Ni criminales, ni terroristas, somos defensores de la vida”, grita una decena de campesinos de Pacto, una parroquia rural de Quito la mañana del 20 de abril de 2022. Están afuera de la Fiscalía local, sosteniendo carteles que dicen “Resistir no es un delito, resistir es un derecho” y “Pacto por el Agua, Pacto por la vida”. A más de 5 mil kilómetros, representantes del Estado ecuatoriano hablan en Santiago de Chile, en la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú, sobre “los avances significativos” del país para cumplir con el tratado. En especial, de la parte del acuerdo que busca mayor protección para los defensores ambientales.
En el corto espacio que tenía el gobierno para rendir cuentas, Holger Zambrano, coordinador de indicadores ambientales del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), dijo que el país “entiende que la gobernanza ambiental debe entrar en una fase que priorice la implementación de los compromisos ambientales”. Sin embargo, cuando se trata de asegurar los derechos de los defensores ambientales como ordena el Acuerdo de Escazú, el país no ha cumplido con tal priorización.
Escazú es el primer tratado del mundo que busca garantizar los derechos de los defensores de la naturaleza. Para que esto se cumpla, el acuerdo tiene tres disposiciones principales que los gobiernos deben cumplir. La primera es garantizar un “entorno seguro y propicio” en el que las personas que defienden el medioambiente puedan actuar “sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
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