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“El principal triunfador es Rusia”, así de contundente se muestra Jorge Dezcallar ante el nuevo equilibrio geopolítico, provocado por el último conflicto bélico en Oriente Medio. El motivo de la entrevista en Onda Cero para hablar del nuevo orden mundial es el último libro del ex director del CNI, convertido en escritor, que presentará este miércoles en Palma.

Asimismo el diplomático y exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, presentará en Palma su nueva novela, Pez negro, este miércoles, 8 de abril, a las 18.30 horas, en el Club Diario de Mallorca (Puerto Rico, 15), en una conversación con la periodista Elka Dimitrova, organizada por el Foro Bellver. Se trata de su último libro de una auténtica trilogía que relata una trama sobre terrorismo, geopolítica y secretos de Estado, y que convierte la actualidad internacional en ficción trepidante.

En un momento de máxima convulsión en Oriente Medio, Dezcallar publica una novela adictiva de inteligencia internacional en la que plasma la inquietante actualidad mundial con el conflicto entre Israel y Palestina como epicentro. "No habrá seguridad para Israel sin justicia para los palestinos", reitera el autor quien, con un conocimiento de primera mano del funcionamiento del poder y los servicios secretos, construye una trama vibrante que muestra la lucha secreta de los servicios de inteligencia occidentales contra el terrorismo global.

Por ello, en esta entrevista ofrecida unas horas antes por Onda Cero Mallorca, Dezcallar explica que sus novelas se apoyan en escenarios muy reales y en décadas de experiencia profesional en Oriente Medio y el norte de África. “Lo que hago yo en este libro y en los otros también es utilizar un trasfondo que es muy real”, señala, al tiempo que recuerda que la trama arranca con los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Sobre el conflicto actual, el diplomático es especialmente crítico con la estrategia de Estados Unidos e Israel. “Trump es impredecible”, afirma, y añade que el presidente estadounidense se ha metido en un conflicto sin objetivos claros ni una salida pensada. También advirtió de que la ofensiva israelí y la tensión con Irán están erosionando el respeto al derecho internacional. "Es un crimen de guerra y España ha hecho bien en rechazar esta guerra ilegal", añade.

El autor defiende que la ficción de Pez Negro se apoya en hechos “muy creíbles” y muy cercanos a la realidad. “La realidad supera a la ficción”, resume, en una conversación en la que vuelve a combinar literatura, inteligencia y política internacional. Por ello, la presentación de su última novela este miércoles despertará el interés del público que le podrá plantear cuestiones de máximo interés y actualidad.

En Pez Negro, el CNI, la CIA y el MOSAD se enfrentan al enemigo más sanguinario, el terrorista que da nombre al título, Pez Negro. Asís, antiguo espía del CNI retirado en Mallorca, creía haber dejado atrás su pasado. Sin embargo, la llegada de una joven israelí que ha perdido a sus padres en el último ataque de Hamás y una serie de movimientos sospechosos en el puerto de Palma lo empujarán de nuevo a una trama terrorista. Por ello, el libro y la trama se ambienta en parte en la isla natal del escritor, Mallorca.

Tras el éxito de sus anteriores novelas protagonizadas por su particular espía accidental Asís García, el autor consolida su trayectoria con una historia que bebe de la experiencia real de quien conoce las reglas —y las sombras— del tablero internacional. Sus ensayos han analizado la guerra de Ucrania o de Irán y ahora llega con una trilogía de novelas que llega a su culmen con Pez Negro.

Hablamos con el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares, Jaume Ferriol. También escuchamos a Diego González, fundador y presidente de la escuela universitaria ADEMA, con el que ha podido hablar Álvaro Cobarro.

Autoescuela Ribas ha puesto el foco en los cambios que llegarán en la regulación del carné de conducir, una reforma que, según sus responsables, modificará de forma notable el acceso al permiso en los próximos años. Joana y Pau Ribas, responsables de la autoescuela, explican hoy en los micrófonos de Onda Cero Mallorca que la nueva normativa permitirá obtener el carné a los 17 años, aunque entre esa edad y la mayoría de edad el joven deberá circular acompañado por un conductor experimentado.

Desde la autoescuela señalan que esta medida responde a la necesidad de adaptar la formación a los nuevos perfiles de alumnado y de favorecer una conducción más segura en los primeros meses con permiso. En su opinión, la conducción acompañada puede ser positiva siempre que se exijan requisitos claros al conductor que ejerza de acompañante.

Otro de los grandes cambios será la desaparición del código 78, que limita el permiso a vehículos automáticos. Según detallan los responsables de Ribas, la DGT permitirá a quienes se examinen con coche automático realizar después un curso práctico adicional para poder conducir también vehículos manuales, una medida que se aplicará antes de noviembre de 2028.

Joana y Pau Ribas consideran que esta modificación va en la dirección correcta, sobre todo teniendo en cuenta el peso creciente del vehículo automático y la expansión del coche eléctrico e híbrido. Sin embargo, advierten de que para las autoescuelas supondrá un reto importante por la necesidad de renovar flotas y asumir nuevas inversiones.

“La formación reduce accidentes”, subrayan Juana y Pau en esta entrevista para defender que cualquier avance normativo debe ir unido a más educación vial.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 818 personas en marzo en Baleares en relación al mes anterior (-3%) y en 2.338 personas en relación al segundo mes del año pasado (-8,1%) y se sitúa en los 26.518 parados. Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con la bajada de marzo, se acumulan ya tres meses consecutivos de descensos en el desempleo en el archipiélago.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Baleares (24 veces) mientras que ha subido en dos ocasiones. En el último año el desempleo acumula un descenso de 2.338 parados, lo que supone un 8,1% menos.

En marzo, los sectores con más parados son Servicios (19.462 con 895 menos que en febrero), Construcción (3.067 con 28 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (321 y nueve menos) e Industria (1.189 y dos parados más).

En cuanto a sexos, de los 26.518 desempleados registrados en febrero, 15.156 fueron mujeres y 11.362, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.492 personas de los cuales 1.909 son hombres y 1.583 son mujeres. En el segundo mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 5.782 personas tras bajar un 6,33% respecto a febrero y un 6,31% en comparación con el año anterior.

CONTRATACIÓN

En marzo se registraron 32.805 contratos en Baleares, un 12,2% más que el año anterior. De todos ellos, 23.389 fueron contratos indefinidos, cifra un 15% superior a la de marzo del año anterior, y 8.984, contratos temporales (un 5,3% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 27,4% fue temporal (frente a un 31,2% del mes anterior) y un 72,6%, indefinidos (el mes precedente fue un 68,8%).

Arranca en el Tribunal Supremo el juicio contra José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por los presuntos delitos de corrupción en los contratos de mascarillas que realizó el Ministerio de Transportes en la época de la pandemia del Covid-19.

A primera hora, todo se encontraba preparado en el Salón de Plenos del Supremo para celebrar otro juicio histórico que se alargará hasta el 30 de abril por el nutrido número de testigos y escritos. Tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional desde el pasado mes de noviembre y se declaran inocentes, asegurando sus defensas que no cometieron ningún delito.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción considera que Ábalos, Koldo y Aldama "convinieron" aprovecharse del cargo del entonces ministro, desde junio de 2018, para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico" de los tres, la contratación con la Administración "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el empresario. Todo ello, a su juicio, con "ánimo de enriquecimiento".

En su escrito de acusación, Anticorrupción remarca que los tres "acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando". Y destaca que eran "apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios" de Transportes como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.

Al hilo, el fiscal incide en que la presunta organización nació "con innegable vocación de permanencia en el tiempo", ya que "estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida" de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021.

Una "cohesión" que, según Luzón, "no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación" a Aldama de una "interlocución privilegiada" en sus relaciones con Transportes y "otros departamentos ministeriales", así como con "diferentes administraciones públicas".

Fiscalía pide en su escrito de acusación 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros.

Para Aldama solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.

Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama solicitan la misma pena que el fiscal.

Según el relato del Ministerio Público, cada uno de los acusados "asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz", y apunta que tanto Koldo como Aldama "consideraban" a Ábalos como "el jefe".

Luzón indica que el exministro "aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa". Para el resto de oficios, señala, se valía de Koldo como "su hombre de confianza". Tanto es así que, a juicio de la Fiscalía, Koldo se convirtió "más en asistente que en asesor", pues "desempeñó para Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas", antes y después de la etapa ministerial, que se extendió tres años.

"Koldo García fue el 'alter ego' de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio como en el seno de otras administraciones públicas, se sobreentendía que Koldo era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor", describe Luzón.

En concreto, pone el foco en que "Koldo manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando 'de facto' como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama".

Por su parte, Aldama --el presunto conseguidor-- es definido por Anticorrupción como "un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos", remarcando su "acceso preferente" al exministro.

Esa "interlocución privilegiada" por parte de Aldama le habría permitido, en primer lugar, conocer las necesidades de compra de material sanitario en plena pandemia, encontrar la empresa adecuada y confeccionar la oferta idónea para captar los contratos, primero en Transportes y organismos satélite, y después en las administraciones canaria y balear.

La Fiscalía asegura que Aldama "era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo".

Así, Luzón repasa las presuntas contraprestaciones que habrían recibido por parte de Aldama y sus socios, empezando por "el pago continuado de elevadas cantidades de dinero" --10.000 euros mensuales-- y siguiendo por alquileres de casas para ellos o sus parejas, algunas de ellas también contratadas por empresas públicas.

El juicio tendrá lugar a lo largo de 13 sesiones. Hasta el día 30 de abril, más de 70 personas comparecerán como testigos ante el tribunal, que estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

Entre esos testigos están el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que presidieron durante la pandemia comunidades autónomas --Canarias y Baleares, respectivamente-- que compraron mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. En su caso, el tribunal ha autorizado que declaran por escrito, sin acudir presencialmente, como les permite la ley.

Los tres acusados declararán al final, previsiblemente el próximo 28 de abril. Para el primer día del juicio están previstos como testigos un hijo de Ábalos, un hermano de Koldo, varios socios de Aldama o una expareja del exministro, Jéssica Rodríguez.

También testificarán, entre otros, varios ex altos cargos de Transportes como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, empresarios o agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron la presunta trama.

Los magistrados que celebrarán el juicio serán Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo a partir de este martes por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre y se declaran inocentes, asegurando en sus escritos de defensa que no cometieron ningún delito.

Pero el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que Ábalos, Koldo y Aldama "convinieron" aprovecharse del cargo del entonces ministro --desde junio de 2018-- para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico" de los tres, la contratación con la Administración "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el empresario. Todo ello, a su juicio, con "ánimo de enriquecimiento".

En su escrito de acusación, Anticorrupción remarca que los tres "acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando". Y destaca que eran "apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios" de Transportes como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.

Al hilo, el fiscal incide en que la presunta organización nació "con innegable vocación de permanencia en el tiempo", ya que "estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida" de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021.

Una "cohesión" que, según Luzón, "no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación" a Aldama de una "interlocución privilegiada" en sus relaciones con Transportes y "otros departamentos ministeriales", así como con "diferentes administraciones públicas".

Fiscalía pide en su escrito de acusación 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros.

Para Aldama solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama solicitan la misma pena que el fiscal.

LA TRAMA EN BALEARES

El caso también estalló en Baleares con la gestión del Govern balear en tiempos de Francina Armengol. El ejecutivo de Armengol se gastó 3,7 millones de euros en unas mascarillas que finalmente no sirvieron a través de la supuesta trama de Aldama, aunque el dinero nunca se recuperó.

Francina Armengol siempre ha negado conocer la supuesta trama y, de hecho, la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso declarará como testigo y lo hará por escrito.

MÁS DE 70 TESTIGOS

El juicio tendrá lugar en el Salón de Plenos del Supremo --el mismo espacio que acogió el celebrado contra los líderes del proceso independentista catalán-- a lo largo de 13 sesiones. Desde el próximo 7 de abril hasta el 30 de ese mes, más de 70 personas comparecerán como testigos ante el tribunal, que estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

Entre esos testigos están el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que presidieron durante la pandemia comunidades autónomas --Canarias y Baleares, respectivamente-- que compraron mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. En su caso, el tribunal ha autorizado que declaran por escrito, sin acudir presencialmente, como les permite la ley.

Los tres acusados declararán al final, previsiblemente el próximo 28 de abril. Para el primer día del juicio están previstos como testigos un hijo de Ábalos, un hermano de Koldo, varios socios de Aldama o una expareja del exministro, Jéssica Rodríguez.

También testificarán, entre otros, varios ex altos cargos de Transportes como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, empresarios o agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron la presunta trama.

Los magistrados que celebrarán el juicio serán Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

"EL JEFE" Y EL "ALTER EGO"

Según el relato del Ministerio Público, cada uno de los acusados "asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz", y apunta que tanto Koldo como Aldama "consideraban" a Ábalos como "el jefe".

Luzón indica que el exministro "aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa". Para el resto de oficios, señala, se valía de Koldo como "su hombre de confianza".

Tanto es así que, a juicio de la Fiscalía, Koldo se convirtió "más en asistente que en asesor", pues "desempeñó para Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas", antes y después de la etapa ministerial, que se extendió tres años.

"Koldo García fue el 'alter ego' de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio como en el seno de otras administraciones públicas, se sobreentendía que Koldo era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor", describe Luzón.

En concreto, pone el foco en que "Koldo manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando 'de facto' como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama".

LA "INTERLOCUCIÓN PRIVILEGIADA DE ALDAMA"

Por su parte, Aldama --el presunto conseguidor-- es definido por Anticorrupción como "un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos", remarcando su "acceso preferente" al exministro.

Esa "interlocución privilegiada" por parte de Aldama le habría permitido, en primer lugar, conocer las necesidades de compra de material sanitario en plena pandemia, encontrar la empresa adecuada y confeccionar la oferta idónea para captar los contratos, primero en Transportes y organismos satélite, y después en las administraciones canaria y balear.

La Fiscalía asegura que Aldama "era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo".

Así, Luzón repasa las presuntas contraprestaciones que habrían recibido por parte de Aldama y sus socios, empezando por "el pago continuado de elevadas cantidades de dinero" --10.000 euros mensuales-- y siguiendo por alquileres de casas para ellos o sus parejas, algunas de ellas también contratadas por empresas públicas.

El Ejecutivo autonómico ha aprobado este miércoles en una reunión extraordinaria del Consell de Govern el decreto ley de medidas para hacer frente a los efectos del conflicto en Oriente Medio con el que destinará más de 160 millones de euros a distintos sectores, más de 36 de los cuales son en ayudas directas.

El paquete se articulará en cinco bloques que contienen apoyo financiero, ayudas directas y medidas estructurales. El Ejecutivo, además, ha recuperado una deducción fiscal para compensar el alza de las hipotecas variables y ha incluido una subida salarial del 1,5 por ciento a los funcionarios.

En primer lugar, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se activará un mecanismo de apoyo a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito, a través de la entidad financiera ISBA.

En segundo lugar, el paquete incluye 36,7 millones de euros en ayudas directas dirigidas a los sectores económicos más afectados, entre ellos el sector primario. También se destinarán cerca de diez millones de euros para el sector del transporte.

Asimismo, se incorporará un conjunto de medidas orientadas a agilizar la tramitación de las ayudas, así como medidas fiscales, con un impacto estimado de cuatro millones de euros.

Por un lado, se recupera la deducción autonómica en el IRPF para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable, con el fin de aliviar la carga financiera de las familias afectadas por la subida de los tipos de interés.

Por otro lado, se establece una bonificación del 50% de las tasas portuarias para empresas de servicios, así como una bonificación del 100% para los pescadores profesionales, inicialmente hasta el 30 de junio, con posibilidad de ampliación hasta el 30 de septiembre.

Finalmente, el quinto bloque contempla una dotación de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios.

La convalidación está prácticamente asegurada después de que el PSIB avanzara su apoyo al considerar que incluye principalmente las medidas que ellos habían planteado. Además, han valorado positivamente la actualización de los sueldos de los funcionarios públicos.

Los hoteles de la Playa de Palma prevén ocupaciones del 80 % para esta Semana Santa que está a punto de comenzar y entre mayo y agosto espera alcanzar de entre 85 y 90 % "para arriba", ha asegurado este miércoles el presidente de la patronal, Pedro Marín.

Esta Semana Santa, el sector turístico de Mallorca afrontará "incluso más competidores" de lo habitual en esta época del año "porque las estaciones de esquí están abiertas y llenas de nieve", pero aún así, la Asociación Hotelera de Playa de Palma (AHPP) tiene previsiones de ocupación de ese 80 %.

Y de cara a la temporada alta, a pesar de la incertidumbre debida a la situación geopolítica por el conflicto en Oriente Medio, "Playa de Palma es destino seguro y ha hecho sus deberes para tener una previsiones muy buenas", ha afirmado Pedro Marín en una rueda de prensa de análisis de cara al inicio de la temporada, sobre la que ha adelantado que "las previsiones son muy parecidas a 2025".

"Esperamos que esta incertidumbre de los problemas geopolíticos y el encarecimiento del combustible no nos perjudiquen; hasta el momento no afecta ni positiva ni negativamente", ha afirmado Marín, cuya asociación respresenta a 115 hoteles de la zona.

"Creemos que la temporada irá bien, no controlamos todo pero esperamos que sea al menos como la del año pasado", ha añadido el consejero delegado de la marca Palma Beach, Mika Ferrer.

El ámbito más afectado por la situación y por la inflación asociada a ella serán los restaurantes, ha advertido el presidente de Restauración Mallorca CAEB, Juan Miguel Ferrer, por la subida de los costes del transporte, la distribución, el gas y la cesta de la compra. "Ahora mismo hay contención absoluta hasta que se pueda resolver o ver un poco de horizonte de cómo afecta este conflicto global", ha afirmado. "Aguantaremos todo lo que podamos antes de subir precios", ha subrayado.