Protección Civil declaró alerta por lluvias en El Salvador

El país está siendo influenciado por la tormenta tropical Marco. Debido a esto seguiremos teniendo lluvias en el territorio, ya vulnerable por la saturación de agua en el suelo por las precipitaciones que se han registrado en los últimos días.

Protección civil emitió alerta amarilla para 21 municipios y alerta verde para el resto del país.

Los municipios en alerta amarilla son: Comasagua y Zaragoza, en el departamento de La Libertad; Panchimalco, Rosario de Mora y Santiago Texacuangos, en el departamento de San Salvador; Perquín, en Morazán; San Francisco Chinameca, San Juan Tepezontes, San Miguel Tepezontes y San Emigdio, en La Paz; el municipio de Usulután, Jucuarán, Jiquilisco, Ozatlán, Puerto El Triunfo, Santiago de María y Concepción Batres, en el departamento de Usulután; Intipucá y San Miguel, en el departamento de San Miguel; y los municipios Pasaquina y La Unión, en el departamento de La Unión.

El meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Napoleón Galdámez, tiene todos los detalles de las condiciones del tiempo para este fin de semana

El Subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, Manuel Escalante, dijo que la interpelación al ministro de Defensa se quedó corta ya que no se logró el objetivo que era garantizar que la institucionalidad funcione en el país de acuerdo a sus atribuciones constitucionales.

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, fue interpelado por los diputados durante 12 horas por el ingreso de militares a la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero.

El ministro sostuvo en sus respuestas que no hubo un operativo militar el 9 de febrero y que los militares estaban apoyando al Estado Mayor Presidencial en la seguridad física del presidente Nayib Bukele. Los diputados cuestionaron sobre quién fue la persona que dio la orden de la militarización de la Asamblea Legislativa; sin embargo, el Ministro de Defensa no dio nombre y cargo de quien dio la orden y, además, dijo desconocer el número de elementos militares que ingresaron el 9 de febrero al Órgano Legislativo.

Seis salvadoreños que estuvieron varados en otros países debido a la pandemia, aseguran que el gobierno los abandonó y les negó el ingreso al país.

El discurso del gobierno fue de apoyo y solidaridad, pero la realidad es otra. Escuche los detalles en la primera parte de ésta nota especial

La semana previa al 9 de Febrero, Nayib Bukele hizo un llamado a la insurrección del pueblo contra los diputados. Y el día de la militarización del Órgano Legislativo, arriba de una tarima frente a sus seguidores, Nayib Bukele dio un nuevo plazo a los diputados para que aprobaran los 109 millones de dólares para la tercera fase del “Plan Control Territorial”.

Para Medrano, el 9 de febrero, lo que menos le importaba al presidente de la República era la aprobación del préstamo para la seguridad pública, sino ganar réditos políticos con dicha acción.

El ministro de la Defensa Nacional reafirmó su lealtad al presidente Nayib Bukele previo a la militarización de la Asamblea legislativa el pasado 9 de febrero.

El sábado 8 de febrero el Ministro de Defensa Nacional, Rene Merino Monroy, realizó una conferencia de prensa en la que dijo que estaban a la espera de las órdenes de Bukele.

El 9 de febrero representó la militarización de la política en el país

Para la directora de programas de CRISTOSAL, Celia Medrano, hay un retorno a la militarización en América Latina en los gobiernos autoritarios, como el de Nayib Bukele.

Organizaciones de la sociedad civil en desacuerdo con el proceso de elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República

En este sentido, es necesario y urgente retomar la agenda ambiental y demandar por políticas que garanticen los derechos de la población y la protección del medio ambiente, dijo en conferencia de prensa Daysi Mejía, de CRIPDES El Salvador.

Las comunidades del Bajo Lempa en Tecoluca sufren de las más altas tasas de prevalencia de casos de enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica en el país. Equivalente a 61.9 personas por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con miembros de la comunidad, existe hasta una persona por familia con este padecimiento.

Esta situación se ha visto agravada por las medidas de cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno en el contexto de la COVID-19, pues han generado más vulnerabilidad económica en las familias, hambre, criminalización y un agravamiento de la crisis sanitaria de las familias afectadas por la enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica, ya que ahora no pueden recibir atención sanitaria para su padecimiento, por lo que deben resolver a través de privados, explicó Bernardo Belloso, de CRIPDES San Vicente.