Territorio Rojo / Nación Criminal

En otoño de 2009, una joven empresaria de nombre Brenda Rangel, de entonces sólo 30 años, supo antes lo que miles de sus vecinos conocerían después, negados a aceptar su realidad: que el crimen organizado se había anidado en Querétaro, especialmente en la capital, donde el 9 de noviembre ocurrió la masacre de 10 personas en el Bar Cantaritos.

Pero eso, ya lo sabemos ahora: que Querétaro no es la ciudad santuaria que presume estar a salvo de la violencia de los cárteles; que las matanzas que vemos en otros estados también ocurren en sus calles y comercios supuestamente blindados. Eso lo sabemos hoy, viendo los videos virales de ese infame ataque armado. Pero hace 15 años, Brenda Rangel lo supo de primera mano y desde entonces he gritado que Querétaro es otra narcoentidad. Gritos que llegaron a los oídos de un país sordo.

Brenda Rangel es la primera mujer mexicana nominada para el Nobel Women’s Iniciative de los Derechos Humanos. Una galardonada de Amnistía Internacional por su activismo por la paz. Pero en 2009 era sólo Brenda Rangel, la hermana de Héctor Rangel, con quien compartía el negocio de venta de ropa. Su familia solía viajar a Estados Unidos, comprar ropa de marcas que aún no llegaban a Querétaro y la vendían entre sus conocidos con éxito, tanto que se volvieron uno de los clanes comerciantes más conocidos de la capital.

El 10 de noviembre de 2009, Brenda planeaba cobrar una deuda adquirida de un viejo cliente. 90 mil pesos. Algo usual en un negocio informal como el de ellos. Pero a punto de hacerlo, su hijo pequeño se sintió mal y su hermano Héctor tomó su lugar. La deuda se saldaría a cuantos kilómetros, pero el cliente hizo un extraño cambio de planes: pidió que la cita se moviera hasta Monclova, Coahuila, donde supuestamente tenía el dinero. Para compensar el viaje y la molestia, pagaría un extra. Así que el joven vendedor de ropa aceptó y se hizo acompañar de Milton e Irene, su amigo y trabajadora del hogar, para no viajar solo por carretera.

Ya en Monclova, Héctor avisó a su familia que más situaciones raras pasaban: no había rastro del cliente deudor y en la carretera había sido detenido, sin razón, por policías municipales. Contaba eso desde un teléfono público porque su batería se había agotado, cuando los uniformados reaparecieron para acosarlo. La llamada terminó con la promesa de Héctor de comunicarse de nuevo una vez que supiera qué querían esos policías, pero no volvió a llamar.

Al día siguiente, Brenda y su familia viajaron a Monclova para descifrar ese largo silencio. Buscaron en hospitales, Semefos, separos, hoteles y bares, esperando que la falta de comunicación fuera producto de una larga borrachera. En cambio, se toparon con que en aquellos años, un grupo criminal controlaba a los policías municipales y les obligaban a aplicar una macabra clave secreta llamada 92 Sierra. Una creación de Los Zetas.

Esa clave activaba a los policías municipales de Coahuila cuando veían un vehículo foráneo con dos o más hombres a bordo. Entonces, estaban obligados a pararlos y llevarlos con el jefe criminal del municipio, quien decidía si los detenidos eran inocentes o rivales disfrazados de visitantes. Si sospechaba de lo segundo, eran desaparecidos y asesinados. Y Héctor viajaba en un coche con placas de Querétaro y con otro amigo varón. La receta del desastre.

Quince días después del 10 de noviembre de 2009, Brenda acudió a cobrar la deuda de otro cliente, creyendo que necesitaría dinero para pagar un rescate que nunca llegó. Cuando llegó con ese conocido, rebasada de ansiedad, se desahogó y narró la tragedia familiar.

Ella sólo buscaba alivio, hablar con alguien, un consejo, pero se topó con que ese hombre conocía al otro primer deudor que llevó a Héctor hasta Monclova. Así es como la joven Brenda descubrió que, desde hace tres lustros, una célula de Los Zetas operaba entre Coahuila y Querétaro. Que su negocio eran los secuestros, las desapariciones forzadas y la extorsión. Y que su hermano era una de sus víctimas.

A diferencia de Los Zetas en Coahuila, Los Zetas en Querétaro tenían pinta de hombres y mujeres honorables. Apariencia inofensiva, un comportamiento falsamente decente. Aunque la gente de Querétaro intuía sus negocios sucios, los dejaron pasar porque sus buenos coches y sus buenas casas mejoraban la imagen de la ciudad. Así, Los Zetas queretanos se infiltraron en escuelas, iglesias, restaurantes y la vida cotidiana.

Querétaro se acostumbró a ellos rezando el mantra de la ceguera: “Acá viven con sus familias, por eso no hay violencia”. Y les abrieron los brazos. Hasta que desapareció Héctor y luego Antonio, Selene, Francisco y Mariana. Hasta que Los Zetas fueron desplazados y su lugar ocupado por el Cártel Jalisco, el Santa Rosa de Lima, los Templarios, los Beltrán Leyva, el de Sinaloa. Entonces, los desaparecidos llegaron a 3 mil 272, los asesinatos repuntaron y  aparecieron las masacres con víctimas contadas en dos dígitos.

Hace 15 años, el silencio de un vendedor de ropa llamado Héctor Rangel y los gritos de dolor de su hermana Brenda nos llamaban a ver que Querétaro era un nido del crimen organizado. Y no lo quisimos ver.

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Cuando el sol del 4 de noviembre despuntó sobre la comunidad de Tres Palos, en el puerto de Acapulco, los vecinos notaron una columna de humo que se elevaba desde la calle Vicente González. El temor era que se tratara de un incendio originado en la Escuela Secundaria Técnica 93, pero lo que sabrían en las horas siguientes les mostraría un panorama inesperado, pero igual de aterrador.

En un estado como Guerrero, donde entre 7 y 10 grupos criminales se disputan el estado y otros 13 brazos armados se pelean lo que queda de Acapulco tras el paso devastador de los huracanes Otis y Jhon, hasta las escuelas son susceptibles de ser víctimas del fuego extorsionador del crimen organizado, que cobra cuotas por cada alumno.

Por la hora, los acapulqueños imaginaron que una jauría de sicarios habrían atacado a la hora de entrada de los estudiantes. O que un improbable cortocircuito hubiera encendido el plantel antes de la primera hora de clases. De inmediato, sonaron los teléfonos en el centro de atención telefónica del número de emergencia 911.

Los reportes oficiales cuentan que los primeros respondientes fueron los bomberos y personal de Protección Civil. Ellos dieron cuenta que la escuela estaba intacta; el hollín que se elevaba por las copas de los árboles salía de dos vehículos en el interior de un domicilio, cuyos habitantes eran bien conocidos por la comunidad de Tres Palos.

Cuando el incendio fue controlado, los bomberos entraron al domicilio y encontraron una escena de horror. Sin ser alcanzados por el fuego, sobre un piso de tierra, yacían apilados los cadáveres de tres mujeres —Elia, Adolfina y Adriana— y dos hombres —Rigoberto y Mauro. Dylan agonizaba con un tiro en la espalda y de camino al hospital falleció de un choque hipovolémico. El saldo final fue de seis asesinados, entre ellos un menor de edad. Y dos sobrevivientes: una niña de 11 años y un joven de 20.

Cuando la Guardia Nacional arribó a la escena del crimen encontró la firma de la maña: más de 25 casquillos con armas calibre 9 y .223 milímetros. Y una explicación: los pistoleros habían incendiado, en un principio, la recámara principal de la casa, pero el techo de plástico se derritió rápidamente y cayó sobre los dos vehículos. Querían también destruir la vivienda. Arrasar con todo.

Los nombres de las víctimas fueron rápidamente conocidos por las autoridades porque se trataba de una familia querida por muchos en Tres Palos, Acapulco: un clan modesto de empresarios restauranteros en la playa Princess conocidos por la venta de cocos.

Un comerciante, de esos pocos que resisten el embate del cambio climático y el crimen organizado en el puerto turístico guerrerense, contó a MVS Noticias que recientemente dos escisiones de los Beltrán Leyva se sacudieron el lodo, salieron de los escombros y reaparecieron en la playa Princess, una de las zonas que más rápido se ha recuperado de la devastación y que atiende a los pocos turistas que llegan a la costa gracias a las extraordinarias inversiones de los empresarios más ricos del puerto y que no han huido.

Ahí, a dueños de negocios de todos tamaños, micro, pequeños y medianos, les anunciaron que se reactivaría el cobro de piso. Que los cárteles y brazos armados también necesitan dinero para pelear sus propias guerras internas y externas. Y que la tregua por el paso de los huracanes había terminado. Empezaría la cobranza con tres opciones: pagar sin chistar, cerrar el negocio o morir entre balas y fuego.

¿La familia de la calle Vicente González en Tres Palos se negó a pagar? Las primeras investigaciones apuntan hacia esa hipótesis. Lo cierto es que su matanza anuncia la temporada de pago de derecho de piso hacia el fin de año. Un invierno duro para Acapulco, después de que las expectativas por el Día de Muertos quedaron cortas y la industria turística reportó pérdidas por 300 millones de pesos.

Un dato ofrecido a este reportero es estremecedor: el crimen organizado en Acapulco ya ha comenzado a exigir para ellos el pago del aguinaldo que corresponde a los trabajadores, quienes seguramente ya han hecho planes sobre qué hacer con ese bono decembrino, su esperanza de sobrevivir al fin de año y las deudas de la cuesta de enero.

Si los aguinaldos de los acapulqueños no van a los bolsillo del crimen organizado de Guerrero, la amenaza es clara: habrá más matanzas como la de Tres Palos.

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Todo empezó en una pista de baile:  Cinco cabezas rodantes en una cantina en Uruapan-Michoacán, marcaron el inicio de la guerra contra el narco (2005).

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El lunes 14 de octubre, a dos días de la sentencia que dictará el juez Brian Cogan contra Genaro García Luna, la abogada Valerie Gotlib ingresó a la Corte del Distrito del Este de Nueva York una petición desesperada a nombre de su cliente.

Como a los reos a quienes se les concede una última comida antes de ser ejecutados, al arquitecto de la “guerra contra el narco” se le concedió una última petición antes de que se oficialice su muy posible cadena perpetua: aparecer este miércoles por la tarde en el juzgado usando traje y camisa en lugar del típico uniforme de preso.

La petición concedida es muy precisa en cuanto a la ropa que usará hoy Genaro García Luna en su probable última aparición pública: un par de pantalones azul navy, un saco azul del mismo tono, una camisa blanca, una playera interior blanca, zapatos negros, calcetines, un cinturón de piel y una corbata del color de su elección.

A simple vista se trata de un atuendo genérico. Acaso, una imagen formal para proyectar su versión de un hombre honorable acusado injustamente de colaborar con el crimen organizado, mientras cobraba como encargado de la seguridad nacional. Pero detrás de esa ropa, y especialmente el color de tela, hay una historia que desnuda a Genaro García Luna.

Vayamos atrás. A 1994. Un joven García Luna, graduado de Ingeniería Mecánica, una carrera ajena a temas policiacos, es el espía estrella del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Sus habilidades callejeras adquiridas en el barrio de la Romero Rubio, en la Ciudad de México, y su destreza inteligencia y contrainteligencia criminal lo hacen parte de la delegación que viaja a Chiapas para combatir al EZLN.

A pesar de trabajar en la selva, el novel espía muestra una obsesión por el arreglo personal. Especialmente, viste conjuntos baratos de la tienda Trajes Robert’s que tenía una sucursal en el Cisen, recuerda el periodista Francisco Cruz en su libro El Señor de la Muerte. Desde entonces, su color preferido es el azul navy.

No es casualidad. Entre sus pertenencias, el joven espía guarda la fotografía de otro hombre aficionado a los trajes azul navy. Otro que estudió una carrera ajena a la policía. Que usó sus conocimientos como espía para perseguir a disidente. El joven García Luna lo admira y quiere ser él, tanto que le copia el modo de vestir, ya que no puede imitar sus finos modales: su ejemplo a seguir es John Edgar Hoover, el polémico y oscuro primer director del FBI.

John Edgar Hoover fue director del FBI para ocho presidentes; García Luna quería lo mismo y Vicente Fox y Felipe Calderón eran su inicio. Hoover logró permanecer en lo alto del poder gracias a una colección de expedientes secretos sobre sus opositores; García Luna hizo lo mismo con los adversarios de sus jefes, incluido el expresidente López Obrador. Hoover persiguió a los comunistas; García Luna espió a los movimientos de izquierda que se oponían a la agenda conservadora de Acción Nacional.

Pero son dos las coincidencias más asombrosas: Hoover, director del FBI entre 1924 y 1972, aconsejó al presidente Dwight D. Eisenhower para que intensificara la guerra contra Vietnam; y García Luna le vendió al presidente Felipe Calderón la idea de declarar la guerra contra el narco. A Hoover le rodeó siempre el rumor de que apoyó a la mafia italoamericana, mientras que de García Luna se sospechaban, hoy confirmados, sus tratos con el crimen organizado.

A pesar de las coincidencias deseadas por García Luna para ser un clon del político estadounidense, los finales de ambos son distintos: Hoover dejó el poder hasta que murió a los 77 años. Sólo así dejó de ser director del FBI. Una especie de Sumo Pontífice de la Iglesia de la Inteligencia Criminal.

Se le despidió con honores en la Casa Blanca y hoy la sede del FBI lleva su nombre, aunque en 2001 un senador demócrata pidió que su nombre se eliminar de la construcción por ser una mancha para el edificio y la institución. La iniciativa no prosperó y la honra de Hoover sigue intacta, pese a las negras leyendas que lo ubican como un criminal de cuello blanco.

Un final muy distinto tendrá su fan mexicano. García Luna fue expulsado del poder muy joven, a los 51 años, cuando fue arrestado en Texas en 2019. Si el juez Brian Cogan así lo decide esta misma tarde, morirá en prisión como el rey breve de un imperio fugaz.

No se le despedirá con honores ni habrá edificio público con su nombre. Se hará silencio en la Corte del Distrito del Este de Nueva York y el espía que soñó con el poder total regresará a una celda despojado de su traje azul navy, su amuleto secreto con el que esperaba seguir los pasos de su ídolo y aferrarse a la inútil esperanza de, un día, volver a ser hombre libre.

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En el segundo piso de la casona 110 en la calle Monte Tauro, en la lujosa colonia Lomas de Chapultepec, el presidente electo Enrique Peña Nieto recibió a su futuro secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con un importante documento bajo el brazo. 

Faltaban dos meses para la toma de protesta y el exgobernador de Hidalgo presentaba, por primera vez, el documento final de lo que sería la estrategia de seguridad para el sexenio 2012-2018.

El documento era un legajo de lugares comunes, diagnósticos fáciles y estadísticas frías que se habían elaborado con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la entonces Procuraduría General de la República y la Policía Federal. Pero casi al final estaba lo realmente importante: un registro. Una lista negra.

Se trataba de 122 nombres con apellidos, edades, lugares de nacimiento, estaturas, así como la organización criminal a la que pertenecen y, en algunos casos, una fotografía… la más actual posible. En lo alto de la hoja estaba escrito, con negritas, “objetivos prioritarios”. La mayoría eran de Los Zetas, seguidos del Cártel de Sinaloa y luego el Cártel del Poniente.

La estrategia de seguridad del sexenio, resumió Osorio Chong, se basaba en detener o abatir a esos 122 delincuentes y generadores de violencia. Cayendo ellos, pensaban, caerían todos los demás y el país saldría de la pesadilla a la que se metió seis años atrás, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró la mal llamada “guerra contra el narco”.

En esta lista negra estaba, por ejemplo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, libre por aquellos años. También los hermanos Treviño Morales, Miguel Ángel y Omar, fundadores de Los Zetas; “El Kike” Plancarte, líder de Los Caballeros Templarios; e Ismael “El Mayo” Zambada, por mencionar algunos de los nombres más reconocidos.

Seis años más tarde, la aún PGR publicó su último informe del sexenio priista. De esos 122, 109 habían sido capturados o asesinados en enfrentamientos con fuerzas federales. Sólo 13 habían sobrevivido a la estrategia, es decir, el 10%. Un aparente éxito. 

Pero a pesar de que la lista negra estaba tachada casi en su totalidad, el país estaba peor que nunca: el presidente saliente Enrique Peña Nieto recibió un México con 25 mil 967 homicidios en un año y lo entregaba al presidente entrante Andrés Manuel López Obrador con 36 mil 685 asesinatos anuales. Un incremento de 41% de ejecutados.

Retomo esa historia porque este martes 8 de octubre, el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó en la conferencia matutina en Palacio Nacional la estrategia de seguridad para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario Harfuch, quien como comisionado de la Agencia de Investigación Criminal ejecutó la estrategia del peñanietismo, ofreció una versión reeditada y ampliada de ese viejo plan. Durante su presentación, en el apartado de Atención a Delitos de Alto Impacto, ofreció que en su gestión se identificarán los liderazgos criminales de primer, segundo y tercer nivel en las empresas delictivas. Es decir, vuelve la cacería contra los objetivos prioritarios, pero ya no serán sólo 122, sino acaso cientos que van desde el gran capo hasta el jefe de plaza.

Para lograr frenarlos, el “superpolicía” ensayará con tres componentes nuevos. El primero es una Guardia Nacional ya convertida formalmente en una comandancia de proximidad bajo la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional; el segundo, una recién creada Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial que promete contar con la tecnología de última generación para ubicar a esos objetivos prioritarios.

Y tercero, el despliegue de unidades especiales para ejecutar cateos y cumplir órdenes de aprehensión en zonas de difícil acceso que están controladas por el crimen organizado. Eso detonará procesos penales en contra de los objetivos prioritarios y algunos podrían terminar en extradiciones exprés hacia Estados Unidos, de acuerdo con el plan.

En un símil de lo que sucede en cada presidencia estadounidense, el secretario Harfuch tiene los primeros 100 días del nuevo gobierno para probar que su enfoque es el correcto. Especialmente, se juega el reto de que el regreso de los objetivos prioritarios, esta vez, por fin, de buenos resultados.

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La nueva presidenta de México Claudia Sheinbuam arriba al poder en tiempos interesantes para México. Bajo su mandato “la guerra contra el narcotráfico” declarada en diciembre de 2006 se convertirá este fin de año en mayor de edad, al cumplir 18 años.

México ya no es país de algunos cárteles, sino de más de 200 brazos armados. Algunos de ellos son los más ricos del mundo con un poder de fuego similar al que tienen ejércitos de naciones pequeñas. Son millonarios, salvajes y con más base social que el propio gobierno mexicano. Empresas criminales transnacionales que convierte a sus líderes ya no es capos, sino en CEOS de la delincuencia a nivel global.

Ante esto, Nación Criminal adelanta los 7 temas, en materia de crimen organizado, que marcarán el sexenio del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Los 7 indicadores que serán decisivos para que, dentro de seis años, midamos si la nueva administración federal triunfó en su estrategia. Las 7 plagas que habrá de aplacar la doctora Claudia Sheinbaum.

Primera plaga: la cúpula militar la llama “Los terribles 5”. No son personas, sino estados. Entidades que deben pacificarse en los primeros 100 días del nuevo gobierno para mandar un mensaje de estabilidad. En orden de prioridad están Sinaloa, en medio de la guerra entre Chapitos y Mayiza; luego, Guanajuato y su disputa por el combustible robado.

Sigue Chiapas y el jugoso negocio del tráfico de migrantes indocumentados; va Zacatecas y su tendencia malsana al asesinato de policías y militares; finalmente, Guerrero y la difícil tarea de aplacar la violencia en un Acapulco devastado por la corrupción y huracanes.

El siguiente plaga es la extorsión. El freno que no deja despegar a México. Los cálculos más conservadores aseguran que al país este delito le cuesta anualmente unos 226 mil millones de pesos. Implacable con pequeños negocios, también pone de rodillas a las grandes empresas. 

Si la presidenta Claudia Sheinbaum quiere quitarle el freno de mano al país, hay que quitar de conductores a los miles de cobradores de derecho de piso. Los limoneros de Michoacán serán el ensayo de una eventual estrategia nacional.

El reclutamiento forzado es la tercera plaga. No sólo el que se hace usando la fuerza, es decir, secuestrando y desapareciendo personas, sino el que hace haciéndole pensar a un menor de edad que se está integrando al crimen organizado por voluntad propia.

¿Por qué no se acaba el crimen organizado, si todos los días en redes sociales leemos y vemos que decenas son asesinados en enfrentamientos? Porque muere o detienen a uno, y la maquinaria del horror es rápida reemplazar con tres o cuatro. Si frenamos el reclutamiento forzado, los brazos armados están destinados a desaparecer en menos de seis años.

La cuarta plaga está en las prisiones. Por demasiado tiempo el gobierno mexicano se ha olvidado de las cárceles. Invertir en ellas es tremendamente impopular. Los votantes castigan que se otorgue un peso a un reclusorio en lugar de una escuela. Pero esa visión cortoplacista ha tenido sus consecuencias: desde las cárceles se siguen manejando los hilos del crimen organizado. El siguiente gobierno necesita una operación triple: eliminar el autogobierno, reclasificar internos y acelerar extradiciones de generadores de violencia.

Quinte plaga: nuevos mercados negros. Los analgésicos potentes elaborados con fentanilo, los vapeadores y productos elaborados con marihuana, por mencionar algunos, que bien podrían estar regulados por agencias sanitarias, pero que en lugar de eso se quieren prohibir por decreto, generando mercados dominados por el crimen organizado, que use esas ganancias millonarias que recibe por debajo de la mesa para financiar sus armas, balas y sobornos para seguir en guerra.

Sexta plaga: el Cártel Nueva Plaza. Son los rebeldes del “Mencho” y la escisión más grande y peligrosa del Cártel Jalisco Nueva Generación. Unos pistoleros con sed de venganza que en los últimos meses han ganado poder y territorio. Hoy no son muy mencionados y caminan sin prender el radar de policías estatales y ciudadanos, pero su inevitable crecimiento pondrán a prueba a los aparatos de inteligencia criminal en México.

Y séptima y última plaga. La más peligrosa de todas: que, en seis años, nos acostumbremos tanto a esta violencia, que no nos conmueva el dolor ajeno.

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El Cártel Jalisco Nueva Generación no sólo es una agrupación dedicada a traficar drogas, migrantes y armas, los tres mercados ilícitos más lucrativos del mundo. Es también una máquina bien aceitada y diseñada para ganar elecciones con el objetivo de incrementar el poder de su dirigente Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En entrevista exclusiva con el periodista Chris Dalby, Nación Criminal indagó en sus hallazgos durante la investigación que dio pie a su nuevo libro “CJNG: El cartel más peligroso de México”. Su relato sobre cómo y por qué el Cártel Jalisco Nueva Generación gana elecciones es estremecedor.

¿Por qué? El periodista asegura que el Cártel Jalisco aborda cada nueva elección como una nueva forma de reestablecer su control, hasta en municipios donde este control no está amenazado. Es decir, incluso donde nadie les disputa la plaza, la gente que responde al mando del “Mencho” usa una violencia extrema que es innecesaria, pero que les sirve para mandar el mensaje de plata o plomo.

Y lo hacen con un objetivo en la mente de cada jefe de plaza: que cualquier alcalde que gane, le deje ver a los líderes del grupo criminal los detalles económicos de cada municipio, con el objetivo de que el cártel sepa exactamente cómo sacarle el mejor provecho, un nivel de detalle que no hace ninguna otra agrupación delictiva en México.

Insisto: el periodista Chris Dalby encontró y publicó en su nuevo libro “CJNG: El cartel más peligroso de México” que esta agrupación criminal financia campañas políticas con el objetivo primario de desnudar a los municipios y ver todo lo que pueden obtener económicamente doblándolos, pero no quebrándolos. Llevando siempre a los habitantes de un municipio al extremo de la tolerancia de la extorsión.

El Cártel Jalisco coloca alcaldes en sus territorios para que éstos les abran todos los indicadores económicos. Y que el jefe de plaza local sepa exactamente qué negocios hacer. Por acá, el control del rastro municipal; más allá, el de los mercados y tianguis. 

De este lado, se puede obligar a los empresarios locales a hacer empresas fantasmas; de este otro lado, explotar las riquezas naturales del pueblo. Cada vez que financian una campaña, y la candidatura triunfa, tienen un libro abierto sobre cómo ganar dinero con el territorio, incluso aunque sea muy pobre. La ventaja empresarial que nadie más tiene.

Este esquema, asegura Chris Dalby, es algo nunca antes visto en el mundo criminal. Un modelo criminal que cada vez más grupos han aprendido.

Bienvenidos a la era del Cártel Jalisco como instituto criminal.

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Son 14 párrafos escritos a mano. Más una post data. Cuatro cuartillas en total. Fechadas el 13 de septiembre y garabateadas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. El redactor es Genaro García Luna, quien entrega las hojas a su defensa, que las escanea con prisa y las reparte a periodistas que han cubierto en Estados Unidos el juicio del exsecretario de Seguridad Pública federal. Faltan 21 días para que el juez Brian Cogan dicte sentencia y el “arquitecto” de la “guerra contra el narco” tiene algo que decir.

Lo evidente está escrito con su puño: García Luna asegura que, a partir de su arresto en diciembre de 2019 en Texas, los agentes de la DEA ofrecieron que su tiempo de encierro sería breve, apenas 6 meses, si se convertía en testigo protegido y él se negó; que nadie ha podido probar que haya tenido ingresos ilegales en su patrimonio; que los fiscales lo han juzgado con información falsa provista por el gobierno mexicano; que no existe una sola evidencia en su contra para vincularlo al crimen organizado; que el presidente López Obrador es el que sí tiene nexos sucios el Cártel de Sinaloa.

Que en los 58 meses privado de la libertad ha presenciado homicidios y apuñalamientos y que pasado casi un año en una celda de castigo sin saber las razones; que, según él, su honor está intacto. “Yo no he cometido algún delito”, asegura.

Pero acaso lo más importante de la carta es lo que no está escrito. Lo que se lee entre líneas. Lo que García Luna no quiere que sepas, pero el inconsciente lo traiciona.

Lo primero es lo que los biógrafos del exservidor público de hoy 56 años han señalado con insistencia: García Luna es un hombre intelectualmente limitado, que llegó a la cúspide del poder no por su astucia, sino por su capacidad para moverse por el fango y entablar sucias relaciones a cambio de que sus jefes mantuvieran las manos limpias.

La carta está repleta de faltas de ortografía, tildes que faltan o colocadas donde no van, comas mal puestas y una redacción que haría llorar a una maestra de secundaria. El dato no es menor, si se atiende que García Luna tuvo por seis años el grado de Secretario de Estado y es incapaz de poner mayúsculas correctamente, acentuar la palabra narcotráfico o escribir moción con c, no con s. Sus limitaciones confirman la gris personalidad y el vertiginoso ascenso de detective segundón contra robo en carreteras a superpolicía.

Lo segundo es lo que los especialistas en derecho anglosajón han adelantado: García Luna sabe, desde ahora, que será declarado culpable este 9 de octubre y que su castigo será una muy probable cadena perpetua, incluso en una cárcel más dura que el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Por eso, en la última hoja, la exmano derecha del expresidente Felipe Calderón asegura que cualquier sentencia emitida por un juez debe ser revisada por un tribunal colegiado a través del recurso jurídico de apelación. No explica porqué hace esa acotación, pero va implicito el reconocimiento de la derrota: cuando el mazo judicial caiga, su última oportunidad para volver a ser un hombre libre será la apelación, un recurso que estirarán sus abogados, pero que es improbable de ganar.

Lo tercero es la desesperación. La fragilidad de sus argumentos. García Luna sostiene que los testigos en su contra son narcotraficantes con “antecedentes criminales reconocidos” y, por ello, deberían ser descartados. No tienen probidad ni credibilidad, sugiere. Luego, se apoya en supuestas declaraciones de un criminal como Ismael “El Mayo” Zambada para acusar al actual gobierno de México de estar coludido con el crimen organizado. Es decir, cuando un capo habla mal de él, es inverosímil; pero cuando un capo habla mal de uno de sus adversarios políticos, hay que creerle.

Y cuarto, el amago. La amenaza. A unas 500 horas de que su vida de un giro definitivo, García Luna desliza la posibilidad de que, si lo arrinconan, hablará sobre políticos actuales, pero sin novedades que hagan temblar al país. No lo escribe pero se entiende: se le han acabado las cartas para jugar y el juez Brian Cogan tiene los ases en la mano.

Limitado, derrotado, desesperado y amenazante. Es lo que García Luna deja ver en su carta, pero espera que nadie se de cuenta.

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Era una inspección de rutina. La de un día cualquiera para la Guardia Nacional y sus binomios caninos en Culiacán, Sinaloa. Nada excepcional en un lugar aparentemente lejano de las bravas sindicaturas como Jesús María, donde es latente el riesgo de toparse con los negocios del crimen organizado.

Sucedió horas después del otro jueves negro en la ciudad, cuando circuló el falso rumor de que el “chapito” Iván Archivaldo había sido detenido. La orden del día de la Guardia Nacional incluía un trabajo rutinario que diera la sensación de normalidad a los uniformados: inspeccionar una empresa de mensajería de movimiento pausado. Pero la jornada, que se antojaba aburrida, terminó por descubrir una ruta narcótica que toca dos continentes.

Los reportes de la Guardia Nacional establecen que, previa autorización de los dueños de aquella empresa, los perros especializados en olfatear narcóticos entraron al local de nombre reservado. Ahí olisquearon los paquetes acumulados que serían enviados al extranjero. Y una caja de cartón llamó la atención de un binomio canino, un belga malinois de nariz veterana, que marcó la presencia de droga.

Para asegurarse, los uniformados pidieron la presencia de otro agente perruno, el que determinaría si estaba frente a un falso positivo o un real cargamento de droga. El movimiento de la cola confirmó que dentro de la caja de cartón había algo ilegal.

Al abrirla, los guardias encontraron una bola de boliche color negro. Sus bordes lucían irregulares. Como si la hubieran partido en dos y luego unido con poca destreza. Por esa línea mal soldada, la esfera se abrió después de unos mazazos y reveló el contenido: metanfetamina. Un segundo descubrimiento fue más importante que el primero: el destino de la falsa bola de boliche era Nueva Delhi, la capital de la India, a más de 14 mil kilómetros de Culiacán, el bastión de Los Chapitos.

El punto de llegada confirmó en México lo que el Buró de Control de Narcóticos en la India conoce bien: los cárteles mexicanos, principalmente el de Sinaloa y luego el Jalisco Nueva Generación, operan a sus anchas en la tierra de Mahatma Ghandi.

En 2021, en un informe de riesgos nacionales elaborado por la agencia antidrogas DEA, quedó asentada que esa ruta preocupaba a Estados Unidos. En el texto se puede leer: “que el involucramiento de los grupos criminales mexicanos en la producción de metanfetamina es a través de laboratorios de escala industrial, principalmente, en China y la India”. 

Esa angustia tiene sus inicios en la pandemia, cuando el coronavirus aisló a China y congeló los envíos de precursores químicos para hacer drogas sintéticas en México. Los cárteles necesitaban nuevos proveedores, y pensando que el confinamiento duraría sólo unas semanas y únicamente en territorio chino, las mafias de la India se postularon para suministrar esos pedidos. 

Los nuevos socios de los mexicanos en el sur del Asia tenían varias ventajas: una industria farmacéutica de gran desarrollo, pero poca vigilancia gubernamental. Instituciones débiles, policías corruptas y puertos conectados con todo el mundo cuyo intenso ritmo diario impide que todos los cargamentos sean revisados con detenimiento.

Además, las pandillas locales en Nueva Delhi, como los Gogi o Tillu, ofrecieron precios bajos a los narcotraficantes mexicanos con precursores químicos tan puros como los de China. Y aunque el mundo regresó a la nueva normalidad, y las mafias chinas volvieron a abastecer a los cárteles, la ruta México-India no volvería a estrecharse.

Los ejemplos sobran. Por ejemplo, el caso del doctor Mohammad Sadiq, quien de día era un honorable químico egresado de la Universidad Devi Ahilya trabajando para una farmacéutica, pero de noche robaba ingredientes crudos de su trabajo para enviarlos al Cártel de Sinaloa. O, por ejemplo, el caso de la explosión en abril de este año de una casa en el norte de Nueva Delhi que dejó dos personas muertas y que, luego sabrían autoridades indias, era en realidad una cocina de metanfetaminas dirigida por mexicanos.

Es un derrotero fácil de explicar. El capitalismo voraz. Los mexicanos quieren precursores químicos y los de la India se los dan; a cambio, los de la India reciben metanfetamina cocinada con la receta envidiable de los mexicanos, los mejores en el mundo para hacer ese narcótico adictivo y doloroso.

Ellos ganan, nosotros perdemos, porque con ese millonario negocio se financia la larga guerra que no termina.

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En el barrio de Mallorca, en Antioquia, Colombia, la abogada Miryam Rocío Vélez Pérez había encontrado su lugar seguro en el mundo. No era fácil hallar un espacio de paz en esos tiempos. En la década de los 90, ser jueza y vivir en Medellín, una ciudad asediada por el narcotráfico representado por Pablo Escobar, era una profesión de muerte.

Entre otras medidas, su nombre real no sería revelado en ningún documento oficial. Tampoco su fotografía. Incluso en los interrogatorios contra acusados, su rostro estaría oculto. Ni siquiera se conocería su rúbrica, sino que signarían los documentos legales con una firma electrónica. Una especie de fantasmas en el Poder Judicial.

Por eso, la jueza Miryam Rocío se sentía a salvo. Acaso, lo que revelaba la importancia de su trabajo eran sus escoltas, pero sus vecinos en el barrio de Mallorca no pensaban gran cosa de esa señora de aspecto afable, sólo que seguro era una abogada exitosa.

Pero el lugar seguro explotó el 18 de septiembre de 1992. Cuatro sicarios burlaron la seguridad de la “jueza sin rostro” y ubicaron su nombre, cara, domicilio y vehículo. Alguien dentro del gobierno les vendió esa información secreta. Y esperaron a que saliera de su casa, a las 7:55 de la mañana, para atacarla con armas semiautomáticas. Mataron a los escoltas y a ella la remataron dentro del vehículo frente a su hijo que gritaba “¡No maten a mi mamá!”.

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