El inicio hoy de la vista oral en el juicio al hermano del presidente del Gobierno coincide en el tiempo con un cúmulo de sumarios, imputaciones e investigaciones judiciales que atenazan a Pedro Sánchez y agudizan la parálisis de la ya exhausta acción del Gobierno. Cuando estábamos aún en la digestión informativa del caso Zapatero, aparece la decisión del juez Pedraz de registrar la sede del PSOE ante una trama “con cargo a los fondos del partido” socialista. Una trama destinada a desestabilizar los procedimientos judiciales en los que se investigan los casos de la mujer y del hermano del presidente del Gobierno, en una operación orquestada por el secretario de Organización, Santos Cerdán, según el auto.

Este clima irrespirable, impropio de una democracia avanzada, avoca a un agónico final de la legislatura en el que Pedro Sánchez, tarde o temprano, tendrá que asumir las responsabilidades políticas, y no hay que descartar judiciales, por todos los que en su entorno más inmediato está imputados en los juzgados. El cúmulo de procedimientos en curso impide que se pueda hablar de casos aislados o que tengan viabilidad las defensas a ultranza que hablan de conspiraciones de la derecha judicial.

Aunque conviene no despistarse con especulaciones que deriven la atención, como el debate sobre moción de censura o moción de confianza. En este momento el centro debe seguir siendo la acción de la justicia. Es necesario que quien haya cometido un delito sea juzgado y asuma, si es condenado, su condena. Aferrarse al cargo, como hace el presidente del Gobierno con peregrinas e insustanciales justificaciones, no es más que una forma de contribuir a la degradación del sistema político. Es necesaria una decisión en favor de la limpieza democrática.