La decisión del Senado de dejar sin efecto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad fue recibida con alivio y esperanza por profesionales y familias vinculadas al sector.

Trixia Aresti, kinesióloga especialista en neurorrehabilitación y terapista del neurodesarrollo, celebró la medida aunque advirtió que aún queda un largo camino por recorrer. “Es un festejo dentro de una guerra. Cada avance es una batalla, pero todavía falta mucho. Lo importante ahora es que podamos sentarnos con los organismos responsables para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan”, expresó.

Aresti remarcó que el sistema de prestaciones lleva años desfinanciado: “Las leyes 24.901 y 24.314 hace tiempo que dejaron de cumplirse. Una sesión de 45 minutos de terapia está valuada en 12.000 pesos por el Estado, cuando debería costar entre 50.000 y 70.000 para cubrir mínimamente el trabajo profesional y los gastos de atención. Es imposible sostenerlo así”.