Hay desarrollo sostenible de los pueblos solo si hay una educación de calidad para todos sus habitantes. Y para ello se debe garantizar, como política de Estado, más allá del gobierno de turno, una educación universal, inclusiva e incluyente, de calidad, reflexiva y personalizante, desde una clara visión ética y una actitud crítico-creativa.
Se afirma, con razón, que los padres y madres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos, pero el desarrollo y complejidad de las ciencias y tecnologías hace cada vez más imposible que solamente la familia forme, eduque, instruya y capacite a las personas para un desempeño social y profesional eficiente frente a las exigencias del propio desarrollo individual y social. De ahí que el Estado, por delegación de las familias, tiene como una de sus primeras e irrenunciables tareas, la de garantizar una educación de calidad. Y este es un objetivo primario, ahora incluso Constitucional, que no siempre se ha cumplido.