Desde la plataforma ciudadana alegan que este complejo supondría un gran riesgo de explosión, incendio y contaminación, cualquier vertido accidental contaminaría las aguas subterráneas del Acuífero 23, y que la empresa promotora, con un capital social de solo 3 000 €, no ofrece garantías de seguridad o responsabilidad ante posibles incidentes.