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La fiscal del caso del neonato que murió tras ser arrojado a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023 ha sostenido este lunes, al inicio de la vista pública, que "la bebé nació viva y llegó caliente al hospital".

Ha sido en la explicación de su escrito de conclusiones provisionales a los miembros del jurado popular que juzga por asesinato a la madre y al tío y por omisión del deber de socorro a la tía de la criatura.

"A la bebé la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron", ha señalado la representante del Ministerio Público en su informe inicial.

La defensa de la madre, por su parte, ha admitido que lo que hizo la mujer es "una barbaridad", pero "ella no es una asesina".

La letrada que defiende al tío de la bebé dice que el hombre no sabía que su cuñada estaba embarazada ni que estaba arrojando al bebé muerto en el contenedor. "Nunca se podía imaginar que había depositado un feto humano", ha afirmado.

La Fiscalía les acusa de asesinato y pide que sean condenados a prisión permanente revisable. El Ministerio Público acusa a una tercera persona, presente en los hechos, de omisión del deber de socorro y le reclama una multa de 5.400 euros.

Los hechos juzgados tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023 cuando, según el escrito de acusación, la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban su hermana y su cuñado. Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huir del lugar, según la versión de la fiscal.

Luis Pol, presidente de Faconauto y Balearsa, ha destacado en "Más de uno Mallorca" que Baleares se encuentra en una posición privilegiada para liderar la transición hacia el coche eléctrico, gracias a sus distancias cortas y características geográficas. Aunque reconoce que la infraestructura de recarga ha sido lenta en desarrollarse, actualmente se están haciendo avances significativos, incluyendo la implementación de un sistema único de carga.

El mercado balear cerrará 2025 con más de 25.000 matriculaciones, alcanzando por fin niveles prepandemia, impulsado por la recuperación económica, la plena producción de fábricas y las ayudas públicas como el Plan Moves y el plan de achatarramiento autonómico, que ofrece 2.000 euros por retirar vehículos antiguos.

Pol estima que el coche eléctrico puro podría representar hasta un 20% de las ventas en algunas marcas, aunque la media se sitúa entre el 10% y el 12%. A pesar de los avances, advierte que cumplir con la Agenda 2030 será complicado sin una oferta más amplia y ayudas más contundentes, como las que han tenido países como Noruega o Suecia.

Finalmente, subraya la necesidad de rejuvenecer el parque automovilístico balear, cuya edad media supera los 14 años, y celebra que este año se haya logrado una ligera reducción gracias a las políticas de renovación.

Las fuerzas parlamentarias de izquierda de las Islas Baleares —PSIB-PSOE, Sumar-Més y Podemos— han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Llei 4/2025 de projectes residencials estratègics, impulsada por el Govern del PP y Vox. La ley permite construir en suelo rústico y modificar los planeamientos urbanísticos municipales, algo que las formaciones progresistas y entidades ecologistas consideran “una puerta abierta a la especulación y al desequilibrio territorial”.

Durante la presentación del recurso en Palma, el portavoz socialista Iago Negueruela afirmó que la norma “vulnera el principio de igualdad” y supone “una reforma urbanística salvaje que beneficia a los promotores y especuladores a costa del interés general”. Criticó que el texto otorgue a los constructores la capacidad de incorporar directamente sus proyectos al planeamiento municipal, desplazando las competencias de los ayuntamientos y consells insulars. “Con esta norma, los constructores hacen la ley y la sociedad pierde el control sobre la planificación de su territorio”, señaló.

Por su parte, Margalida Ramis, en representación del GOB, denunció que el nuevo marco legal “constituye un ataque al territorio sin precedentes, aprobado con prisas, sin debate público y con el único fin de blindar intereses urbanísticos privados”. El recurso sostiene que la norma rebaja la protección del suelo rústico, impone el silencio positivo para la aprobación de proyectos sin control ambiental y elimina la obligatoriedad del conocimiento del catalán para el personal sanitario, lo que supone —según sus impulsores— una regresión en los derechos lingüísticos.

Las fuerzas progresistas coinciden en que esta ley continúa la senda de la Llei 7/2024 de simplificació administrativa, también recurrida ante el Constitucional, y forma parte de una estrategia de desregulación urbanística que debilita las competencias locales y la seguridad jurídica. “No resolverá el problema de acceso a la vivienda —advirtió Negueruela—, sino que aumentará la presión demográfica, encarecerá el suelo y los precios, y pondrá en riesgo el modelo territorial de las Islas Baleares”.

Nos acompaña el presidente de la Asociación Hotelera de la Colònia de Sant Jordi-Ses Salines, Gori Bonet. Además, repasamos las noticias turísticas de la semana con Álvaro Cobarro.

El movimiento sindical Insularidad digna continúa reclamando un aumento en el complemento salarial destinado a los empleados públicos residentes Baleares. La plataforma se ha concentrado en su penúltima manifestación de octubre frente a la Jefatura Superior de la Policía, en Palma. Allí han avisado que si no reciben una repuesta del Govern, anunciarán una huelga para el 27 de noviembre.

Como en otras concentraciones, el movimiento de funcionarios ha denunciado el abandono institucional que sufren los empleados públicos por parte del estado además de la falta de medios y personal. El secretario de la Administración General del Estado por parte de UGT, Fernando Martorell se ha mostrado decepcionado y continúa avisando que, si no se solventa la situación actual, no les quedará más remedio que convocar la huelga hasta que se les ofrezcan una solución.

Por otro lado, el secretario autonómico de la Confederación Española de la Policía (CEP), David Pola, ha explicado que más allá del ámbito retributivo, en la concentración se denuncia una falta de medios y personal, que viene causado por esta situación. Además avisa que ya llevan muchos años señalando las carencias de la administración del estado en las Islas Baleares.

Además, Pola denuncia que las mejoras prometidas por la delegación de gobierno, todavía no han terminado de llegar, lo que obliga a la plataforma a mantenerse en la línea de la reivindicación hasta que, o les ofrezcan una respuesta o les ayuden con el problema.

Por su parte, Fernando Martorell sigue pensando que la situación deja mucho que desear. Para el portavoz lo más preocupante de todo es el servicio que se le está dando a los ciudadanos de Baleares, un servicio que nadie se merece.

La última manifestación del mes se llevará a cabo frente al centro penitenciario de palma. El próximo viernes será la última oportunidad de la delegación de Gobierno para actuar sobre el problema si no quiere una huelga el próximo 27 de noviembre.

El paro ha bajado en 10.500 personas en el tercer trimestre en Baleares hasta los 41.200 desempleados, un 20,3% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada del tercer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 5,77%.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Baleares (23 veces) mientras que ha subido en solo una ocasión, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2023.

En el tercer trimestre se crearon en Baleares 26.200 puestos de trabajo (+4,1% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 672.500 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 713.700 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 15.700 personas (+2,25%).

En el último año, el paro se ha reducido en 2.300 personas (-5,3%) en Baleares y se han creado 11.300 empleos (+1,7%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 9.100 personas (+1,3%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino bajó en 4.300 mujeres (-18,1%), frente a un avance del paro masculino de 6.200 parados (+22,2%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 19.500 y la tasa de paro femenino en el 5,79%. Por su parte, 21.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 5,75%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Baleares aumentó en 3.200 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 15,04%.

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 21.900 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 8.600 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 563.300 personas, de los que 476.100 tenían contrato indefinido (84,52%) y 87.200, temporal (15,48%).

La creación de empleo en el tercer trimestre en Baleares fue mayor en el sector privado, que generó 18.700 puestos de trabajo, un 3,33% más, hasta un total de 579.900 ocupados. Por su lado, el sector público creó 7.500 nuevos empleos (+8,81%) hasta 92.600 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 22.200 personas (+3,82%) en la comunidad hasta los 603.100 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 4.000 (+6,12%), hasta sumar 69.400 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios (12.500 menos, -41,81%) y en parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año (300 menos, -1,58%), mientras que se incrementó en Construcción (2.300 más, +230%) e Industria (800 más, +88,89%).

Andalucía (+32.300), Canarias (+15.100) y Murcia (+12.500) fueron las comunidades donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha registraron los mayores descensos, con 10.500, 10.300 y 5.400 parados menos, respectivamente.

En cuanto al empleo, Andalucía (+65.500), Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid (-60.700), Canarias (-14.100) y Asturias (-8.200), que destruyeron puestos de trabajo.

El PP balear ha registrado este viernes en el Parlament una proposición no de ley (PNL) por la cual solicita a la Cámara que inste al Gobierno de España a pedir a la Unión Europea la activación permanente de Frontex con el fin de detener la ruta migratoria al archipiélago.

De este modo, la formación reclama una vez más a Pedro Sánchez la activación de los recursos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en el ámbito de las Islas, al igual que sucede con las Islas Canarias y con las costas andaluzas, "toda vez que se ha conocido, por una revelación del portavoz de Frontex, que el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, mintió al afirmar que la agencia estaba desplegada en Baleares".

Los 'populares' han subrayado que la nueva reclamación se produce en el momento en que Baleares sufre la mayor oleada de pateras, con más de 6.100 inmigrantes irregulares llegados a las costas en lo que va de año y con los servicios asistenciales de los consells insulares "sobrepasados" en un 1.000% por la presencia de menores migrantes no acompañados, "circunstancia que impiden atender este drama humanitario con garantías y que requiere una respuesta urgente del Estado y de la Unión Europea".

El PP ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, pidió directamente a mediados de octubre al comisario de Interior de la UE, Magnus Brunner, la activación de Frontex en Baleares, iniciativa, ésta, que debería canalizarse a través de un Gobierno de España que, "en el peor escenario del drama migratorio, continúa mirando a otro lado".

De igual modo, la formación ha registrado una segunda PNL solicitando al Parlament que inste a la Comisión Europea a que en el nuevo Pacto por el Mediterráneo se incorpore la dimensión insular y se contemplen medidas específicas para afrontar los retos principales de las islas mediterráneas.

Todo ello, en consonancia con la reivindicación hecha el pasado 14 de octubre por Prohens en Bruselas, solicitando a la UE que reconozca la singularidad de los territorios insulares al considerar que las islas deben enfrentarse de manera más acelerada y directa a retos de calado como el cambio climático, la transición económica y el aumento de la inmigración irregular.

La diputada popular Cristina Gil, encargada de defender ambas proposiciones no de ley, ha lamentado que "el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, haya mentido a los ciudadanos de Baleares afirmando que Frontex está desplegada en Baleares, cuando la propia agencia lo ha desmentido".

En este sentido, ha advertido que "no se puede confundir a la ciudadanía equiparando un eventual vuelo puntual con un despliegue operativo real y permanente de Frontex en Baleares", y ha criticado que "en plena oleada migratoria, Sánchez y su delegado en las Islas sigan sin asumir su responsabilidad ni ofrecer soluciones reales para frenar a las mafias".

Gil también ha defendido que "es imprescindible que Europa reconozca de una vez por todas el impacto real de la insularidad en territorios como Baleares, donde la triple insularidad agrava aún más los retos económicos y sociales".

Así, ha subrayado que "se necesitan compensaciones específicas que nos permitan competir en igualdad de condiciones, fondos europeos adaptados a nuestras singularidades y una apuesta clara por infraestructuras esenciales, como las hídricas, ante los efectos cada vez más severos del cambio climático".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó en septiembre en una carta dirigida a la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, que desde el 19 de febrero de este año aviones de Frontex vigilan en tiempo real el mar balear dentro de sus trabajos de vigilancia en el sur del Mediterráneo.

Así lo ha explicado este jueves el delegado del Gobierno central en las Islas, Alfonso Rodríguez, que ha calificado como una "verdad incontestable" que Frontex vigila las aguas de Baleares.

Fue el 19 de noviembre de 2024 cuando, según ha explicado el delegado, se remitió Frontex a través de la aplicación oficial JORA una petición de refuerzo de vigilancia aérea en la zona prefronteriza al sur de Baleares, con el objetivo de mejorar la detección temprana de embarcaciones y apoyar las tareas de búsqueda y rescate.

Según ha añadido, el despliegue del avión de Frontex está contemplado en el plan de operaciones que España firmó con la Agencia Europea el pasado mes de enero y que se renueva y actualiza anualmente.

Además, el delegado ha llamado la atención sobre el hecho de que en la carta, Grande-Marlaska asegura que se trata de información que ya había trasladado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Rodríguez ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de tergiversar de manera malintencionada las declaraciones del portavoz de Frontex, Chris Borowski, que dijo este miércoles que España no había pedido ningún despliegue de agentes, añadiendo qué sí que dijo que el Estado había pedido recursos para reforzar la vigilancia aérea.

Para el delegado, esta afirmación no supone ningún tipo de incongruencia respecto a lo que hasta ahora se mantenido por parte de la Delegación del Gobierno y por parte del Ministerio del Interior. "No hay contradicción", ha insistido.

"Es lo que siempre ha dicho Interior y dije yo en el Senado. Han elevado a categoría una parte de la declaración para decir que miento", ha señalado. Alfonso Rodríguez ha alertado de la voluntad del Govern de "montar un bulo".

El dispositivo aéreo, ha reiterado Alfonso Rodríguez, permite detectar embarcaciones que se dirigen hacia Baleares, alerta con antelación a las autoridades y facilita las operaciones de rescate y control marítimo.

"Lo que yo dije en la comparecencia del Senado fue exactamente esto, que en noviembre de 2024 España había solicitado una activación de recursos de vigilancia de la zona del mar balear. Por lo tanto, lo que yo dije confirma a Frontex y refrenda también al Ministerio del Interior", ha insistido.

Por otra parte, Rodríguez ha acusado al Govern de utilizar la crisis migratoria para tapar otros debates más necesarios como la vivienda, las listas de espera y la masificación turística y de hacer creer a la sociedad que el Gobierno es el responsable del incremento de los flujos migratorios.

Al mismo tiempo, ha recordado que Frontex no devuelve pateras a su origen, sino que las localiza y ayuda en los trasladados a puertos seguros para salvar vidas. Para el delegado, es "estupidez" pensar que Frontex va a detener el flujo migratorio.

Rodríguez ha asegurado que "ni se le ha pasado por la cabeza" y se ha mostrado tranquilo y convencido respecto al trabajo realizado. "Sólo falta que pida mi cese el ujier de la sede del PP", ha concluido.

El delegado del Gobierno ha cargado contra la presidenta Prohens rechazando que le acuse de mentir en relación a esta cuestión después de haber "faltado a su palabra" en relación al apoyo a la propuesta de Vox para derogar la ley de memoria democrática.

Tras esta polémica con la supuesta activación de Frontex en Baleares y la información que lanzan por un lado Gobierno central muchos se preguntan cuál es la función de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y

Por ello en ONDA CERO hemos contactado con José

Bautista asegura que Frontex puede apoyar