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El Consell de Govern ha aprobado el paquete social de 15,3 millones de euros destinado a paliar en Baleares los efectos económicos y sociales derivados del conflicto en Oriente Próximo. La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern para dar cuenta de los detalles del paquete de medidas.

Este paquete de medidas, anunciado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, complementará el primer decreto de 160 millones de euros aprobado recientemente por el Govern para proteger a los sectores económicos, las pymes y los autónomos, ante el contexto de incertidumbre internacional y el aumento de la inflación.

Concretamente, contempla 5,7 millones de euros para ayudas extraordinarias para las familias, conciliación y cobertura de las necesidades básicas; tres millones para reforzar los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos; y más de 2,3 millones de euros para garantizar la vivienda y recursos residenciales a colectivos vulnerables.

También se prevé destinar más de 2,6 millones de euros para agilizar ayudas y prestaciones sociales, que se traducirán en la incorporación de 18 nuevos puestos de trabajo no estructural para gestionar ayudas y prestaciones. La consellera ha subrayado que las 20 medidas que contempla el paquete son el resultado de las reuniones mantenidas con otras Consellerias, ayuntamientos, consells insulares, grupos parlamentarios y entidades sociales.

En todos los encuentros, ha apuntado, se ha coincidido en la necesidad de que las medidas no aumenten la carga burocrática para las familias y entidades, y que se puedan conceder de la forma más ágil posible. Igualmente, ha previsto que las medidas estén plenamente en vigor en "las próximas semanas", teniendo en cuenta que la mayoría de estas estarán canalizadas a través de herramientas ya en marcha como determinadas convocatorias de subvenciones.

La única nueva convocatoria que "a lo mejor tarda un poquito más en salir", ha explicado, es la que va destinada a paliar el incremento de costes por servicios de alimentación y transporte de las entidades.

Fernández ha defendido el trabajo y la colaboración que mantiene su Conselleria con el tercer sector social, tras ser preguntada por las críticas de Vox a estas organizaciones. "Puede haber entidades que lo hagan mejor o peor, pero el tercer sector social que tenemos aquí en Baleares es para sentirse orgullosos", ha dicho, a la vez que ha destacado este sector en las Islas entre los "más potentes y pioneros" del país y de "los que mejor trabaja".

La reapertura de las relaciones diplomáticas entre España y Argelia puede tener un efecto directo en la lucha contra la inmigración irregular hacia Baleares. Así lo ha defendido este jueves Rubén Castro, secretario general de la Delegación del Gobierno en Baleares, en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca'. Castro ha explicado el procedimiento seguido en las repatriaciones de menores migrantes procedentes de Argelia, que hasta este momento estaban siendo tutelados por el consell de Ibiza, y ha subrayado el "interés superior del menor" que sigue siendo el criterio central de cualquier decisión de devolución.

Castro ha detallado que la colaboración entre el Gobierno de España y las autoridades argelinas permite retomar trámites que hasta ahora estaban bloqueados, especialmente en el caso de menores no acompañados llegados en patera. “Evidentemente, la apertura de las relaciones diplomáticas con Argelia […] ayudará a poder proceder a esas devoluciones o repatriaciones de aquellas personas que vienen de manera irregular a nuestras islas”, ha señalado preguntado por el posible efecto disuasorio en la llegada de migrantes a las islas.

El representante de la Delegación del Gobierno añade que, cuando llega una patera con menores, intervienen Cruz Roja, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Policía Nacional, antes de que Extranjería comunique la situación al Ministerio Fiscal, a los consells insulares y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. A partir de ahí, se abre un plazo para recabar información sobre las circunstancias familiares del menor y valorar si procede o no la repatriación. Además, los gastos de devolución los sufraga el Estado español, según ha explicado Castro.

En el caso de los cinco menores repatriados desde Ibiza, Castro ha indicado que existía documentación consular, informes de los progenitores y un dictamen favorable del Ministerio Fiscal, además de constar que la vuelta a Argelia respondía al interés superior del menor. “Se acuerda el inicio del expediente de repatriación y, a partir de ahí, se abren los correspondientes periodos de prueba, de audiencia de cada una de las partes, de escucha de los menores y, finalmente, acaba con una resolución del delegado de gobierno”, resume.

Castro insiste en que este cambio no sustituye el trabajo policial ni la presión contra las mafias que operan en la ruta argelina a Baleares, pero sí puede facilitar futuras devoluciones y enviar un mensaje disuasorio en origen. “Las personas sabrán que podrán ser devueltas a su país de origen”, ha sentenciado, al tiempo que ha reclamado discreción en las relaciones diplomáticas para no perjudicar los avances logrados.

También aclara Rubén Castro que, en el caso de adultos en situación irregular, el procedimiento es distinto y se articula como devolución, siempre que exista acuerdo con el país de origen. Por ahora, la Delegación del Gobierno en Baleares no tiene constancia formal de la solicitud del Consell de Ibiza para la repatriación de otros 70 menores, aunque sí de nuevas peticiones elevadas por la Policía Nacional

El nuevo convenio colectivo de comercio de Baleares contempla una subida salarial de 14% en cuatro años y medidas para proteger al sector frente al acuerdo estatal que permite la salida de las grandes marcas de moda. Las patronales y los sindicatos se han reunido esta mañana en la sede de Afedeco para tratar de cerrar el acuerdo en los términos fijados en una mesa técnica celebrada el jueves.

Tras una hora y media de encuentro, aproximadamente, han salido con un nuevo convenio colectivo firmado por unanimidad. Todas las partes, salvo CCOO, se han mostrado conformes con el resultado. La principal mejora que contempla el acuerdo es una subida salarial del 14% a lo largo de los cuatro años de vigencia que tendrá el convenio.

Este 2026 el incremento será del 4,5%, seguido de un 3,5% el año que viene y de un 3% en los dos siguientes. En 2028 se ha incorporado una clausula de garantía salarial del 1%. Además, según ha explicado el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Comercio de UGT Baleares, José García Relucio, se aumentan también los seguros de incapacidades y accidentes y se mejora el precio por hora trabajada en domingos y festivos.

Los periodos de inactividad de los fijos discontinuos contarán para el cálculo de las indemnizaciones por jubilación -como ya sucede en el convenio de hostelería-, se redactará un protocolo por emergencias climáticas y otro de movilidad, se aplicarán las normativas vigentes en materia LGTBI y se ampliarán a cinco los permisos retribuidos por maternidad y paternidad.

No han entrado en el acuerdo algunas cuestiones que los sindicatos habían puesto sobre la mesa, principalmente relativas a complementos de fidelidad, singularidad, antigüedad o insularidad. Tampoco la ampliación de la garantía para fijos discontinuos hasta los nueve meses.

Una de las cuestiones que ha motivado la celeridad en la negociación de este convenio colectivo autonómico ha sido motivada por el acuerdo estatal pactado entre CCOO, Fetico y la patronal Arte. Este, según ha venido denunciando públicamente UGT, permite la salida de los convenios autonómicos de las grandes marcas de moda y podría provocar que sus trabajadores vieran rebajadas sus nóminas de los 21.000 euros anuales a los 18.000.

El acuerdo firmado este viernes, no obstante, introduce expresamente dos cuestiones para blindar que esto pueda pasar en Baleares, ambas, según Relucio, "muy legales". Una es la distinción entre las empresas y los empleados que trabajaban para estas grandes firmas de moda en Baleares y la otra, una disposición adicional que habla de que, cuando exista una concurrencia de convenios, siempre prevalecerá el autonómico.

El Índice de Presión Humana (IPH) en Baleares ha batido un nuevo récord con 1,32 millones de personas en el archipiélago, un 0,91% más que el segundo mes de 2025, según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat) consultados por Europa Press.

Según los datos del Ibestat, el mayor nivel de presión humana de febrero de 2026 se registró el día 19 y supera en 11.861 personas al del año anterior.

El IPH mínimo, por su parte, fue de 1,26 millones de personas en el conjunto del archipiélago y experimentó un crecimiento interanual del 0,66%, es decir, de 8.286 personas.

La media de febrero fue de 1,29 millones de personas, lo que representa una subida del 0,64% o, lo que es lo mismo, de 8.271 personas.

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 13 de febrero, con 1,03 millones. En Menorca el día de más presión fue el 23 de febrero con 105.569 personas; en Eivissa el 18 de febrero con 170.948 personas y en Formentera el día 21 con 12.602 personas.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado durante la IV Conferencia de Presidentes de la legislatura celebrada en Formentera la movilización de un paquete social de 15 millones de euros destinado a paliar en Baleares los efectos económicos y sociales derivados del conflicto en Oriente Próximo.

Prohens, en rueda de prensa, ha explicado que estas medidas complementarán el primer paquete económico de 160 millones de euros aprobado recientemente por el Govern para proteger a los sectores económicos, las pymes y los autónomos, ante el contexto de incertidumbre internacional y el aumento de la inflación.

La presidenta ha agradecido la "colaboración y lealtad institucional" de los cuatro presidentes de los Consells, con quienes ha analizado el paquete de medidas dividido en cinco bloques de actuación.

AYUDAS DIRECTAS A FAMILIAS

En primer lugar, según ha relatado, se destinarán 5,7 millones de euros a ayudas directas para familias. Entre las principales medidas destacan el incremento de las becas comedor hasta los 11 millones de euros. También habrá ayudas de hasta 1.000 euros para gastos de conciliación; la ampliación de las ayudas para libros y material escolar; el refuerzo del fondo escolar de emergencia social; el aumento en un 30 por ciento del bono social térmico y la revalorización extraordinaria del 15 por ciento de la pensión no contributiva, la renta social garantizada y la renta de emancipación.

El segundo bloque contempla una inversión de tres millones para reforzar los servicios sociales municipales, con nuevos fondos destinados a los servicios comunitarios y a la atención de familias con menores en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el Govern destinará 2,35 millones de euros al tercer sector social para compensar sobrecostes y ampliar programas de atención a personas con discapacidad, dependencia, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas o menores en situación de vulnerabilidad, además de ampliar los fondos destinados al programa de garantía alimentaria.

El cuarto bloque prevé 1,51 millones de euros para garantizar recursos residenciales y de vivienda dirigidos a colectivos especialmente vulnerables, tales como personas con discapacidad, víctimas de violencia machista, personas mayores en riesgo de exclusión social o personas con problemas de salud mental.

Finalmente, Prohens ha anunciado que el quinto bloque incluye 2,6 millones de euros destinados a medidas para agilizar la tramitación de ayudas y prestaciones sociales mediante el refuerzo de personal administrativo y el impulso de la ventanilla social única como instrumento para acercar los servicios sociales a los ciudadanos y potenciar la agilidad administrativa y las sinergias entre los servicios sociales comunitarios y los especializados, evitando los desplazamientos entre distintas administraciones que a menudo implica el acceso a los recursos.

"Son medidas concretas y cuantificadas para proteger a las familias, a los colectivos más vulnerables, a los ayuntamientos y al tercer sector", ha destacado la presidenta.

El Govern balear estudiará fórmulas legalmente viables que permitan garantizar el acceso de los residentes a determinadas líneas y frecuencias de transporte público donde los residentes en las Islas pueden tener dificultades.

En la Conferencia de Presidentes celebrada en Formentera, Prohens ha explicado que, pese a los esfuerzos realizados desde el Govern, el Consorcio del Transporte de Mallorca --que ha invertido 150 millones de euros en la ampliación de líneas y frecuencias del bus TIB en Mallorca-- así como por parte de los Consells, se ha logrado mejorar servicios de transporte público, aunque se han detectado líneas y frecuencias concretas con una presión especial que puede generar incomodidades para los residentes.

Por ello, la presidenta ha anunciado este acuerdo alcanzado con los presidentes y con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad para estudiar fórmulas legalmente viables que permitan garantizar el acceso de los residentes a estas líneas y frecuencias donde puede haber mayores dificultades.

"Las políticas que lleva a cabo el Govern y las diferentes instituciones siempre priorizan a los residentes. Si hay un problema con una determinada línea, lo primero es ser consciente y no mirar a otro lado", ha dicho Prohens.

SOBRE COSTAS

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiterado en Formentera que el Govern prevé aprobar antes de este verano el proyecto de ley balear de costas para proteger infraestructuras y edificaciones tradicionales del litoral balear dentro del ámbito competencial autonómico.

Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de modificar el Reglamento estatal de costas. Este ha sido uno de los asuntos abordados en la Conferencia de Presidentes celebrada en Formentera. Prohens ha señalado que los dirigentes insulares han abordado la situación de la vivienda en las diferentes Islas y las previsiones de la temporada turística.

La Conferencia de Presidentes ha concluido con el compromiso de mantener la coordinación institucional entre el Govern y los Consells para afrontar conjuntamente los principales retos sociales y económicos de las Islas.

Abrimos tiempo de tertulia con Catalina Cirer, Tomàs Bordoy y Josep Bagur.

El PSOE y MÉS per Mallorca han considerado que el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, no ha dado ninguna explicación sobre el supuesto uso personal de coches públicos y han exigido su dimisión.

Así lo han criticado este jueves después que Bestard haya comparecido en la Comisión de Transparencia para dar explicaciones sobre un supuesto uso personal de coches oficiales de su Departamento. "Ha demostrado que en algún momento puntual utilizaba el coche, él mismo lo reconoce, incluso para ir a actos de partido. Hemos cazado al vicepresidente y no tiene otra salida que dimitir", ha resumido la portavoz socialista, Catalina Cladera.

Precisamente, Cladera ha considerado que los hechos suponen un "flagrante incumplimiento" del Código Ético del Consell. "Cualquier funcionario que use vehículo para trabajar necesita rellenar una hoja de control, ningún viaje se escapa de explicación, quien no lo ha hecho ha sido Bestard", ha expuesto.

En esta línea, la portavoz ecosoberanista, Catalina Inés Perelló, ha considerado que Bestard no ha dado "ni una" explicación sobre el uso de los vehículos. "Se ha reído de los mallorquines", ha reprochado, agregando que esta polémica "no es una cuestión menor".

También ha pedido explicaciones el portavoz de El PI, Toni Salas, quien ha puesto el foco en el hecho de que los coches no llevaran la rotulación corporativa. "Hay intencionalidad, usted sabía que no hacía un buen uso", le ha dicho en la comisión. Así, ha confiado en que los informes de la institución "aporten claridad" y ha exigido respuestas también al presidente del Consell, Llorenç Galmés.

EL PP ESPERA A LOS INFORMES

La portavoz 'popular', Núria Riera, por su parte, ha apuntado que su grupo no hará "ningún juicio previo" y que cuando se tengan los informes "se adoptarán todas y cada una de las medidas tanto de punto de vista jurídico como económico".

"Hay que actuar con prudencia", ha sostenido, a la vez que ha considerado que Bestard "ha dado explicaciones detalladas". Preguntada por la falta de registro de los desplazamientos del vicepresidente, ha apuntado que es necesario "saber el alcance del uso público o privado" de estos vehículos. "Esto determinará una responsabilidad u otra", ha apuntado. También ha insistido en poner en valor que el vicepresidente haya comparecido en la Comisión de Transparencia y que el equipo de gobierno ha actuado "con transparencia desde el principio" iniciando un procedimiento interno con la petición de informes.

En la Comisión de Transparencia, el portavoz de Vox, Toni Gili, ha defendido a Bestard, subrayando que ha dado "todas las explicaciones" y que ha comparecido voluntariamente en la reunión de este órgano. "Los hechos no están demostrados y él ha dicho que no ha hecho un uso personal", ha señalado, agregando que los informes técnicos aclararán los hechos.