El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda competencial planteada por la Defensoría del Pueblo contra el Poder Ejecutivo por la falta de atención de solicitudes y oficios cursados al amparo de sus atribuciones constitucionales en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía y de su rol supervisor de los deberes que debe cumplir la administración pública, en la protección de las libertades de expresión e información.