La Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, TSE, Dora Esmeralda Martínez, solicitó la realización de una auditoría internacional al sistema de procesamiento y transmisión de datos que se utilizará en los comicios del 28 de febrero próximo.

Sin embargo, no obtuvo los votos de los integrantes del organismo colegiado por considerarla tardía, extemporánea y con un monto elevado, a criterio del magistrado del TSE Guillermo Wellman.

Para Eduardo Escobar se deben hacer reformas para que se destituya a cualquier funcionario público por el incumplimiento al Código Electoral e imponer una sanción económica para el partido político que lo promueve.

El Artículo 178 del Código Electoral establece que “Durante los 30 días anteriores a la fecha señalada para las elecciones, ni el Gobierno de la República, ni los Concejos Municipales y demás entidades autónomas, podrán publicar en ningún medio de comunicación privado o estatal las contrataciones, inauguraciones de obras de infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza que haya realizado, que realicen o que proyecten realizar en cumplimiento de la prestación o de los servicios de asistencia a que está obligado el Estado”

El incumplimiento a esta normativa, implicará la destitución inmediata del cargo del infractor, según el artículo 230 del Código Electoral; sin embargo, la destitución no aplica para funcionarios o funcionarias de elección popular. Cuando este sea el caso, solo será sancionado con una multa que va de mil a 10 mil colones o su equivalente en dólares, que no sobrepasaría los mil 143 dólares.

Para el director Ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, los partidos políticos se han sabido cuidar al establecer las sanciones mínimas para quienes incumplan la ley en período electoral.

Se le preguntó sobre el caso del presidente de la República, Nayib Bukele, quien inauguró el Bypass de La Libertad, a una semana de las elecciones municipales, legislativas y para el PARLACEN, y esto respondió Escobar.

Palabras sin fronteras

Espacio para el análisis sobre la realidad nacional conducido por el Dr. Enrique Argumedo, catedrático de la UCA y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Puedes escucharlo a través de Radio YSUCA, los martes y jueves al finalizar los informativos de la tarde y la noche.

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El Foro del Agua y Ecos El Salvador, solicitaron la recusación de la comisionada Roxana Soriano en una audiencia sancionatoria contra el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Fernando López, quien en reiteradas ocasiones se negó a brindar información pública respecto a los permisos ambientales.

Alejandro Enríquez miembro del Foro del Agua y Ecos El Salvador, han manifestado que la comisionada Soriano contamina el proceso debido a que ella responde a los intereses del Gobierno.

Las familias que serán afectadas por el proyecto urbanístico presentaron más de 5 mil cartas en las que expresan que se reduciría la cantidad de agua que ya es baja en el sector. Actualmente, muchas tienen que pagar el recibo de ANDA y extra adquirir los servicios de pipas, aseguró Judith Barrera, del Colectivo Salvemos Valle El Ángel.

La zona de Valle El Ángel representa para el país una de las zonas más importantes en cuanto a recarga hídrica, pero La familia Dueñas pretende construir un proyecto urbanístico en un área de aproximadamente 326 manzanas de terreno.

Henríquez externó que el permiso medio ambiental brindado por el Ministerio de Medio Ambiente a la familia Dueñas tiene diversas anomalías.

El colectivo Salvemos Valle El Ángel y diversas comunidades de la Zona norte de San Salvador se hicieron presentes ante la Corte Suprema de justicia, para interponer un amparo ante la Sala de lo Constitucional, debido a que el proyecto urbanístico en proceso de construcción, propiedad de la familia Dueñas, ha vulnerado los derechos medioambientales.

Alejandro Henríquez, integrante del Foro del Agua y del Colectivo Salvemos Valle El Ángel, lamentó el rol que actualmente tienen el Ministerio de Medio Ambiente y los Juzgados Ambientales, ya que estos favorecen a las constructoras otorgándoles permisos ambientales, debido a ello han optado por interponer este amparo ante la Sala de lo Constitucional.

Hay más de tres mil familias, con inseguridad jurídica de sus terrenos, representadas desde COFOA. En 2020 líderes de distintas lotificaciones a nivel nacional se unieron para fundar RENACER que significa: “Red Nacional en Acción con Esperanza y Resistencia”, así lo explicó Manuel Cerón coordinador de la campaña.