En el marco de la pandemia del covid 19, el Gobierno salvadoreño ha incurrido en prácticas de “agnotología” que han violentado los derechos humanos, según el estudio.

Duarte explicó que el Gobierno de Bukele se ha caracterizado por tipos de agnotología como: secretismo, desinformación y el fundamentalismo de la religión.

¿Sabes qué significa “Agnotología”?

La Agnotología se define como el estudio de actos deliberados para sembrar la confusión y el engaño, normalmente inducido para vender un producto o ganar adeptos a favor.

Esta revelación despertó el interés de Robert Proctor, un historiador científico de la Universidad de Stanford (EE.UU), que comenzó a indagar en las prácticas de las firmas tabacaleras y en cómo propagaban la confusión en torno a si fumar causa cáncer.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA, desarrolló un conversatorio con el director de Simple Legal Consulting, Hermán Duarte, quien presentó el estudio denominado “Agnotología y pandemia”.

El estudio revela que la Presidencia de la República ha hecho uso de la Agnotología en su gestión.

Según el director de Simple Legal Consulting, la administración del presidente Nayib Bukele ha hecho uso de “falsas verdades” para generar confusión en la ciudadanía y muchas aplicadas en el marco de la pandemia del covid 19.

Por su parte, el párroco de San Fernando, en Chalatenango, el padre Gilberto Robles, lamentó que no todos los habitantes de las comunidades se preocupen por las problemáticas de la población.

El presidente Nayib Bukele ha rechazado las denuncias y dijo a través de twitter: “Ahí no hay ningún puesto fronterizo, son los puntos ciegos. Aquí pueden ver quienes trabajan para los narcotraficantes y contrabandistas”.

El párroco de Arcatao, el padre Miguel Vásquez, dijo que en su municipio censaron a unas 300 personas que han sido afectadas con la militarización de las fronteras, sobre todo del sector agrícola, y lamentó que la acción por parte del Gobierno sea con tintes político electorales.

Desde el mes de abril de 2020, los habitantes de Citalá, San Ignacio, El Carrizal, Ojos de Agua, Nueva Trinidad, Nombre de Jesús, Arcatao y San Fernando, en la zona norte del departamento de Chalatenango están sufriendo por la militarización del paso fronterizo con Honduras.

Ana Cruz, habitante del municipio de San Fernando comenta que la militarización está afectando a la población agrícola, a los jóvenes y a las mujeres. Afirma que la pandemia no ha afectado a su comunidad, como lo ha hecho el odio a través de la militarización.

La gestión de riesgos e impactos al cambio climático continúa siendo reactiva señalan ambientalistas.

Ni los alumnos ni las autoridades de educación están listos en el país para poder iniciar el año lectivo 2021 virtualmente.

Son ocho meses de retraso en la entrega del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, FODES, por parte del Ministerio de Hacienda. La deuda con las alcaldías asciende a más de 330 millones de dólares.

La Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, COMURES, entregó cartas a la Fiscalía general de la República y a la Corte de Cuentas de la República, a fin de que agilicen las diligencias ante la afectación de las 262 municipalidades del país, según la presidenta de COMURES, Milagro Navas.

Este miércoles 13 de enero conversaremos sobre "Militarización de las Fronteras en Chalatenango", con el padre Gilberto Robles, párroco de la Iglesia de San Fernando y el padre Miguel Vásquez, párroco de la Iglesia de Arcatao.

La Asamblea Legislativa el 3 de abril del 2019, aprobó el decreto legislativo 289, el cual beneficia a 9 mil 714 familias, sin embargo muchos de los habitantes quedaron fuera.

La Mesa Nacional de Línea Férrea insta al presidente Anliker a haga las gestiones necesarias para que la comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda reciba el informe de desafectación y las familias gocen de su derecho.

Algunos habitantes exponen que sus permisos para agua y luz emitidos en la administración pasada ya vencieron y pese a que hicieron la solicitud correspondiente con la administración de turno, estas no han tenido respuesta favorable así lo expusieron: Vanesa Inglés, de la Comunidad Esperanza II y Julia García, de la Comunidad Buenos Aires.