El problema del cerco sanitario en Corinto es la militarización y la falta de transparencia, según expertos

La noche del 17 de septiembre, el presidente de la República, Nayib Bukele, escribió a través su cuenta de Twitter, que habían detectado un posible rebrote de casos de COVID-19 en el municipio de Corinto, departamento de Morazán, por lo que ordenaba un cerco sanitario, sin haberlo informado previamente al alcalde.

Ante dicha acción, el director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo, quien ha implementado el cerco epidemiológico inteligente en el municipio de San José Villanueva, departamento de la Libertad -cuyo resultado ha sido positivo para la población- dijo que el problema del cerco sanitario implementado en el municipio de Corinto es la utilización de la Fuerza Armada para abordar un tema de salud

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), César Ríos recomendó a la Cancillería salvadoreña asesorar a los salvadoreños amparados al TPS en los consulados.

Rina Montti, directora del Sistema de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, advirtió que El Salvador no cuenta con la capacidad de recibir a los salvadoreños que están amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS).

De acuerdo con Montti, el Gobierno salvadoreño debe comenzar a planificar estrategias para los diversos escenarios que se puedan presentar.

Por su parte, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar afirma que si el presidente de la República Nayib Bukele no rectifica su decisión de irrespetar la institucionalidad del país, la Fiscalía General de la República debería proceder por el cometimiento de al menos tres delitos.

La Dirección Nacional de Migración y Extranjería emitió un comunicado en el que advierte que las autoridades procederán con el cierre del aeropuerto, si las aerolíneas traen pasajeros sin una prueba PCR negativa.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia emitió otro comunicado en el que detalla la multa de seis mil dólares por cada pasajero que no cumpla con el requisito.

La directora del departamento de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Funde, Jessica Estrada, afirma que la acción del Gobierno es un claro desacato a la orden de la Sala de lo Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento.

A tempranas horas de este sábado 19 de septiembre de 2020, el Gobierno habilitó el aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero para vuelos comerciales. El director general de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, dijo ante los medios de comunicación que no se exigiría una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) negativa de COVID-19 a salvadoreños, sino solo a extranjeros.

Pero horas más tarde, se retractó a través de su cuenta de twitter, donde escribió lo siguiente: “Aerolíneas que quieran aterrizar en El Salvador, deberán pedirle a todos los pasajeros, nacionales o extranjeros (a excepción de la tripulación, diplomáticos y niños menores de 2 años) prueba PCR negativa, emitida por el laboratorio, un máximo de 72 horas antes de abordar el vuelo. Si las aerolíneas traen pasajeros sin prueba PCR negativa (que no estén en las excepciones arriba mencionadas), se procederá a multar a la aerolínea y de continuar, se tendrá que cerrar el aeropuerto. Si la prueba es emitida por el laboratorio en forma electrónica (e-mail, etc). El pasajero tendrá que imprimir el comprobante para presentarlo en el counter de la aerolínea en su país de embarque”

Cucalón se justificó diciendo que “fue un error involuntario”.

La catedrática e investigadora del departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA, Ruth López, dijo que la Sala de lo Constitucional debería certificar al Director de Migración y Extranjería y al presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, ante una medida que es ilegal.

Los fallecidos por covid-19 en El Salvador siempre han sido más que los reportados por el gobierno.

La siguiente nota especial detalla cómo el coronavirus trajo más muertes en algunos municipios del país, pero no todas forman parte de las cifras oficiales.

Defensa pide a la CSJ que no se inspeccionen los archivos militares

El Ministro de la Defensa ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que no se inspeccionen los archivos militares de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. La querella dice que esto es improcedente.

Más detalles con Edgar Franco…

Productores de arroz y agricultores dicen que la pandemia les sigue afectando y denunciaron que no han recibido apoyo por parte del Gobierno, ni de autoridades municipales. Como medida de presión, decidieron cerrar el paso vehicular sobre la carretera Panamericana a la altura de Flor Amarilla, Ciudad Arce en La Libertad.

Según dijo uno de los voceros de los agricultores, han tenido pérdidas cuantiosas debido al “exceso de importación de granos básicos” que ha hecho el gobierno, por lo que exigen la compra de sus semillas.

AUDIO VOCERO 18 SEPTIEMBRE CASTRO

El cierre se hizo con maquinaria y pancartas, sin embargo el bloqueo duró solo unos minutos, ya que elementos de la PNC obligaron a los agricultores a abrir la arteria para no afectar el tráfico.

Habitantes de Colonia Santa Lucía protestan para exigir a las autoridades que resuelvan el problema de inundaciones de sus viviendas

Claudia Vanegas, una habitante de la Colonia Santa Lucía en el municipio de Ilopango al oriente de la capital, señaló que decidieron cerrar la vía de acceso a la colonia debido a que las autoridades les han abandonado.

Vanegas señala que con cada lluvia la colonia se inunda y el agua llega a cubrir en algunas ocasiones totalmente sus viviendas.