Entre sus primeras resoluciones, las salas Primera y Segunda del Tribunal Constitucional (TC) en su actual composición han coincidido –unánimemente-en desestimar una serie de demandas de hábeas data interpuestas por un grupo de abogados porque han podido comprobar que la finalidad de esas acciones es únicamente obtener el pago de costos procesales de parte de las entidades del Estado.