valor comercial de los inmuebles.
Porque técnicamente nadie ha decretado un aumento generalizado del predial, pero si cambia el valor sobre el que se calcula el impuesto, la historia puede ser bastante distinta. Entre catastros desactualizados, nuevas bases de datos, facultades municipales y un programa metropolitano que tuvo que ser revisado después de la reacción pública, preguntamos: ¿estamos modernizando la información inmobiliaria… o preparando el terreno para cobrar más por tener una casa?

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) analizan dos iniciativas presidenciales en materia de propiedad intelectual que, bajo la bandera de proteger propiedad intelectual y combatir engaños, abren una discusión mucho más incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la protección legal antes de convertirse en censura? Una de las propuestas endurece las obligaciones de los proveedores de internet frente a usuarios reincidentes; la otra crea un nuevo delito relacionado con el uso o imitación de identidad gráfica y signos oficiales.El problema aparece cuando conceptos poco definidos y mecanismos de retiro de contenidos pueden terminar alcanzando parodias, crítica política, sátira y, sí, hasta memes, porque la amplitud de expresiones como “identidad gráfica institucional” podría inhibir contenidos críticos que imiten elementos oficiales, mientras que las modificaciones legislativas no necesariamente eliminan ese riesgo.Porque proteger la propiedad intelectual es una cosa. Convertir cada meme en sospechoso… ya es otra.

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) analizan la iniciativa de Ley de Economía Digital y una de sus propuestas más controvertidas: permitir que la Secretaría de Hacienda determine sectores y actividades en los que los medios digitales puedan convertirse en la única forma de pago.
El episodio cuestiona qué ocurre cuando una dependencia del Ejecutivo puede cerrar la puerta al efectivo, pese a que los billetes emitidos por Banco de México tienen poder liberatorio ilimitado y la emisión monetaria forma parte de las áreas estratégicas reservadas constitucionalmente al banco central. También revisamos la paradoja de intentar acelerar por decreto una digitalización que, después de años de SPEI, CoDi, Dimo y la Ley Fintech, todavía no ha logrado desplazar significativamente al efectivo.
¿Estamos frente a una política para modernizar los pagos… o ante el intento de resolver por coerción lo que la innovación financiera no consiguió por adopción voluntaria?

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) abren la novena temporada entrando a la cocina corporativa de La Casa de Toño: una empresa exitosa, valuada en cientos de millones de dólares, que durante años operó mediante al menos 27 sociedades mercantiles y dejó una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿quién era realmente dueño de qué?A partir de una posible venta valuada en cientos de millones de dólares, el episodio explora tres conceptos que suelen aparecer separados pero forman parte del mismo problema: integridad corporativa, transparencia del beneficiario real y due diligence. Porque cuando llega un comprador, no basta con conocer la marca y sus ventas: también hay que reconstruir quién posee, quién controla, quién recibe los beneficios y qué contingencias laborales, fiscales, corporativas o reputacionales podrían acompañar la operación.¿La opacidad corporativa es sólo un problema de papeles… o puede convertirse también en un riesgo económico y de corrupción?

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) analizan la efímera reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, un regreso que duró poco más de 33 horas y que abrió una pregunta poco explorada: ¿qué ocurre cuando quien encabeza un gobierno estatal se encuentra incluido en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF?
En este episodio revisamos si la reasunción temporal del cargo pudo generar riesgos para la operación financiera del Estado, considerando las facultades del gobernador, su relación con las cuentas y recursos públicos y los efectos jurídicos de un bloqueo financiero.¿Fue simplemente un episodio político extraño o una decisión capaz de poner en riesgo las finanzas públicas de Sinaloa?

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) analizan la Megafarmacia del Bienestar, un proyecto presentado como respuesta a la corrupción y al desabasto de medicamentos que terminó exhibiendo problemas de diseño, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
El episodio revisa cómo la concentración de funciones en Birmex trasladó los riesgos hacia una nueva estructura que después enfrentó observaciones de la ASF y un proceso de compra con irregularidades, colusión y sobrecostos potenciales.
¿La estrategia anticorrupción eliminó realmente el problema… o simplemente cambió la corrupción de lugar?

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) analizan la polémica en torno a los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y las dudas que han despertado sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión y la independencia editorial de la radio y la televisión.¿Quién decide qué es verdad, qué es opinión y cuándo una noticia está “descontextualizada”? Se revisa qué derechos buscan proteger los lineamientos, las obligaciones que impondrían a concesionarios, códigos de ética y defensores de las audiencias, así como uno de sus puntos más controvertidos: la posibilidad de que una autoridad administrativa vigile su cumplimiento y aplique sanciones económicas frente a conceptos como veracidad, pluralidad, diferenciación entre información y opinión o difusión de contenidos falsos o descontextualizados.
¿Estamos ante una regulación legítima para hacer efectivos los derechos de las audiencias o frente a reglas ambiguas que pueden producir autocensura, inhibir el periodismo crítico y abrir la puerta al control gubernamental de los contenidos?

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) analizan la larga confrontación de los Estados Unidos con la justicia penal internacional, desde la firma -nunca ratificada- del Estatuto de Roma, hasta las órdenes ejecutivas de Donald Trump que permiten congelar activos, prohibir viajes y sancionar a fiscales, jueces, organizaciones y personas vinculadas con investigaciones de la Corte Penal Internacional.
Considerando la reciente ofensiva política contra la Corte hecha por Marco Rubio en que se le acusó de amenazar la soberanía estadounidense, interferir con sus operaciones militares y perseguir a funcionarios por el supuesto “delito” de defender a su país, se reflexiona cómo esa respuesta utiliza el poder económico, diplomático y financiero de Estados Unidos para neutralizar la capacidad de actuación de la Corte.
Ante ese escenario ¿debe el poder dictar cuando las reglas de la justicia internacional sí deben se acatadas y cuándo deben ser ignoradas?