A 89 años de la masacre indígena de 1932, representantes de los pueblos originarios pidieron al gobierno trabajar en la creación de políticas públicas que beneficien a ese sector.

Amado Ramos de la Asociación Pasos del Jaguar lamentó que el gobierno no aplique la reforma constitucional del articulo 63, aprobada en 2014, que reconoce a los pueblos originarios.

Le solicitó al gobierno dialogar para resolver los problemas que enfrentan los pueblos indígenas.

AUDIO INDIGENAS….

A la vez solicitaron la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas en El Salvador.

La última encuesta de la UCA muestra una percepción de la población a favor del presidente y su gobierno. Pero más allá de las cifras, las respuestas de los encuestados dejan ver una manipulación política.

Escuche los detalles en la siguiente nota.

La Sala de lo Contencioso Administrativo desarrolló este viernes la audiencia y la misma lo suspendió debido a que los acusadores presentaron “incidentes” en el proceso donde Rodríguez esta haciendo uso de los recursos públicos del BCR para defenderse y no como particular, explicó Sandoval.

FUNDE presentó una demanda contra el presidente de la República Nayib Bukele ante la Sala de lo Contencioso Administrativo debido a la ilegalidad en el nombramiento del presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Douglas Rodríguez.

Según el coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador ALAC-FUNDE, Wilson Sandoval el actual presidente del BCR, no cuenta con los requisitos para ostentar el cargo de una entidad tan importante como lo es el Banco Central de Reserva, por ello piden que se declare ilegal el acuerdo de nombramiento.

Entre el período de marzo a julio se tuvieron 10 denuncias por el delito de malversación de fondos. En cuanto a negociaciones ilícitas, se tienen 18 imputados y por peculado 22 imputados.

Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, externó que durante la cuarentena hubo muchas denuncias violatorias de derechos humanos ejercidas desde el Gobierno e instituciones del Estado.

El delito con la mayor incidencia fue el de actos arbitrarios. El departamento que tuvo la mayor cantidad de imputados relacionados a este tipo de delitos fue San Salvador y los meses con el mayor registro de imputados fueron abril y julio, dijo Escobar.

Las violaciones más comunes cometidas por empleados y funcionarios públicos en el marco del confinamiento fueron: derecho a la salud, derecho a la libertad personal, derecho a la integridad personal, derecho al trabajo, entre otros, indicó Velasco.

Un informe presentado por Acción Ciudadana reveló que en el marco de la cuarentena por el covid-19, durante el 2020, un total de 523 personas entre empleados y funcionarios públicos ejercieron acciones constitutivas de violaciones a los derechos humanos.

Las 523 personas denunciadas pertenecen a instituciones como la PNC, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, centros penitenciarios, alcaldías y concejos municipales, hospitales nacionales y Fuerza Armada, explicó la coordinadora del Observatorio para el Fortalecimiento Institucional, Mónica Velasco.

Maricela Ramírez, secretaria general de la Fuerza Estudiantil Salvadoreña, indicó que persisten los retrocesos en materia de juventud debido a cierres significativos en programas que garantizan un desarrollo pleno, algunos de estos relacionados a educación, empleo, cultura, salud entre otros.

Ramírez expone que al cierre del año pasado la Universidad de El Salvador no obtuvo un aumento en su presupuesto el cual es requerido para el funcionamiento de la misma.

A la fecha, algunos sindicatos han denunciado que no cuentan con las credenciales que les respaldan. Estas acreditaciones son entregadas por el Ministerio de Trabajo, sin embargo, algunos sindicatos exponen que el ministro no las otorga si sus representantes no son afines a la administración de turno, así lo dijo Luis Pérez, primer secretario de conflicto de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores de El Salvador.

Eduardo Bernal, dirigente del Movimiento de Trabajadores despedidos, lamentó que la actual administración no ha dejado de realizar despidos de trabajadores que están contratados por ley de salario, pese a la pandemia del covid-19, que ha generado una grave afectación en la economía de los salvadoreños.