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Miguel Bestard repasa su vida deportiva en su libro 'Fútbol, pasión y vida' que recientemente ha presentado en la federación balear de fútbol y en su localidad natal de Bunyola. El expresidente de la federación Balear de fútbol está orgulloso del trabajo realizado durante 19 años recalcando que en ningún momento fue partidario de cobrar un salario como sucede ahora con los actuales responsables. "Siendo presidente no quise cobrar porque considero que el 99% de la gente que está en los clubes no cobra".

Libro para gente del fútbol

Miguel Bestard está agradecido a las personas que han participado en el libro sobre su biografía. "Me quedo con lo que he disfrutado en el fútbol. La gente que participa en el libro reconoce que haya estado cerca, mi puerta siempre estuvo abierta. Guillermo Roselló ya me insistió en escribir el libro y no quise, luego en otras circunstancias llegamos a un acuerdo y ahora cuando lo leo me pongo a llorar porque se me pone la carne de gallina."

Las entidades Arde y Satya Animal han denunciado ante la Fiscalía a una granja avícola ubicada en Llucmajor, en Mallorca, por presuntos delitos contra la salud pública y estafa, en la que los animales conviven con ratas, cadáveres y una suciedad extrema.

Ambas entidades de protección animal y medioambiental han publicado una investigación de abril de este año en la que, según han informado en nota de prensa, constatan que el lugar "presenta una importante falta de higiene", con telarañas y una mezcla de polvo, tierra y plumas.

Además, aseguran que las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, algunos canibalizados, así como ratas y erizos, según se puede ver en unas imágenes de un informante anónimo enviadas a Satya.

Las organizaciones han denunciado estos hechos ante la Fiscalía de Medioambiente de Baleares por presuntos delitos contra la salud pública y alertan de que la presencia de otras especies animales implica riesgo zoonótico de transmisión de enfermedades a humanos como la leptospirosis o la salmonella.

Según la portavoz de Arde, Julia Elizalde, esta granja, que es la mayor explotación ganadera de Baleares por número de animales y extensión, "podría estar incurriendo a su vez en un delito de estafa".

Las entidades han enviado a Fiscalía imágenes de la granja que, asevera Elizalde, demuestran cómo las gallinas camperas no salen al exterior durante seis días ya que las puertas de la nave permanecen cerradas.

"El consumidor paga más por este tipo de huevos pensando que las gallinas tienen acceso al aire libre, pero esta expectativa no se cumple", advierte la portavoz, quien recuerda que el reglamento 2023/2465 de la Comisión Europea estipula que las gallinas camperas deben poder acceder de forma ininterrumpida y durante todo el día a un espacio al aire libre.

Según la OCU, un huevo campero cuesta de media un 35 por ciento más que un huevo de gallinas criadas en suelo. Así, las organizaciones apuntan que la motivación para vender huevos camperos aunque no se cumplan las condiciones para ello podría ser económica.

Igualmente, señalan que la explotación avícola fue sancionada en 2024 con 150.000 euros de multa por ejercer su actividad sin la preceptiva autorización ambiental integrada desde 2017 y por un incorrecto manejo de los excrementos.

Sin embargo, aseguran, en ese periodo la granja recibió una ayuda económica proveniente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) de más de 380.000 euros para la construcción de un centro de clasificación de huevos.

Arde y Satya Animal denuncian que en la actualidad la granja "continúa funcionando de forma ilegal" ya que no dispone de dicho trámite obligatorio, por lo que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural dio traslado a Fiscalía y dictó medidas cautelares.

Además, la granja dispone del sello de bienestar animal Welfair -que busca garantizar el bienestar de los animales destinados a consumo-, una cuestión que para la presidenta de la asociación Satya Animal, Marina Sánchez, es "alarmante" cuando desde el punto de vista administrativo su actividad "es ilegal y plenamente podría estar incurriendo en varios delitos".

Según Sánchez, este certificado "se convierte en una mera herramienta de marketing". "Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal en una granja en situación totalmente irregular", critica.

Por otro lado, las entidades recuerdan que la empresa avícola levantó polémica en verano de 2024 cuando propuso construir una macrograja de gallinas con una capacidad para 739.000 animales en Mallorca.

Un debate que se dio por cerrado el pasado enero con la aprobación por parte del Govern del decreto 1/2025 que prohíbe las explotaciones avícolas de más de 160.000 animales de las Islas.

En relación con la granja de Llucmajor, Arde y Satya Animals también aseguran que más de 9.000 vecinos se han visto afectados con plagas de moscas, olores y problemas de salud como afecciones respiratorias, migrañas y vómitos.

En esta línea, Natalia García, vecina de Llucmajor, lamenta que vivir a menos de un kilómetro de la granja produce "malestar anímico" y "limita mucho la convivencia con tus vecinos o con tu familia porque no puedes hacer vida normal en tu casa".

"En verano estamos encerrados para evitar respirar aire contaminado", apunta Xisco Amaya, otro de los vecinos de la zona que denuncia que "cuando no hay una atmósfera nauseabunda con amoniaco, está todo lleno de moscas".

Con todo, las asociaciones vecinales y entidades de protección ambiental y animal exigen el cierre inmediato de la explotación agrícola, argumentando que la granja no es autorizable en base a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

"Esta normativa señala la imposibilidad de otorgar el permiso ambiental a proyectos ya ejecutados que no se hayan sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que la empresa debería cesar su actividad, desmantelar la instalación para restaurar el entorno original y comenzar de nuevo los trámites", concluyen.

Avícola Son Perot asegura que todas sus granjas están sometidas a rigurosos controles internos y externos y que reciben inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Así lo destaca la empresa en una nota de prensa este lunes ante informaciones sobre la posible denuncia sobre el estado de la granja de gallinas de Llucmajor.

En este sentido, indican que sus explotaciones cuentan con la certificación Bienestar Animal Welfair, otorgada por Aenor, y que el pasado martes, 20 de mayo, se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente a la granja de Llucmajor y que se superó con normalidad.

Igualmente, según Avícola Son Perot, sus instalaciones reciben inspecciones periódicas de los servicios veterinarios y técnicos autonómicos, "cumpliendo siempre con los estándares de calidad, seguridad y bienestar exigidos por la normativa exigente".

Por todo ello, la empresa entiende que "cualquier inquietud" sobre el estado de las granjas queda "debidamente aclarada" y expone que su departamento jurídico "actuará en consecuencia" si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa.

Conocemos la oferta de cursos de verano que ha programado la Universidad Nacional de Educación a Distancia en las islas con su directora, Judit Vega. Además, Paco Muñoz conversa con el presidente de la Federación balear de futbol, Miquel Bestard, que hoy presenta en Bunyola su biografía, escrita por Guillem Rosselló y titulada 'Miquel Bestard, Fútbol, pasión y vida'.

La Fundación Atresmedia y UNICEF España han lanzado ‘Saca el móvil de la cena’, una campaña para promover espacios familiares sin dispositivos digitales. Hoy en Onda Cero Mallorca hemos hablado de cómo es la campaña y en qué datos se basa con Susana Gato, directora de Responsabilidad Corporativa de la Fundación Atresmedia, y Nacho Guadix, responsable de derechos digitales en la Infancia de UNICEF España.

En un contexto marcado por la creciente presencia de las pantallas en la vida cotidiana, la Fundación Atresmedia y UNICEF España proponen apartar los dispositivos durante la cena para motivar la conversación en en el hogar y ahondar en las relaciones familiares. Ambas entidades recomiendan fomentar la comunicación entre padres e hijos y reforzar el acompañamiento adulto en el entorno digital, contribuyendo así a proteger el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

La campaña, que se difundirá en los canales de televisión, radio y medios digitales del Grupo Atresmedia, así como en la web y redes sociales de la Fundación Atresmedia y de UNICEF España, parte de una escena muy común: una madre y su hijo que, aunque conviven en el mismo hogar, pasan la tarde aislados con sus dispositivos móviles. La situación cambia cuando, al sentarse a la mesa para cenar, el niño lanza una sencilla petición: “¿Cenamos?”. La madre, entonces, deja el móvil y se une a él, rompiendo la dinámica de aislamiento digital y generando un espacio real de conversación.

Hoy hablamos en la radio para dejar el móvil de lado o directamente olvidarnos de él a la hora de la cena, el momento en que habitualmente se junta toda la familia. Antes de cenar, sin embargo, hablamos en la radio con dos responsables de la campaña de la Fundación Atresmedia que promueve un debate sobre la limitación del móvil entre menores y adultos más allá del ámbito educativo.

El PP y Vox han alcanzado un acuerdo para extender el decreto de proyectos residenciales estratégicos a los municipios de más de 20.000 habitantes.

El portavoz del PP en Parlament, Sebastià Sagreras, ha avanzado, en una rueda de prensa, que los 'populares' darán apoyo a las enmiendas que presente Vox durante la tramitación del decreto como proyecto de Ley de Vivienda, con la que pretenden solventar el problema de acceso a la vivienda "heredado" de anteriores legislaturas.

De este modo, el decreto convalidado por el Parlament se podrá aplicar a las localidades más pobladas de Baleares y se amplía a las áreas de transición, siempre que los ayuntamientos lo aprueben en los plenos municipales.

Así, todas las viviendas que se construyan en estas zonas transitorias tendrán algún tipo de protección, ya sea como viviendas de protección oficial o como viviendas a precio limitado. El coste de estos inmuebles de entre 60 y 90 metros cuadrados rondaría los 210.000 y los 285.000 euros, según los cálculos del PP.

Sagreras ha puntualizado que solo si hay un informe de viabilidad económica que lo justifique, se permitirá que el 25 por ciento de las viviendas se comercialicen a precio libre y el resto tendrán que estar limitadas.

La Fundación Mallorca Turismo borrará la palabra 'promoción' de sus estatutos y pasará a llamarse Fundación Turismo Responsable de Mallorca.

Lo ha anunciado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su intervención este lunes en el Debate de Política General de la institución insular.

Galmés ha defendido la apuesta de su equipo de gobierno por la contención para garantizar la convivencia entre residentes y turistas. "Estamos orgullosos de que el turismo sea el principal motor económico de nuestra tierra. Pero si queremos continuar siendo líderes, tenemos que dejar de crecer en volumen y apostar por la calidad", ha subrayado.

El Consell de Mallorca, ha asegurado, comprende el "malestar de algunos residentes" con la situación turística actual, que ha achacado a las políticas "irresponsables" de la izquierda durante las últimas legislaturas, en las que -ha incidido- permitieron el mayor crecimiento de plazas turísticas de la historia de la isla.

Por contra, ha considerado que durante su mandato se está impulsando "una nueva era de turismo responsable" y se ha puesto en marcha una nueva identidad turística que pretende dar a conocer valores como el patrimonio, la cultura y la gastronomía.

En esa línea, ha indicado, el Consell ha asistirá este año a 11 ferias turísticas, un 70 por ciento menos que en 2019. "Mallorca no necesita promoción, sino concienciar a los visitantes de un turismo que sea respetuoso con el medio ambiente y con la cultura local", ha reivindicado.

Para ir en esa dirección, ha anunciado que la Fundación Mallorca Turismo -dependiente de la institución insular- "eliminará la palabra 'promoción' en sus nuevos estatutos", que previsiblemente se aprobarán en los próximos días.

"Además, cambiaremos el nombre de la Fundación, que a partir de ahora será Fundación Turismo Responsable de Mallorca", ha añadido Galmés.

El presidente del Consell de Mallorca ha reiterado la intención de su equipo de gobierno, en virtud de lo que establece el nuevo decreto turístico convalidado por el Parlament, de rebajar el techo de plazas turísticas de la isla, que actualmente se sitúa en las 430.000.

"Será este Consell el que, por primera vez, baje el techo de plazas turísticas de Mallorca escuchando las demandas de los ciudadanos", ha insistido.

Lo hará, ha agregado, a través de un acuerdo en el pleno de la institución insular y en base a un estudio de carga, un proceso "mucho más rápido que lo que hubiera supuesto modificar el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT)".

Galmés, por otra parte, ha asegurado que se ha "intensificado como nunca" la lucha contra la oferta turística ilegal "que tanto contribuye a la masificación".

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciado que en los próximos días se presentará el borrador de la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en la isla.

Lo ha dicho durante su intervención durante el Debate de Política General de la institución insular --el segundo de la legislatura--, que ha arrancado la mañana de este lunes y proseguirá el martes con el turno de palabra de los diferentes grupos políticos.

Galmés, quien ha considerado que las retenciones en las carreteras es uno de los principales retos a los que se enfrenta Mallorca, ha subrayado que una vez realizado el diagnóstico de la situación --mediante un estudio de carga presentado a finales de 2024-- es el momento de "dar el siguiente paso".

"La regulación de entrada de vehículos en la isla, la aplicación de una tasa para los vehículos que no tributen en Baleares con efectos disuasivos y fijar un número máximo de coches de alquiler que puedan circular", ha enumerado.

Así, ha anunciado, en los próximos días tendrán listo el borrador de la proposición de ley de regulación de entrada de vehículos en Mallorca. La idea, ha proseguido, es presentarla a los diferentes grupos políticos con representación en la institución insular el próximo 13 de junio para después trasladarla a la Comisión de Movilidad.

Posteriormente deberá ser elevada al Parlament para continuar con su tramitación y su eventual aprobación definitiva, que ha esperado que sea "esta misma legislatura".

Galmés ha deseado que la norma pueda salir adelante con una "amplia mayoría" y que pueda mantenerse a lo largo de los años. "Votar en contra es votar en contra de la voluntad de los mallorquines, contra el futuro de esta tierra", ha advertido.

"Lejos de las imposiciones", ha asegurado, el Consell de Mallorca ya ha mantenido reuniones con los principales sectores implicados y ha recabado el apoyo de los transportistas y de la mayoría de asociaciones de coches de alquiler, entre otros.

El presidente insular ha lanzado, a modo de esbozo, ha detallado algunos de los aspectos principales del borrador de la proposición de ley. Por ejemplo, ha explicado, la intención es que sea el pleno del Consell el que establezca con carácter anual o bianual el techo de vehículos que puedan entrar en la isla.

Se dará preferencia a aquellos que sean eléctricos y no contaminantes y quedarán fuera de la prohibición los que pertenezcan a residentes, a personas con movilidad reducida, a los servicios de emergencias y a los cuerpos de seguridad, así como aquellos destinados al transporte de mercancías y a la distribución comercial.

Los no residentes pero que sean propietarios de una vivienda en Mallorca, ha apuntado, podrán circular con un vehículo por propietario siempre y cuando esté domiciliado físicamente en la isla.

"Será un presidente del PP el que habrá impulsado por primera vez la regulación de la entrada de vehículos en Mallorca, y no otro", ha celebrado.

Este lunes ha comenzado una nueva edición de la campaña 'Bons Illes Balears', una iniciativa destinada a apoyar e impulsar el comercio local y de proximidad en todas las islas. Organizada por la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio, con la Cambra de Comerç de Mallorca como entidad colaboradora, la campaña cuenta con una dotación presupuestaria de 1.200.000 euros y ha puesto a disposición de los residentes 86.000 bonos de descuento.

De esta forma, los ciudadanos con DNI o tarjeta de residente podrán acceder a cuatro bonos de 15 euros cada uno, sumando un total de 60 euros por persona. Estos bonos ofrecen un descuento del 50% en las compras de productos en los comercios adheridos, lo que significa que con una compra de 60 euros se pueden utilizar dos bonos, obteniendo un descuento de 30 euros.

La campaña cuenta con la participación de más de 1.100 comercios en todas las islas, que se han adherido a través de las asociaciones de comercio y las cámaras de comercio de Mallorca. Cada establecimiento ha recibido una media de 70 bonos para distribuir entre sus clientes. Los ciudadanos pueden consultar la información de los comercios participantes, su ubicación geoposicionada, los productos que venden y la disponibilidad de bonos en la página web bonsillesbalears.com

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que el objetivo principal es "ayudar al comercio local" e "implicar al ciudadano para que apoye al comercio local cercano de su casa". Ha aclarado que los bonos son válidos para la compra de productos, no de servicios, poniendo como ejemplo que se pueden adquirir productos de peluquería, pero no contratar un corte de pelo. Además, ha señalado que los bonos están dirigidos exclusivamente a residentes de Baleares.

En cuanto a la distribución de los bonos, Sáenz de San Pedro ha informado que la dotación es limitada y, cuando se agoten, la campaña finalizará. No obstante, se busca que esta campaña sea un apoyo para "las pymes, las micropymes, los autónomos y todo el tejido comercial de Baleares".

MÉS per Mallorca ha dejado claro, este domingo, después de que el Tribunal Constitucional (TC) desestimara el recurso presentado por diputados del PSOE y de Sumar, promovido por la Obra Cultural Balear (OCB), contra el decreto ley que elimina el requisito del catalán en la sanidad balear, que desde la formación no van a rendirse.

Así lo ha manifestado en un hilo de mensajes en 'X', recogidos por Europa Press, la diputada de MÉS en el Parlament Marta Carrió, quien, como hiciera ya este sábado la OCB, ha querido aclarar que "la sentencia del Tribunal Constitucional no ha avalado la supresión del catalán en la sanidad pública, como pretenden hacer creer PP y Vox", porque el Tribunal "no se ha pronuncia sobre el fondo del tema".

Según ha explicado Carrió, "el Tribunal Constitucional no avala la supresión del catalán en la sanidad pública" si no que "ha desestimado un recurso contra el Decreto Ley 5/2023 del PP, pero solo por motivos formales". "El fondo de la cuestión -la vulneración de los derechos lingüísticos- todavía está pendiente", ha aclarado.

"El TC no ha dicho que eliminar el requisito del catalán sea constitucional. Solo que el decreto impugnado -el Decreto Ley 5/2023- ya no está vigente -fue derogado a través de la Ley 7/2024 de simplificación administrativa, cuando el PP erróneamente votó a favor de 34 enmiendas de Vox, en el Parlament-", ha incidido la diputada ecosoberanista en el Parlament, quien ha confiado que "el debate de fondo llegará con el segundo recurso -el cual fue interpuesto por la OCB contra el Decreto Ley 5/2024, que recupera el texto original del Decreto Ley 5/2023-", cuya admisión a trámite o no está programada para el próximo martes, 27 de mayo.

En este sentido, Carrió ha puesto el foco en que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de este viernes hace referencia a que "el Decreto Ley 5/2023 ha sido sustituido por una ley", lo cual, ha reiterado "no implica avalar la marginación del catalán en la sanidad". Pues, para la diputada ecosoberanista, el fallo del Constitucional "es una cuestión formal, no de derechos".

Asimismo, desde MÉS per Mallorca han lamentado que "el TC acepta el uso del decreto ley" para modificar el requisito del catalán en la sanidad pública balear "solo porque el PP presentó informes que pretendían justificar una urgencia inexistente". De hecho, desde MÉS ha advertido que "eran informes manipulados" y "sin base real".

En opinión de MÉS, "la realidad es clara: ninguna plaza sanitaria ha quedado sin cubrir por el catalán". Como ejemplo, "de las 1.277 plazas de enfermería convocadas, todas se han ocupado". "El catalán no es ningún impedimento, es un derecho", ha reivindicado Carrió.

"Los pacientes tienen derecho a ser atendidos en catalán", ha continuado. Por este motivo, desde MÉS per Mallorca han defendido que "la lengua propia tiene que ser un requisito para garantizar una atención digna y próxima". "No aceptamos este recorte de derechos".

"El 27 de mayo se admitirá a trámite el segundo recurso, que sí entra en el fondo del tema", han confiado desde el partido, advirtiendo que estarán "vigilando para que se respeten los derechos lingüísticos y la oficialidad real del catalán".

"No nos rendiremos. Desde MÉS per Mallorca continuaremos defendiendo nuestra lengua en las instituciones, en las calles y en los tribunales. El catalán en la sanidad no se toca. Ahora más que nunca, 'Sí A La Llengua'", ha finalizado sus palabras Carrió.