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Hace unos días atrás, y tras casi ocho años de tramitación en el Congreso Nacional y un requerimiento acogido parcialmente por el Tribunal Constitucional, el Presidente Piñera promulgó la nueva Ley de Migración y Extranjería, que viene a sustituir la actual legislación que data de 1975. Esta nueva ley pretende hacerse cargo de manera adecuada del aumento de los flujos migratorios que ha experimentado nuestro país en los últimos años. 

El Observatorio Judicial 

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Chile en materia del combate al crimen organizado trasnacional presenta un gran déficit. Si bien el más común y conocido en América Latina es el narcotráfico y la violencia que éste trae asociada, hay otros emergentes que se han instalado en el país, como el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el contrabando y el lavado de activos, entre otros.

El alto precio del metal rojo ha revivido la tentación de elevar la carga tributaria de la minería privada del cobre. La próxima semana se votaría una moción parlamentaria que establece “una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos”. Esta moción es inadmisible, inconstitucional, y presenta riesgos desde el punto de vista económico.

Desde el último catastro de campamentos en 2019, hay un alza de un 52% de los asentamientos (pasando de 802 a 1.220), y de un 56% de hogares que viven en ellos (de 47.050 a 73.526). El mayor crecimiento se observa en el norte del país.