Por Milton Rodríguez

No reconocer la enorme importancia socioeconómica que tiene la micro y pequeña empresa, MYPES, ha sido uno de los principales fallos de las políticas económicas y sociales en El Salvador. Así lo reveló el primer informe sobre “el estado actual de la MYPE 2023” que fue divulgado este 25 de mayo. Gabriel Pleités, director de la investigación, dijo a radio YSUCA que en dicho estudio se han considerado los efectos de algunas políticas que puedan beneficiar a este sector en términos de la digitalización de los negocios, migración y otros.

El 22 de marzo de 2023 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Navegación. Con ello,  la autoridad de las costas marítimas del país pasará a manos de la Marina Nacional por medio de la Fuerza Naval. 

Según Héctor Rodríguez, integrante del Movimiento de Trabajadores Despedidos, el cambio de administración afectará  a 111 trabajadores de la Autoridad Marítima Portuaria, institución que hasta el 25 de mayo será la encargada.

Rodríguez asegura que a los trabajadores no les han reconocido las debidas compensaciones económicas que por ley les corresponden y únicamente les han cancelado el salario correspondiente al mes de mayo.

Entre los fallecidos, la directora jurídica de Socorro Jurídico Humanitario mencionó a Carlos Eliazar Solano de 41 años quien estaba recluido en el penal de Izalco y era originario de Sonsonate; Sandra Ravillaga, de 42 años, recluida en el penal de Apanteos, quien era de San Salvador y murió el 19 de mayo en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana. El tercer fallecido fue en el hospital San Juan de Dios originario de Santa Ana.

Las otras dos personas (del total de 5), Escobar dice que se desconoce de dónde son porque ya estaban condenadas por homicidio y nos eran personas detenidas bajo el régimen de excepción.

Ingrid Escobar manifiesta que las muertes de personas capturadas arbitrariamente bajo responsabilidad del Estado son violaciones que no pierden vigencia.

Ingrid Escobar, directora administrativa de Socorro Jurídico Humanitario, dijo a YSUCA que en una semana, en diversos centros penales hay 5 personas fallecidas, entre estas 3 que no tenían condena porque fueron capturadas durante el régimen de excepción.

Escobar manifiesta que estas 3 personas fallecidas no tuvieron derecho a la audiencia preliminar, sólo fueron presentadas, llevadas a Centros Penales y no tuvieron la posibilidad de audiencia preliminar y fallecieron en el proceso de investigación.

La representante de la organización lamenta que el Estado salvadoreño no solo quita los derechos de la presunción de inocencia sino el derecho a la vida sin haber sido vencidas en juicio y sin una defensa técnica como lo establece la ley.

Escobar dice que las personas fallecidas, bajo el régimen de excepción, a ninguna se le permitió tener abogado privado en la audiencia inicial y los abogados defensores públicos no se les permitió ni un minuto a poder presentar los arraigos de los mismos, razón por la que considera una injusticia.

Por su parte, Vidalina Morales, lideresa de Santa Marta, advierte que sigue la posibilidad de nuevas detenciones arbitrarias.

Los representantes de ADES y Santa Marta también denuncian que la Dirección de Centros Penales comete arbitrariedades contra los líderes comunitarios arrestados el 11 de enero del presente año. Señalan que la vida de Saúl Rivas Ortega, quien fue enviado al Centro Penal de Izalco y padece diabetes, está en riesgo.

Alfredo Leiva, integrante de la Asociación de Desarrollo Comunal, ADESCO, de Santa Marta, Cabañas, dice que la militarización de la comunidad es un acoso de parte del Estado.

El proceso judicial que enfrentan los líderes comunitarios, la detención arbitraria del hijo de Vidalina Morales, la presencia de vehículos con personas desconocidas y un posible cerco militar para la comunidad revelan los abusos contra los habitantes de Santa Marta, manifestaron representantes de la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES.

La posibilidad de un cerco militar la perciben luego de publicaciones en redes sociales, las que califican de irresponsables, ya que se refieren a

la presencia de grupos delincuenciales en ese lugar.

Tras las publicaciones, militares y policías se han ubicado cerca de Santa Marta, situación que genera zozobra en la comunidad, según los habitantes.

Ante esto, el director de la Escuela de Postgrado e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES, Rafael Paz, respaldó a los representantes comunitarios y pidió el retiro de militares de la zona.

Miriam Bandes, jefa de Oficina de ONU Mujeres en El Salvador, enfatizó que la violencia no se puede generalizar y subrayó que esta iniciativa permitirá analizar datos para pedir al gobierno políticas de protección a las mujeres que participan en política.

En El Salvador, las mujeres enfrentan más violencia que los hombres al ser atacadas, hostigadas, y hasta denigradas por opinar y mantener un rol en la política. Así lo manifestó la Asociación Nacional de Regidoras Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas, al presentar el Observatorio de Violencia Contra Las Mujeres Activas en la Politica de cara a las elecciones 2024.

Eduardo Núñez, representante del Instituto Nacional Demócrata, explicó que esta iniciativa surge con el objetivo de documentar dichas prácticas a partir del desarrollo de las elecciones internas de los institutos políticos.

Sin embargo, la información que entregan los partidos políticos en varias ocasiones está incompleta, es el caso del partido GANA, aunque entrega estados financieros se desconoce la identidad de los donantes.

Nuevas Ideas y el FMLN nunca han entregado información señala Eduardo Escobar. Es necesario que el Tribunal Supremo Electoral intervenga en estos temas, ya que se debe garantizar la transparencia a la población. Por otro lado, el tribunal no debe dejar de lado su rol de fiscalizador y verificar la información que se proporciona, dijo Escobar.