Sin embargo, el abogado querellante de Tutela Legal “Doctora María Julia Hernández”, Wilfredo Medrano, explicó que a pesar de los bloqueos se cuenta con documentos, testimonios y pruebas para llevar a juicio a la docena de militares vinculados a la masacre de El Mozote en 1981.

Óscar Claros es familiar de una víctima, él perdió a su hermana durante la masacre. Su madre es una de las pocas personas que logro sobrevivir a la masacre.

Ambos, desde hace años, se prometieron luchar por la memoria de su familiar y ahora con este revés del bloqueo de los archivos se sienten decepcionados.

Así es como las víctimas y familiares de víctimas se sienten “decepcionados” con el bloqueo que las autoridades de Gobierno hicieron al juez de instrucción de San Francisco Gotera Morazán en las inspecciones a los archivos militares relacionados a la masacre el Mozote y lugares aledaños en las guarniciones militares.

Don José Cruz Vigil de 66 años tenía 26 años cuando sucedió aquel fatídico masacre en el Mozote donde perdió a varios de sus familiares. Don Vigil dice que está vivo de milagro, ya que cuando sucedieron los hechos él no se encontraba en el lugar.

Don José Vigil dice que sentirse traicionado por el Gobierno al haberles negado a las víctimas la información de los archivos del caso Mozote.

La pandemia de covid-19 ha sido combatida en el país violando los derechos humanos de la población, y minando la seguridad jurídica señala el más reciente informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA.

La Fuerza Armada, a la que el presidente de la República considera nueva y renovada, ha violado derechos humanos de los pobladores, tras el reforzamiento militar en la frontera entre Chalatenango y Honduras.

Los detalles en la siguiente nota

Sindicatos y organizaciones afines se dieron cita en la Plaza Divino Salvador del mundo para hacer un enérgico llamado al Gobierno a respetar los derechos laborales, además de exigir el respeto a lo establecido en el Código de Trabajo y los convenios ratificados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Por su parte, Roberto Gómez, de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (C.N.T.S), manifestó que hay una limitación y obstrucción por parte del gobierno a la libertad sindical, criminalizando a los representantes de estas organizaciones.

Por otro lado, Mario Ponce, representante de Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), lamentó que se estén reteniendo las credenciales sindicales, estas acreditaciones permiten a sus agremiados establecer mesas de negociación con las autoridades del gobierno, empresas privadas o públicas y su representación sindical.

Navarro lamentó que las instituciones del Estado reaccionan una vez suceden los desastres, cuando muchos de estos incidentes pudieron haberse prevenido.

A criterio de Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada, CESTA, el desastre ocurrido en el caserío Angelitos en Nejapa es producto de una serie de deterioros a los recursos naturales del país.

Navarro espera que el Gobierno reflexione sobre esos daños que muchas empresas están causando al medio ambiente y la importancia de que el Estado evite la destrucción de los recursos naturales.

El Foro del Agua hizo un llamado a las autoridades pertinentes que se haga una investigación sobre las causas del desastre, incluyendo la negligencia de las instituciones.

Henríquez también lamentó que el ministro de Gobernación y candidato a alcalde por San Salvador por el partido Nuevas Ideas, Mario Durán, se aproveche de la emergencia para hacer campaña electoral.

El Foro del Agua se solidarizó con las víctimas y sus familias en las comunidades Los Angelitos afectadas por el deslave ocurrido en el municipio de Nejapa.

Según Alejandro Henríquez, del Foro del Agua, dicho desastre es consecuencia de la sobreexplotación y permisos ambientales exprés, que durante años se han entregado sin pleno estudio.