Mientras el juicio por la masacre de la UCA avanza en España, en El Salvador continúa la impunidad
Para el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, Manuel Escalante, en El Salvador continúa una política de perdón y olvido por parte del Estado, al encubrir actos repudiables y condenables como la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en las instalaciones de la UCA.
Escalante afirma que desde la presidencia de la República se ha encubierto y protegido a militares señalados de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra.
AUDIO MANUEL
En el año 2017, después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y ante la pasividad de los distintos órganos del Estado en cuanto a legislar sobre justicia transicional y judicializar los casos señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, las víctimas de la masacre ocurrida en la UCA, a través del Idhuca, que actúa como querellante, presentaron ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador una solicitud para la reapertura del Caso Jesuitas, con el fin de reanudar el proceso judicial contra los autores intelectuales del crimen. Sin embargo, a la fecha el proceso continúa detenido. Escalante presume que este retraso se puede deber a que no hay una Ley de Reconciliación Nacional aprobada.
AUDIO ESCALANTE
En el juicio en España faltaría que sean enjuiciados cinco de los implicados en la masacre de la UCA, además de Inocente Montano, que ya está siendo juzgado, y el jefe del Estado Mayor, Enrique Ponce, quien ya falleció. Por comisión del delito también debe ser procesado el general y jefe de la Fuerza Aérea, Rafael Bustillo; el general y ministro de Defensa, Juan Zepeda, y el coronel y jefe de la Brigada de Infantería, Francisco Elena Fuentes. Y por omisión, el ministro de Defensa, Humberto Larios y el presidente de la República de ese entonces, Alfredo Cristiani.